En la mitología griega, Themis es la diosa que encarna la justicia divina, el orden y la ley, se la representa sosteniendo una balanza, que simboliza la equidad, y con los ojos vendados, indicando que la justicia debe ser imparcial y no influenciada por la apariencia o actos de las personas. Adoptada y adaptada por los romanos, Iustitia, nos muestra la objetividad de la justicia, que busca la verdad, la equidad y el equilibrio en las leyes, principios cruciales, que sirven para para mantener el Estado de Derecho en cualquier sociedad, conceptos que son especialmente relevantes en el contexto actual de México, donde se propone una reforma judicial que podría socavar la independencia y la imparcialidad que simbolizan Themis y Iustitia, poniendo en riesgo, no solo la impartición de justicia del país, sino sus cimientos, pues, las consecuencias de impunidad afectan a todo el tejido social: a las personas, a sus vidas, sus pertenencias, su economía, su seguridad, su libertad.
En recientes encuestas presentadas por Claudia Sheinbaum, flamante Presidente de México, se ha mostrado un amplio respaldo ciudadano a la reforma del Poder Judicial, promovida por Andrés Manuel López Obrador, donde se propone la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular.
Aunque esta propuesta pretende incrementar la participación ciudadana y la transparencia, es una medida que, tiene un excelente contenido populista, que independientemente de su falta de lógica, ¿Qué campaña puede hacer un juez o magistrado?, en realidad es un atentado grave al Estado de Derecho del país.
La independencia judicial es uno de los principios fundamentales del estado de derecho, ya que, asegura que los jueces puedan tomar decisiones sin influencias externas indebidas, ya sean políticas o sociales. Actualmente, nadie cree en Themis o en Iusita como diosas, pero, los países se adhieren a pactos sociales para asegurar la convivencia en un mundo global, así como para garantizan el derecho a un juicio imparcial y competente. México forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al elegir jueces por voto popular introduce la posibilidad de que estos funcionarios deban responder a las corrientes políticas y a las preferencias del electorado, en lugar de actuar con base en la ley y los hechos, lo que, automáticamente cae en violación a estos tratados, poniendo a los propios ciudadanos en riesgo, pues la justicia dejaría de ser ciega.
La corrupción es uno de los vicios de un sistema judicial. Para asegurar la observancia de la ley, en México existe el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que entre sus funciones destacan la gestión de recursos humanos, materiales y financieros, supervisando el desempeño de jueces y magistrados, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Tribunal Electoral, para asegurar que cumplan con sus responsabilidades de manera adecuada y conforme a la ley. Además, el CJF regula el ingreso, formación, promoción y permanencia de los jueces y magistrados federales mediante un sistema basado en el mérito y la capacidad, y tiene la autoridad para crear, suprimir y modificar los juzgados y tribunales federales según las necesidades de la administración de justicia.
Siguiendo con el simbolismo, el CJF representaría la venda de la justicia. Su función de vigilancia y disciplina permite investigar y sancionar a aquellos que incurran en conductas indebidas, promoviendo un comportamiento ético y profesional. Este marco administrativo y disciplinario reduce la posibilidad de corrupción y favoritismo, y contribuye a la transparencia y eficiencia en la impartición de justicia, asegurando que se base en hechos y leyes, y no en presiones políticas o intereses particulares.
La reforma judicial pretende eliminar el CJF y crear un Tribunal Disciplinario Judicial, cuyos miembros serían elegidos también por voto popular, lo que aumenta el riesgo de caer en corrupción, favoritismo y todos los vicios que puede traer la impartición de justicia, pues, los encargados de mantener el equilibrio la balanza de la justicia podrían ser comprados, e influenciados tanto por grupos delincuenciales, como por partidos o instituciones políticas y no con base en la ley, el mérito y la capacidad profesional de quienes tienen como misión de vida llevar la justicia a los ciudadanos.
Ahora bien, la reforma también propone reducir los términos de los jueces, magistrados y ministros sincronizándolos con el sexenio presidencial, medida que podría incrementar la influencia del ejecutivo sobre el poder judicial, erosionando aún más la independencia judicial y convirtiendo la justicia en un instrumento de los intereses políticos del gobierno en turno, creando una fusión entre el poder ejecutivo y judicial, ya que, se propone también la vinculación entre los salarios de los jueces con los del Presidente.
Aunque la reforma propuesta busca incorporar mecanismos democráticos en el sistema judicial, sus implicaciones son profundamente perjudiciales para el Estado de Derecho en México. La elección de jueces por voto popular, la reducción de sus términos, la creación de un tribunal disciplinario politizado y el control financiero del poder judicial amenazan con debilitar la independencia judicial, un pilar esencial para una justicia imparcial y competente. Por tanto, es vital reconsiderar estas propuestas para asegurar que el sistema judicial mexicano siga siendo un contrapeso independiente y eficaz frente a los demás poderes del Estado, ya que, sin un estado de derecho, volvemos a la barbarie y eso nos afecta a todos los ciudadanos, pues, la justicia formaría solamente un instrumento para legalizar la corrupción.
