Las medidas para enfrentar el COVID en el aula deberían ser potestad de cada municipio

Medidas unitarias en pandemia

¿Para un pueblo sin contagios o sin educación?

A partir de marzo del año 2020, en Argentina, se comenzaron a llevar a cabo medidas restrictivas de derechos básicos. Esto se debió a que la pandemia del COVID-19 generó la necesidad de reducir al máximo la circulación del virus referido, y en consecuencia, la circulación de personas.

La proliferación del virus llevó al mundo a un proceso pandémico cuyas escalas fueron creciendo día a día. Puesto que el mismo es altamente contagioso, el colapso del sistema sanitario fue abrupto. De esta manera, el número de muertes se hizo cada vez mayor, en razón de que la atención hospitalaria comenzó a escasear.

Entonces, se decidió tomar medidas como la limitación de la circulación, suspensión de paso entre fronteras y cierre de establecimientos. Ello en virtud de que si las personas no salían de sus domicilios, no había posibilidad de
circulación viral ni de contagios.

Dentro de las medidas restrictivas del contacto humano se encuentra el cierre de las escuelas. Situación que perduró durante todo el año 2020, y parte del 2021, en los establecimientos educativos en la República Argentina. Esto significa que no se dictaron clases presenciales como se venían llevando a cabo hasta ese entonces, es decir, con más de treinta alumnos en un aula y un profesor al frente, en jornadas de aproximadamente siete horas.

De tal modo, la única alternativa posible fue la instauración de una metodología educativa a distancia, o sea, virtual, a partir del uso de medios tecnológicos.

Ahora bien: ¿Es viable la educación virtual en Argentina?


En Argentina, el nivel educativo es paupérrimo. Tal es así, que en el año 2015 se excluyó al país de la participación en las pruebas PISA porque los resultados fueron fraguados.
Diego González (2019), en una columna para Ámbito, afirma que: “de los 79 países evaluados por la OCDE, el país ocupa el puesto 63 en Lectura, el 71 en Matemática y el 65 en Ciencias. Todos por debajo del promedio regional.”

Asimismo, según el propio INDEC, en su informe sobre el sistema educativo, en el año 2019 los alumnos repitentes del nivel primario en todo el país fueron de 136.133 niños, mientras que en el nivel secundario el número asciende a un total de 377.632 jóvenes.
Por su parte, Infobae ha publicado un cuadro titulado “La brecha educativa en la secundaria”, en donde se muestran los resultados más relevantes de las evaluaciones Aprender del año 2017. Entre estos, el más impactante es el que afirma que en el año 2013, en los colegios estatales, el 48,1% de los estudiantes se ubicaron por debajo del nivel básico, mientras que para el año 2016 el número ascendió al 49,2%.

Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares realizada por INDEC arrojó como resultado que aproximadamente solo el 60% de los hogares tienen acceso a una computadora, la que se convirtió en un insumo esencial para educarse en los tiempos que corren.

Ello evidencia que no hay mejoría en el país; por el contrario, existe un claro retroceso en lo que refiere a la formación de los adolescentes. Entonces, es claro que el cierre de las escuelas provocó un deterioro aún mayor de las condiciones en las que los jóvenes se educan.

En este estado de cosas, resulta indispensable tomar medidas urgentes, para intentar retomar el rumbo adecuado del progreso y desarrollo que hacen a una nación próspera.
Lo cierto es que, en los primeros cinco meses, las medidas de restricción de las libertades y de circulación en general fueron dictadas por el propio Presidente de la Nación, por medio de la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia. Con el correr del tiempo, las decisiones comenzaron a ser tomadas paulatinamente por los gobernadores de cada provincia. Finalmente, ciertos aspectos de locomoción y comerciales fueron desligados hacia los gobiernos municipales.

Esta forma de actuar fue realmente negativa para la mayoría territorial del país.

En efecto, las decisiones tomadas desde la ciudad de Buenos Aires no tenían relación alguna con la situación epidemiológica del interior del país. En el mismo sentido, las medidas adoptadas desde el sillón de los gobernadores de
provincia ubicados en las ciudades capitales de las mismas, no tuvieron en cuenta las realidades que se vivían en los municipios.

Se intenta unificar cuestiones que deben ser tomadas por el ente de gobierno más cercano a la población. Máxime, cuando se restringen libertades y los más básicos derechos humanos, en pos de mejorar una situación epidemiológica que es y será dispar a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Tal disparidad de situaciones requiere de medidas diferentes y acordes a la realidad vivida en cada comunidad. Es por tal razón que entiendo que el cierre de las escuelas fue una decisión apresurada que no tuvo relación con los verdaderos hechos.

Hubo municipios en el país que no tuvieron siquiera casos, incluso muchos que no tuvieron pacientes hospitalizados. Por lo tanto, las restricciones fueron allí desproporcionadas.
El problema fue que quienes ordenaron dichas medidas lo hacían desde las grandes ciudades de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, sin tener en cuenta que a 100 kilómetros los números de la pandemia eran otros.

En suma, desde las grandes ciudades se cerraron las escuelas de pequeños poblados, cuyas situaciones epidemiológicas eran muy distintas a las de las élites gobernantes de las grandes ciudades capitales.
Se evidencia que una mirada más localista de problemas de esta índole puede hacer que las soluciones sean superadoras. Deben ser los gobiernos municipales los que tengan la última palabra y el mayor poder de decisión en cuestiones como la educación, ya que hace a sus propias necesidades locales.
Es imperioso insistir en la descentralización de funciones hacia los gobiernos municipales autonómicos, porque ello genera una mayor protección de los derechos humanos.

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