Argentina, democracia deficiente
Informe Libertad y Progreso
En el año 2023, Argentina alcanza las cuatro décadas de democracia ininterrumpida. En ese mismo período ha logrado sortear diferentes crisis políticas y económicas, y la alternancia en el poder es una característica del sistema que permanece, a pesar de una marcada predominancia de una de las fuerzas del espectro político. Aún así, la celebración de elecciones en sí mismas no basta para hablar de democracia, pues además deben administrarse y llevarse a cabo respetando estándares reconocidos internacionalmente que garanticen competitividad y que los resultados sean el fiel reflejo de la voluntad popular.
Desde el año 2006, en el que se publicó el primer Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, Argentina ha sido catalogada invariablemente como una “democracia deficiente” (flawed democracy), con un promedio de 6.87/10 (2006-2022).
Las deficiencias institucionales que Argentina sigue enfrentando después de 40 años de democracia son alarmantes sobre todo porque se insertan en un contexto de retroceso democrático a nivel global. Una “democracia deficiente” es aquella en la que las elecciones cumplen con estándares democráticos y donde las libertades civiles y políticas son respetadas, pero donde se observan claras deficiencias en ambas materias, dadas por el contexto político o por las capacidades limitadas del Estado.
Aunque en Argentina ninguno de los principales partidos políticos desconoce los resultados electorales abiertamente, fenómeno que sí ocurre actualmente en algunas de las grandes democracias del continente, como Brasil y Estados Unidos, o en democracias medianas, como Colombia, Ecuador y Perú; eso no significa que el país no sufre de limitaciones y de serias deficiencias en lo que respecta a la administración de justicia y de procesos electorales.
Tampoco significa que el país sea inmune a sufrir de este fenómeno, que algunos llaman “narrativa del fraude”, más aún si no se toman medidas correctivas para garantizar la calidad de los procesos electorales y el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos.
Durante el último trimestre de 2022, tres provincias determinaron que no celebrarían las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): Salta, donde fueron suspendidas “excepcionalmente” por “cuestiones económicas”, y San Juan y San Luis, donde no solo se aprobaron leyes eliminando las primarias, sino que también instauraron ley de lemas, un sistema de doble voto simultáneo que pervierte la intención de voto, sumándose así a Santa Cruz, Formosa y Misiones, donde rige actualmente este sistema en niveles municipales, y hasta a nivel provincial en el caso santacruceño.
La provincia de San Juan no solo aprobó Ley de Lemas, sino que su gobernador se presentará a la reelección en una ajustada interpretación de la Constitución provincial, habiendo sido ya vicegobernador por un mandato, y gobernador por dos, marcando un golpe para la alternancia.
El financiamiento indebido de la política y el uso de recursos públicos en campañas electorales también es una preocupación latente, en la que resalta la auditoría conjunta que llevaron a cabo el Ministerio de Desarrollo Social, la Justicia y la AFIP sobre el Plan Potenciar Trabajo, donde se detectó que entre los 1.3 millones de beneficiarios hay muchas personas que cobran el plan sin ser elegibles: al menos 2.800 fallecidos seguían cobrando y 250.000 beneficiarios compraron dólares, tenían propiedades, reciben ingresos por 2 o más veces el salario mínimo o habían pagado Bienes Personales.
Además, el Ejecutivo amenaza con desconocer y avanzar sobre la Justicia, tanto por medio del juicio político como del court-packing, una estrategia de gobiernos autoritarios con la que se aumenta la composición de las cortes y se designan jueces que responden al Poder para dejar en minoría a aquellos que toman decisiones con independencia. Por medio del decreto 17/2023, el Ejecutivo ya convocó formalmente al Congreso de la Nación a que celebre sesiones extraordinarias para intentar remover vía juicio político a los cuatro integrantes actuales de la Corte, a la vez que solicita el tratamiento del proyecto de ley de modificación del artículo 21 del Decreto Ley No. 1285/58 con el fin de modificar el número de integrantes de la Corte, que ya tiene la sanción del Senado y que ampliaría el número de integrantes de 5 a 15.
En un mundo en el que la democracia liberal como la conocemos lucha para seguir siendo reconocida como el mejor instrumento para que las sociedades diriman los asuntos públicos, surgen amenazas a la integridad del sistema democrático que se presentan no solo en el día de la votación, sino a lo largo del proceso electoral. En este sentido, el Mapa de Integridad Electoral Argentina hace un diagnóstico del estado actual de las elecciones para identificar los puntos clave que debemos tratar en cada uno de los distritos del país, así como a nivel federal.
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