Una provincia puede gastar recursos que no recauda, mientras sus ciudadanos pagan impuestos a un gobierno distinto del que presta los servicios. Esta desconexión entre recaudación, gasto y responsabilidad es el corazón del problema del sistema de coparticipación argentino. Alta dependencia de fondos nacionales, incentivos perversos y un federalismo debilitado: las claves del informe de la Asociación Argentina de Contribuyentes.

Una provincia puede gastar recursos que no recauda, mientras sus ciudadanos pagan impuestos a un gobierno distinto del que presta los servicios. Esa separación entre recaudación, gasto y responsabilidad es uno de los principales problemas del sistema de coparticipación argentino.

La coparticipación suele presentarse como una discusión técnica sobre porcentajes, transferencias y fórmulas de reparto. Sin embargo, detrás de esos números existe una cuestión mucho más cercana a la vida cotidiana: quién cobra los impuestos, quién decide cómo gastarlos y quién debe responder ante los contribuyentes cuando los recursos se administran mal.

En un sistema verdaderamente federal, los gobiernos provinciales deberían contar con mayor capacidad para financiar sus propias funciones. Educación, salud, seguridad e infraestructura dependen en gran medida de las provincias, pero muchas de ellas no recaudan directamente la mayor parte del dinero que utilizan para sostener esos servicios.

De acuerdo con el informe que realizamos en la Asociación Argentina de Contribuyentes, “Coparticipación: Desigualdad fiscal y mecanismos de salida”, los fondos coparticipados representan, en promedio, el 59% de los recursos tributarios provinciales. En algunas jurisdicciones, la dependencia es todavía más profunda: alcanza el 89% en La Rioja, el 91% en Santiago del Estero y el 93% en Formosa.

Esto significa que numerosos gobiernos provinciales organizan sus presupuestos alrededor de fondos que no recaudan y que tampoco controlan plenamente. Cuando esa dependencia se vuelve estructural, se debilita la relación entre el contribuyente y sus gobernantes. El ciudadano pierde claridad sobre quién le cobra, quién utiliza el dinero y quién debe rendir cuentas por el resultado.

El problema no es solamente administrativo. También genera incentivos negativos. Una provincia que gasta recursos que no recauda directamente enfrenta un costo político menor al momento de aumentar el gasto. La decisión de gastar queda separada de la obligación de explicar cómo se obtuvieron los fondos. En ese esquema, la rendición de cuentas se vuelve difusa y la presión para administrar con eficiencia disminuye.

Los datos también muestran una fuerte desigualdad en el reparto. La actividad económica desarrollada en las provincias genera la masa coparticipable, equivalente al 13,1% del Producto Interno Bruto, pero los estados provinciales reciben aproximadamente el 7,5% del PIB. El balance global para las provincias resulta negativo en alrededor de 5,6 puntos del ingreso agregado.

A esta distorsión se suma otro riesgo: el endeudamiento provincial. La coparticipación no explica por sí sola toda la deuda de las provincias, pero puede favorecer desequilibrios financieros. Cuando una jurisdicción depende de recursos nacionales, su capacidad de pago queda atada a ingresos que no controla por completo.

Si esos fondos crecen menos que el gasto, disminuyen o resultan insuficientes, la provincia puede recurrir al endeudamiento para sostener compromisos que no logra financiar con recursos propios. En ese sentido, la coparticipación puede funcionar como una anestesia fiscal: permite mantener el gasto durante un tiempo, pero cuando el dinero deja de alcanzar aparecen la deuda, el ajuste o una nueva presión por obtener más transferencias de la Nación.

El resultado es un federalismo débil, en el que muchas provincias conservan responsabilidades de gasto, pero carecen de verdadera autonomía financiera. La concentración de la recaudación en el Gobierno nacional no fortalece a las jurisdicciones: las hace más dependientes y reduce su capacidad de tomar decisiones propias.

Desde la Asociación Argentina de Contribuyentes proponemos superar gradualmente el régimen actual, devolviendo a las provincias una mayor capacidad para financiarse mediante recursos propios. Esto supone avanzar en una devolución progresiva de potestades tributarias hoy concentradas en la Nación, reduciendo la dependencia de las transferencias federales y acercando nuevamente las decisiones fiscales a los ciudadanos.

El objetivo no es abandonar la solidaridad entre provincias ni producir una ruptura desordenada. Se trata de construir una transición seria, gradual y previsible, en la que cada gobierno tenga mayores incentivos para generar desarrollo, administrar eficientemente y responder ante sus propios contribuyentes.

Para facilitar esta discusión, la AAC presentará el “Mapa de la Coparticipación: Datos para entender el reparto entre la Nación y las Provincias”, una herramienta que permitirá visualizar cuánto aporta y cuánto recibe cada jurisdicción, cuál es su nivel de dependencia de los fondos nacionales y qué desigualdades genera el sistema vigente.

Comprender la coparticipación es indispensable para discutir el futuro del federalismo argentino. No se trata solamente de cómo se distribuye el dinero entre la Nación y las provincias. Se trata de recuperar una relación elemental para cualquier democracia: que quien cobra los impuestos también deba explicar cómo los gasta.

Este debate no puede quedar limitado al diagnóstico. Para convertir estas conclusiones en propuestas concretas, el viernes 17 de julio de 2026, a las 16:00 horas, la Asociación Argentina de Contribuyentes realizará, junto al senador nacional Juan Carlos Pagotto, una jornada de presentación y discusión en el Salón Azul del Palacio del Congreso de la Nación. Allí presentaremos el informe y el Mapa de la Coparticipación, y analizaremos los caminos posibles para recuperar la autonomía provincial. Escribinos a info@contribuyentes.ar, con el asunto “Evento Senado AAC”, para ser parte de un encuentro que busca abrir el camino hacia la reforma de la coparticipación y la construcción de un verdadero sistema federal, con impuestos más bajos, mayor libertad y capacidad para transformar la Argentina.

Jonás Torrico es presidente de la Asociación Argentina de Contribuyentes (AAC), organización reconocida entre los mejores nuevos centros de políticas públicas del mundo por el Global Go To Think Tank Index de la Universidad de Pensilvania. Bajo su dirección, la AAC recibió el Latin America Liberty Award 2024 de Atlas Network y el Archimedes Alliance Award 2024 por su trabajo en defensa de los contribuyentes, la propiedad privada y la libertad económica.