Igualdad en el acceso a derechos políticos.
Cuarto Informe de «Mapa de Integridad Electoral Argentina 2023», con textos y análisis de Libertad y Progreso y con el aval de Fundación Naumann. Un completo trabajo de relevamiento estadístico y reflexiones sobre la democracia argentina y sus necesidades y problemas más acuciantes. Para que votar sea un acto de madurez cívica y responsabilidad individual, vale la pena detenerse a analizar sus conclusiones
I Informe: La democracia deficiente que supimos conseguir
II Informe: De Mendoza a Santa Cruz: el mapa de la Argentina según su transparencia electoral
III Informe: Ley de lemas, colectoras y otros «virus» de las urnas (y cuál es el antibiótico que los combate)
Cobertura de medios de comunicación
Tras el monitoreo de la cobertura que los medios de comunicación hicieron de la campaña electoral de 2021, la jornada de votación de 2021 y durante el último semestre de 2022, se determinó que el uso de recursos del Estado para beneficiar a una opción política y la compra de votos, relacionados con la corrupción y malversación de fondos públicos, son los tipos de categoría más reportadas. Las deficiencias logísticas, relacionadas con la gestión electoral, también fue una de las categorías más reportadas en las versiones digitales de los medios monitoreados.
Otras categorías preocupantes, que acumulan gran cantidad de denuncias, son las relacionadas con el instrumento de votación. Estas principales categorías de denuncias fueron encontradas en 12 de las 24 jurisdicciones, mientras que las categorías de incumplimiento de la normativa de género, trashumancia electoral y destrucción de propaganda electoral sólo se registraron en 3 provincias.
La Encuesta de Percepción sobre el Sistema Electoral Argentino (EPSEA), llevada a cabo en el año 2022 por Transparencia Electoral, revela que una escala del 1 al 5, más del 88% de los(as) expertos(as) encuestados(as) evaluó al instrumento de votación (boleta partidaria) otorgando valores entre 1 y 3, solo el 11% calificó este elemento con un 4 y ninguno le dio la máxima puntuación.
???Cómo cambiar un sistema electoral que tiene más de medio siglo
??? Las PASO son una herramienta de política de Estado, no para especulación de los partidos
Hay un amplio consenso entre los expertos sobre el cambio del instrumento de votación, dividiéndose equitativamente entre los que consideran que debe adoptarse la boleta única papel y los que apoyan la implementación de la boleta única electrónica (BUE). Uno de los expertos definió al sistema de boleta partidaria como “obsoleta y costosa”, asegurando que la BUE “conjura los otros puntos críticos, como la confección del acta y el escrutinio”.
Entre los que sugirieron la boleta única papel, un especialista propuso que debería ser
“multicategoría con opción de voto por agrupación, separadas por nivel (una boleta para
categorías nacionales, otra para provinciales, y otra para municipales)”.
Acompañamiento Cívico
Además de votar y postularse a cargos de elección popular, la ciudadanía también tiene el derecho a estar informada y a ejercer contraloría ciudadana del proceso electoral. La observación electoral es un instrumento que permite analizar los procesos electorales para fortalecer la confianza de los actores y proponer medidas que mejoren la calidad democrática.
La fiscalización de las elecciones no es prerrogativa exclusiva de los partidos políticos. La apertura por parte de los organismos electorales a la observación electoral es una forma de rendición de cuentas y es un derecho de la ciudadanía que, al ser ejercido, fortalece y legitima el proceso electoral.
En este sentido, es importante aclarar que, en Argentina, la observación electoral no cuenta con un marco regulatorio. En el año 2011 varias organizaciones de la sociedad civil se presentaron ante el Poder Judicial de la Nación solicitando “un marco de reglamentación para las acciones de acompañamiento cívico” considerando que la falta de éste significaba “un gran impedimento a la hora de colaborar tanto en el sostenimiento como en el fortalecimiento de la calidad democrática” (Acordada 128 de la CNE/2011).
En la Acordada 128 de la Cámara Nacional Electoral (2011) se estableció la figura de “acompañamiento cívico”, que no está relacionada con la de observación electoral calificada, y solo puede ser ejercida por organizaciones nacionales. Sobre sus alcances reza el documento: “se entiende por acompañamiento cívico el conjunto de actividades realizadas por organizaciones o entidades de la sociedad civil de nuestro país, tendientes a efectuar un seguimiento puntual del acto electoral, el que comprenderá la búsqueda y obtención completa y exacta de información, y su análisis imparcial y profesional para la extracción de conclusiones”.
En la práctica, el ejercicio de la figura rara vez es impedido. Sin embargo, durante las elecciones del año 2021, en dos oportunidades el Juzgado Federal con competencia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Servini de Cubría, decidió no autorizar a Transparencia Electoral y otras organizaciones académicas y de la sociedad civil para realizar acompañamiento cívico.
Ambas decisiones hicieron uso del mismo argumento, que postula que las OSC son “sujetos ajenos al desarrollo del acto” y prioriza “la fiscalización (…) que realizan las agrupaciones políticas”. Según estas resoluciones, con la fiscalización de los partidos políticos “se encontraría garantizado el control del acto eleccionario”, aproximación que considera que la observación ciudadana es accesoria o prescindible
Más puntualmente, diversos incidentes se presentaron en noviembre de 2021 con acompañantes cívicos de Transparencia Electoral, así como de otras organizaciones, que estando acreditados no pudieron ejercer el rol que les correspondía por un claro desconocimiento tanto de las autoridades de los centros electorales como de las fuerzas de seguridad, sobre todo en aquellas provincias con bajos niveles de integridad electoral.
El caso más grave es quizás el de la politóloga Soledad Saravia, acreditada como acompañante cívico en la provincia de Salta por el Grupo de Investigación en Ciencia Política (GICP) de la Universidad de Buenos Aires, quien fue objeto de “abuso de poder y de autoridad” al ser obstaculizada para cumplir su función y ser acusada de un presunto delito, pese a contar con las autorizaciones y credenciales correspondientes
El acompañamiento cívico es una figura con serias limitaciones y las herramientas para la observación electoral nacional y ciudadana debe ampliarse y reglamentarse propiamente. En este sentido, Transparencia Electoral ya colaboró en la elaboración de un proyecto de ley para reglamentar la observación electoral en Argentina.
Acceso a la información y datos abiertos
La disponibilidad de la información y de datos relacionados con los procesos electorales provinciales sigue siendo altamente deficitaria en la gran mayoría de los distritos.
Las solicitudes de información sobre las denuncias recibidas por Secretarías Electorales y el Ministerio Público Fiscal por lo general no son respondidas oportuna y eficientemente. Esta es una limitación reiterada, que pone en evidencia la importancia de reformar el sistema existente para tener acceso a información que debe ser pública sobre los procesos electorales. Tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial deben asumir compromisos con la apertura de datos, no solo de financiamiento de la política, candidaturas y spots de campañas electorales, sino de todo lo que atañe a las fases pre y post electorales (i.e.: datos sobre las auditorías de los sistemas de transmisión y difusión de resultados, publicación de denuncias formalizadas y resueltas por distrito y categoría, ausencia de autoridades de mesa, etc.).
No hay datos disponibles sobre la etapa post-electoral y en formato amigable de datos abiertos (i.e.: .csv, .xlsx). Contar con información detallada sobre ausentismo de autoridades de mesa (por distrito, sección, local de votación y mesa), y sobre denuncias realizadas por proceso electoral (por distrito, sección, local de votación, mesa, categoría y tipo de denunciante), es vital para mejorar la integridad y calidad del proceso electoral. En ocasiones, secretarías electorales aseguraron que esta información ni siquiera es recabada.
La disposición Nº 408/2013 de la Dirección Nacional Electoral de fecha 30 de octubre de 201310 sobre la apertura de datos públicos abiertos de la administración electoral solo hace referencia a resultados electorales, cartografía electoral, asignación de espacios para campañas electorales y aportes partidarios y de campañas electorales, datos que son necesarios, pero insuficientes a la hora de pensar las mejoras que requiere el sistema.
Los tribunales electorales provinciales, por su parte, cuentan también con un déficit importante de recursos para sistematizar y publicar la información que manejan. Tras un relevamiento hecho para este estudio, se identificó que los portales de los entes electorales por lo general tienen una tendencia a crear sistemas orientados a servicios para partidos políticos (carga de documentación para registros y rendición de cuentas), mientras que muy pocos orientan alguna sección de sus portales a servicios para ciudadanos, más allá de la tradicional verificación en el padrón electoral, mucho menos a la publicación de datos abiertos.
Aunque algunos tribunales provinciales implementan portales novedosos, con simuladores de voto y actualizaciones constantes, se trata de una minoría, y la tendencia refuerza además una noción partido-céntrica de los procesos electorales, en la que la ciudadanía y la sociedad civil son accesorias.
Persiste en Argentina una brecha digital que se refleja en la integridad del sistema electoral a nivel subnacional. Hay un limitado acceso a la información de la justicia electoral federal y provincial, que tiene el potencial de ser usada por la sociedad civil y la academia dedicada al estudio de los temas electorales para promover mejoras de los procesos eleccionarios y de las condiciones democráticas en general. La posibilidad de acceder a documentos, formularios, estadísticas, padrones, así como hacer y darle seguimiento a denuncias y solicitudes, son herramientas fundamentales para garantizar la integridad electoral entendida de manera amplia.
Los tribunales electorales provinciales deben poder contar con recursos y herramientas para brindar acceso a información y datos electorales de forma oportuna, completa, clara y de forma fácil y rápida, por lo que fortalecer las capacidades de los tribunales electorales en materia institucional y tecnológica para que puedan recopilar y publicar estos datos de forma oportuna es clave para que la ciudadanía y los partidos políticos puedan velar más efectivamente por la integridad de cada proceso electoral.
