El Gobierno de Javier Milei lanzó una dependencia —encabezada por el tuitero Juan Doe y supervisada por Adorni y Caputo— para desmentir activamente “mentiras” y “operaciones” de medios y la “casta política”. La medida, presentada como respuesta a la desinformación, genera malestar entre macristas y exdirigentes de PRO ahora en LLA, que en 2020 tildaron de “comisaría del pensamiento” al observatorio NODIO de Alberto Fernández por amenazar la libertad de expresión. Mientras Bullrich, Ritondo, Santilli y Giudici optan por el silencio o el respaldo tibio, críticas internas como la de Laura Alonso advierten contra usar el aparato estatal para imponer la “verdad oficial”.
La creación de la Oficina de Respuesta Oficial, una herramienta con la que el gobierno de Javier Milei intentará acallar a las voces críticas, provocó incomodidad entre los principales aliados de la Casa Rosada e, incluso, entre los macristas o exdirigentes de Pro que ahora forman parte de La Libertad Avanza (LLA).
En horas en que el Ejecutivo enfrentaba una ola de críticas por su decisión de postergar el nuevo índice para medir la inflación, que derivó en la salida de Marco Lavagna como titular del Indec, Santiago Caputo, asesor presidencial, anunció el lanzamiento de una oficina para “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.
El área funcionará bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien supo protagonizar un streaming contra le periodismo, que denominó “Fake-7-8″, cuando era el vocero presidencial.
El ciclo de Adorni duró poco y nada.
La puesta en marcha de la nueva oficina que armó el Gobierno para “combatir la desinformación” -estará encabezada por el tuitero y funcionario Juan Pablo Carreira, alias “Juan Doe”- tomó por sorpresa a varios referentes de LLA. Si bien el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, o el canciller Pablo Quirno salieron a respaldar la iniciativa, otras figuras del oficialismo o socios estrechos de LLA en el Congreso prefirieron permanecer en silencio.
Es que la mayoría de los jefes de Pro, el partido que lidera Mauricio Macri, o los dirigentes con pasado en el macrismo, como Patricia Bullrich, actual jefa de bloque de LLA en el Senado, habían cuestionado con dureza a Alberto Fernández, antecesor de Milei, cuando lanzó el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), que dependía de la Defensoría del Público y tenía como objetivo monitorear y “desarticular” presuntas noticias falsas.
En ese momento, Bullrich o Diego Santilli, actual ministro del Interior, o Cristian Ritondo, titular del bloque de Diputados de Pro, o Silvana Giudici, flamante legisladora de LLA, habían advertido por el impacto sobre la libertad de prensa y de opinión de la ciudadanía en medios y redes.
Es más: el exmacrista Fernando Iglesias, que fue nombrado por Milei como embajador en Bélgica, o el legislador porteño Waldo Wolff (Pro) firmaron una denuncia contra la entonces titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin. En su presentación, llamaban a Nodio una “comisaría del pensamiento”. Y alertaron sobre “el posible avasallamiento sobre la libertad de expresión y libertad de prensa” y la vulneración de los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos”. En 2021, Lewin fue sobreseída por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con el argumento de que los hechos denunciados no constituían un delito.
Una de las más críticas de Nodio fue Giudici, conversa al mileísmo. La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) remarcó que era “peligroso para la libertad de prensa y expresión que el Estado asuma el rol de verificador de las noticias”.
En una serie de tuits, Giudici también había sugerido que el armado de Nodio era “un primer paso hacia el Ministerio de la Verdad”, como en la novela distópica “1984” de George Orwell.
En la cúpula de Pro también optaron por no hacer comentarios. En principio, deslizaron que no se puede comparar la Oficina de Respuesta Oficial con el observatorio que dependía de Lewin. No obstante, prefirieron no dar su opinión.
En 2020, el macrismo se había opuesto a Nodio. “Este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa. El poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos”, remarcó hace cinco años Ritondo. En ese momento, Santilli dijo que Nodio le hacía “mucho daño a la libertad de expresión”.
El observatorio de medios que creó Alberto Fernández fue repudiado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). En aquel entonces, el dirigente de la UCR Alfredo Cornejo había dicho que el “control a los medios de comunicación de la mano de un organismo del Estado es gravísimo”. “Es un ataque a la libertad de expresión de la mano de una política de persecución solo vista en los gobiernos dictatoriales”, apuntó.
El radical Luis Petri, actual diputado nacional de LLA y exministro de Defensa, también había advertido hace más de cinco años que “Nodio” implicaba “un avance sobre la libertad de expresión”. “Saben que sin prensa libre la democracia se transforma en una fachada”, afirmó en octubre de 2020.
Quien sí se atrevió a fijar su posición ante el anuncio del gobierno de Milei es la legisladora porteña Laura Alonso. Referente de Pro en la Capital -oficia como vocera de la gestión de Jorge Macri- y excolaboradora de Bullrich manifestó su rechazo frente a la decisión de Milei de usar el “aparato estatal” para imponer la “verdad oficial”.
“La libertad de expresión es el corazón de la democracia. El debate público, su esencia. Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en ‘fabricar la verdad’. No hay excusas”, subrayó.
Según la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) durante la presidencia de Mauricio Macri, aquellos que eligieron “ser protagonistas de la vida pública” están sometidos a “un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones”. “Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas. Jamás usar el aparato estatal para imponer la ‘verdad oficial’. Esperemos que esta “oficina” se agote en un olvidable mensaje de X”, completó.
La diputada nacional Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) salió al cruce de Caputo y sus milicias digitales. Les recordó que la ley de acceso a la información pública” se aprobó en 2016, durante la gestión de Cambiemos y “después de 12 años de resistencia kirchnerista”. “Así que pónganse a laburar y respondan los pedidos de acceso de forma clara, completa y oportuna. Y laburen bien. Responden cualquier cosa y eso lo controla la Justicia. Ya saben”, apuntó.
Desde la Coalición Cívica (CC), el partido que lidera Elisa Carrió, también criticaron la decisión del Gobierno de crear una oficina de respuesta oficial.” No puede disociarse de la embestida contra el periodismo independiente. En la misma línea la propuesta de derogación del estatuto. No hay piezas sueltas”, remarcó la diputada nacional Mónica Frade, quien integró la comisión de libertad de expresión en la Cámara baja.
Esa comisión es presidida por la salteña Emilia Orozco (LLA). Los opositores la acusan de haber mantenido paralizado el cuerpo. “Se avecinan tiempos turbulentos. Necesitan represión y nada de cobertura periodística”, señaló Frade, quien recordó que el decreto 941 firmado por Milei y sus ministros antes de fin de año le dio más poder a la SIDE.
