La pobreza se propagó más que el COVID y dejó en coma a América Latina

Impacto Económico y Social de la Pandemia

Por Bettina Horst, Directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Chile
Bernardita Williamson, investigadora asociada

i. Impacto Económico
La economía mundial se ha visto fuertemente afectada por la pandemia causada por el coronavirus Covid-19. Las medidas de restricción a la actividad económica y a la movilidad de las personas se han traducido en una suerte de hibernación de nuestras economías. Aunque aún es muy pronto para estimar con precisión el efecto que la pandemia tendrá sobre la economía, las proyecciones del Banco Mundial anticipan una contracción del 5,2% de la economía mundial para este año y de un 7,2% para América Latina y el Caribe.
Cabe hacer presente, que algunos de los países de la región ya enfrentaban una crisis antes de la llegada del Covid-19 al continente. Algunas producidas por agitaciones sociales (como Chile, Ecuador y Bolivia en el 2019), la desaceleración económica de los últimos años en comparación con países desarrollados (como Argentina, Ecuador y Venezuela) y el shock del petróleo -producido a principios de marzo de 2020- que mantuvo el precio bajo, a lo que luego se sumó la disminución de la demanda mundial de petróleo como consecuencia de la menor actividad económica.

El avance de la pandemia ha sido dispar en la región, así como también las medidas de contención implementadas. Ello se ha traducido en que los efectos en las distintas economías también han sido
desiguales.

Como se puede inferir de la información presentada en el cuadro N°1, las proyecciones de crecimiento realizadas en junio de 2020 dan cuenta de que los países con proyecciones más desalentadoras para el 2020 son Perú, con una tasa de crecimiento negativo del 12%, seguido por Brasil con una contracción estimada del 8% y México, Ecuador y Argentina con tasas de crecimiento negativas de entre un 7% y un 7,5%. Por otro lado, las proyecciones más alentadoras -aunque negativas- para el 2020 corresponden a República Dominica(-0,8%) y Panamá (-2%).

Cabe destacar cómo se han ido ajustando las proyecciones de crecimiento realizadas por el Banco Mundial en relación de las publicadas a comienzos de año (enero del 2020). Las dos últimas columnas del cuadro Nº1 presentan las proyecciones de crecimiento publicadas en enero de este año. La mayor caída en la estimación de crecimiento es para Perú para el que en enero de 2020 se esperaba un crecimiento de un 3,2%, mientras que en junio se proyectaba una contracción de un 12%. En el caso de Brasil, se pasó de una expansión proyectada de un 2% a una contracción esperada de un 8%. Con todo, a comienzos de año se esperaba un crecimiento promedio de los países de la región del orden de un 1,8% mientras que ahora se estima una contracción superior al 7%.

Si bien para el año 2021 las proyecciones realizadas por el Banco Mundial indican una recuperación económica para casi toso los países analizados, estos en su gran mayoría aún no recuperarán los niveles de actividad pre pandemia.

Ello también se pudiera traducir en que la recuperación del empleo a niveles pre pandemia recién se materialice después del año 2021.

El impacto sobre empleo y pobreza

La contracción de las economías producto de la pandemia generará sin duda un aumento en la tasa de
desocupación y un incremento del número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema medida por sus ingresos.
Considerando las proyecciones económicas, se espera que la tasa de desocupación regional, de acuerdo con lo proyectado por la CEPAL, sería del orden del 13,5% al cierre del año 2020, que es 5,4 puntos porcentuales mayor a la tasa registrada el año 2019. Esto implica que el número de personas desocupadas llegaría a 44,1 millones. Esta mayor tasa de desempleo, que por sí sola ya refleja el importante deterioro del mercado laboral, esconde el impacto total de la pandemia en el empleo.

Una parte significativa de las personas que han perdido su trabajo no necesariamente se encuentran buscando nuevamente uno, desmotivados por la baja probabilidad de encontrar uno durante épocas de menor actividad. En este contexto, más que la tasa de desempleo, cobran relevancia la tasa de destrucción de empleo o bien la tasa de
ocupados en la economía.

Adicionalmente a la pérdida de empleo, las altas tasas de empleo informal en la región también imponen un desafío adicional. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fines del año 2018 el empleo informal en los países de América Latina y Caribe se ubicaba en el 56% del total de ocupados. Esta realidad hace que la región sea mucho más vulnerable a los efectos de est a pandemia, y por ende que las acciones a tomar por los distintos gobiernos tengan un alcance más limitado.

Al respecto, resulta interesante revisar un estudio realizado por el BID en el cual realiza una proyección de pérdida de empleo para 24 países de la región en base a tres escenarios posibles para un horizonte de un año: “crisis de corto plazo” (caída del producto igual al doble de la observada el 2009 y recuperación económica hacia finales del 2020), “crisis de mediano plazo” (recesión por tres trimestres consecutivos con tasa de crecimiento negativo de -10% y una leve mejora el cuarto trimestre) y “recesión prolongada” (recesión de 15%, sin recuperación económica en el mediano plazo).

El cuadro N°2 presenta las estimaciones para algunos países seleccionados, considerando los dos escenarios extremos.

De acuerdo a la información presentada, los países con mayores pérdidas de empleo formal, considerando el escenario optimista (“crisis de corto plazo”), son El Salvador con 8,6%, Panamá con el 8,4%, seguido de Costa
Rica y Honduras, ambos con 7,9%. Por su parte, si se considera el escenario más pesimista (“recesión prolongada”), los países con mayor caída en el empleo formal son El Salvador con 23,9% y Nicaragua y Panamá con 23,7%.
Por otra parte, uno de los importantes desafíos generado por la pandemia ha sido la adaptación que han tenido que implementar los trabajadores debido a las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas por los gobiernos. Si bien el teletrabajo ha ganado terreno durante esta pandemia, una parte importante de los empleos no pueden adoptar dicha modalidad, sobre todo los empleos informales.

Así, en economías con un sector informal mayor, no sólo el teletrabajo es una herramienta menos factible de implementar, sino que además las acciones que los gobiernos pueden tomar para ir en su apoyo también son más limitadas. Ello es probable que amplíe la brecha de los ingresos entre los distintos grupos de trabajadores en los países.


Asimismo, uno de los temas en discusión previos a la pandemia era el impacto que iba a tener una mayor automatización de los procesos productivos en los empleos de la región, lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial. Estos procesos, en algunos casos, se pudieran haber acelerado durante este año a partir de la pandemia, lo que pudiera traducirse en un punto de inflexión en cuanto a la tasa de ocupación una vez que se levanten las medidas de restricción a la movilidad. Ello impone un desafío adicional a la recuperación del empleo formal en las economías, una vez que estas se puedan reactivar.

La fuerte contracción de la economía de la región también nos llevará a un aumento de la pobreza. La CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza aumentará en 45,4 millones en el año
2020, con lo que el total de personas sería de 230,9 millones, lo cual representa el 37,3% de la población latinoamericana. De éstos, el número de personas en situación de pobreza extrema sería 96,2 millones de personas en el 2020, lo que representa un incremento de 28,5 millones de personas con respecto al año
anterior y equivale al 15,5% de la población total.

Los mayores aumentos en la tasa de pobreza se estima que se tendrán en Argentina (10,8%), Perú (9,3%), Brasil (7,7%) y México (7,6%). Si se considera la pobreza extrema, se estima que los países más afectados son México (6,3%), Ecuador (5,1%) y Nicaragua (4,8%).

I. Avances y retrocesos en educación y salud

Frente a la pandemia generada por el Covid-19, además de las restricciones que han paralizado la actividad económica, también se han cerrado establecimientos educacionales de todos los niveles, así como se
ha afectado la asistencia a los sistemas de salud por parte de la población por motivos distintos a los del
Covid-19. Ambas realidades se pudieran traducir en un empeoramiento de los procesos de aprendizaje,
así como también de la salud de la población.

Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes en todo el mundo, de todos los niveles de enseñanza, habían dejado de tener clases presenciales en un establecimiento educativo, de los cuales, más de 160 millones correspondían a estudiantes de América Latina y el Caribe.


En otro informe elaborado por la CEPAL y la UNESCO se analiza la diversidad de consecuencias que podrían tener las medidas tomadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe en materia educativa,
hasta la primera semana de julio de 2020. De los 33 países considerados, solo uno (Nicaragua) no ha suspendido las clases presenciales. A la fecha del informe, algunos países (como Uruguay y Ecuador) ya han
retornado a clases presenciales.


Una primera implicancia que ha tenido la interrupción de clases presenciales es la alimentación y nutrición de los estudiantes, especialmente en zonas más vulnerables. De los países analizados, 21 han mantenido los programas de alimentación escolar a través de kits de alimentos para preparar en el hogar, provisión de alimentos o transferencias monetarias o entrega de vales de alimentos.

La suspensión de clases presenciales también ha generado el desarrollo de diversas modalidades de enseñanza a distancia, con variados formatos con y sin uso de tecnología. En cuanto a las modalidades adoptadas para el desarrollo de aprendizaje a distancia, la mayoría de los países analizados en el informe (22 de 32) implementaron dos tipos de modalidades: aprendizaje a través de internet y sin internet.

Adicionalmente, se encontró que 23 países realizan transmisiones de programas educativos por medios de comunicación tradicionales como la radio o la televisión. Por su parte, del total de países, solo 8 contemplan la entrega de dispositivos electrónicos para continuar con la enseñanza a larga distancia.


Si bien la mayoría de los países contaba con los recursos y plataformas digitales para la conexión remota, la cual en estas circunstancias han sido reforzada -según la CEPAL- pocos países cuentan con estrategias nacionales a través de medios digitales. Lo anterior, sumado a un desigual acceso a conexiones de internet,
afectaría a los sectores más vulnerables.
En la misma línea, el estudio de la CEPAL-UNESCO, señala que desde la década de los 80 se han venido implementando herramientas tecnológicas en educación en los países de Latinoamérica y el Caribe. Los países han experimentado un avance importante, pero en forma desigual, por ejemplo, el acceso a internet es mucho mayor en zonas urbanas que rurales. En el año 2018, solo el 61% de los estudiantes de la región tenía acceso a un computador.

En contraste, el acceso a conexión de internet móvil es más extendido, producto de la posibilidad que entrega la telefonía móvil.

Considerando lo anterior, esta crisis se presenta como una oportunidad para analizar y repensar el modelo educativo existente en cada país en cuanto a evaluar la forma que se estaba enseñando en los establecimientos educacionales. También representa una oportunidad debido a que, aunque de forma forzada y precipitada, los distintos establecimientos se han visto obligados a implementar herramientas digitales.

El uso de internet ofrece una variedad de recursos pedagógicos y de conocimiento que no se puede desaprovechar y, por ello, la experiencia acumulada en estos meses de educación remota debe incorporarse también en los procesos educativos en forma permanente y al menos como complemento a las clases presenciales.

A pesar de lo que se ha podido avanzar en estos meses de educación a la distancia en los distintos países, también se debe reconocer la realidad de muchos estudiantes que no han podido continuar con sus estudios, ya sea por la falta de acceso a internet o a otras realidades que no han permitido dar continuidad a los estudios que previamente han tenido en forma presencial. En muchos casos el proceso formativo se ha visto interrumpido. Ello, sumado a la crisis económica que se está viviendo, es probable que aumente la tasa de deserción escolar.

Ya sea por la interrupción de los estudios en estos meses, lo que de por si impone un desafío al retomarlo cuando se pueda hacer en forma presencial, pero también porque en muchos hogares los niños y adolescentes deberán salir a trabajar para apoyar los ingresos en sus hogares. Esta realidad impone un desafío adicional al sistema escolar para los próximos años. Asimismo, durante esta pandemia, en distintos países y en forma espontánea, se han venido adoptando también otras modalidades de educación o bien de cuidado de niños en edad preescolar para facilitar el trabajo de quienes, mayoritariamente mujeres, asumen este rol al interior de los hogares. Así, organizarse entre dos o más familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos o bien el cuidado de los mismos, también son experiencias que se deben considerar cuando se retorne nuevamente a la tan ansiada normalidad.

Salud

Ningún país del mundo, y menos de la región, estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Algunos países lograron en mejor medida adaptar sus sistemas de salud para hacer frente a los requerimientos adicionales que le imponía la llegada del Covid-19, aumentando desde la capacidad de testeo a la de atención y hospitalización.
La gran mayoría de los países aumentó su capacidad de respuesta frente al Covid-19 posponiendo la atención de otras enfermedades menos urgentes, entregando atención sólo en aquellos casos que eran indispensables. Ello nos impone el desafío, una vez controlada la pandemia, de retomar aquellas atenciones que no pudieron ser realizadas, ya sea por falta de capacidad médica u hospitalaria o bien porque la gente decidió suspender sus controles habituales de salud por el riesgo de contagiarse.
Si bien en algunos casos se ha podido implementar en forma exitosa la telemedicina, ello sólo ha logrado
cubrir una parte muy pequeña de las consultas hechas en épocas previas a la pandemia, por lo cual las
necesidades por una mayor demanda por servicios de salud será una realidad que todos los sistemas públicos deberán enfrentar.
A pesar de no tener más información respecto del efecto de la menor atención de salud en áreas distintas
a las del Covid-19 en la salud de la población, sin duda que habrá un deterioro. Además de la disminución
de los controles de salud habituales, también en la mayoría de los casos se suspendieron cirugías o tratamientos que quizás, sin ser urgentes, sí afectan las condiciones y la calidad de vida de esas personas.
La mayor presión por atenciones en el sistema de salud estatal podría abrir la puerta para una mayor participación del sector privado. Pero ello sólo será así si los Estados se apoyen en redes privadas para poder atender a la población que, como consecuencia de la pandemia, no ha podido ser atendida. Asimismo, la telemedicina debiera impulsarse como una forma de atención más allá de la pandemia. Ella representa un
avance importante que se debería mantener en el futuro como plataforma complementaria de las formas
de atención tradicionales, aumentando así la resolución y capacidad de atención de los servicios de salud.

Los Desafíos post pandemia, de políticas asistencialistas a la reactivación económica

Frente a la pandemia generada por el Covid-19, los distintos gobiernos han debido aumentar el gasto
fiscal en, al menos, alguna o en todas de las siguiente cuatro áreas: 1) Mayor gasto en el área de salud;
2) creación de nuevos programas, o al menos expansión de programas existentes de transferencias
monetarias a los hogares que han visto una caída de ingresos frente a la obligación de no poder salir a
trabajar; 3) programas de apoyo para inyectar liquidez a empresas para evitar su quiebra y 4) programas
para apoyar la recuperación económica,
ya sea mediante el apoyo a la creación de empleo y/o a estimular
la demanda interna.

El aumento del gasto fiscal en cada país está condicionado por las condiciones fiscales iniciales en las cuales estaba previo a la pandemia. Pero en términos generales los países financiaron este mayor gasto recurriendo a ahorros acumulados, mayor endeudamiento y, en algunos casos, también con una reasignación del gasto, ya sea por programas que no se han podido ejecutar producto de la pandemia o bien por un cambio en las prioridades.
El mayor gasto fiscal, sumado a una caída de la economía de los países, y como consecuencia de ello una
caída en los ingresos tributarios, nos lleva a una situación en la cual el déficit fiscal en todos los países
aumentará en forma importante, además también de un aumento en el tamaño del Estado.
El principal desafío que deberán enfrentar los gobiernos es que efectivamente estos mayores gastos
asociados a la pandemia sean transitorios y que no se transformen en programas permanentes. Si bien
la economía política del retiro de apoyo a determinados grupos de la población nos pone en un escenario
más complejo aún, los países deben retomar un nivel de gasto fiscal compatible con sus ingresos más bien
estructurales, volviendo a una senda fiscal sostenible en el tiempo.
De lo contrario, en el mediano plazo, los países de la región se verán enfrentados a profundos problemas
de sostenibilidad fiscal, lo que llevará a los gobiernos a la necesidad de implementar importantes programas de ajuste fiscal, debiendo recortar beneficios y apoyos a determinados grupos de la población con el
consiguiente efecto político.
Por otro lado, la estrechez fiscal que los países deberán enfrentar en los próximos meses y años, abre la
puerta para impulsar reformas para elevar la calidad del gasto público, reorientando el gasto hacia áreas
ahora más prioritarias y terminando, o al menos reduciendo, programas que tradicionalmente favorecen a
determinados grupos de presión y cuyo impacto en resolver los problemas para los cuales fueron creados
es más bien dudoso.
Asimismo, durante estos meses donde los Estados han tomado un rol más bien asistencialista, no se debe perder de vista que ello sólo se debe entender en el contexto de pandemia que se está viviendo, pero que una vez levantadas las medidas de restricción a la actividad económica, el Estado debe transitar desde programas asistencialistas a un rol facilitador del crecimiento económico y con ello de recuperación del empleo, única fuente de progreso y creación de riqueza sostenible para las personas, familias y la sociedad en su conjunto.
Este tránsito sin duda que no será fácil. En una región con un aumento considerable de personas viviendo
en condiciones de pobreza, con economías que no recuperarán sua niveles de empleo -al menos durante los próximos dos años en relación con la situación previa a la pandemia- la presión por mantener importantes programas de transferencias monetarias será sustancial.

De ahí la necesidad de implementar programas que efectivamente transiten desde el actual asistencialismo hacia aquellos que promuevan una reactivación de la economía, con el desafío adicional de que esta recuperación del empleo sea en base a una mayor formalidad del trabajo.

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