El Gobierno consiguió los votos para su mega-ley en la Cámara Alta, aunque con varios cambios. Antes de la medianoche, la votación resultó igualada, con 36 senadores a favor y en contra, y fue la vicepresidenta quien con su voto inclinó la balanza. En la aprobación en particular se cristalizaron los cambios que el oficialismo tuvo que aceptar para poder avanzar con ley.

Uno por uno, los cambios que aceptó el Gobierno para conseguir la aprobación de la Ley Bases

El Paquete Fiscal se quedó sin Ganancias y Bienes Personales. Tras darle luz verde a la Ley Bases y al Paquete fiscal en general, la Cámara de Senadores eliminó los capítulos de Bienes Personales y la restitución del Impuesto a las Ganancias, que eran puntos centrales del programa. Ahora el oficialismo solo puede revertir ese revés si logra que la Cámara de Diputados insista con la sanción original del proyecto con la misma mayoría con lo cual se rechazaron estos dos capítulos. El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, confirmó que el Gobierno insistirá con la restitución de este impuesto.

En el caso de Ganancias, el oficialismo proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a 1,8 millones de pesos para los solteros y de 2,2 millones para los casados, y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio.

Por ahora entonces el mínimo no imponible seguirá fijado en 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

En Bienes Personales se proponía llevar el mínimo no imponible de 27 millones de pesos a 100 millones y aplicar una baja de alícuotas del al 1,75% actual a un rango que va del 0,5% a 1,5%. También se eliminaban las diferencias entre bienes locales y en el exterior, que pagan una alícuota más alta.

Blanqueo de capitales. El paquete fiscal también sufrió algunas modificaciones en su paso por el Senado. En primer lugar, con relación al texto que salió aprobado de Diputados, se destacan cinco grandes cambios sobre el blanqueo de capitales. Por un lado, se estableció que no se podrán blanquear criptomonedas en el exterior, cómo había sido establecido en primera instancia.

Por otra parte, se estableció que los inmuebles a nombre de sociedades sólo se podrán blanquear si estaban declarados por la sociedad. Además, la prohibición de los funcionarios de adherir al blanqueo pasó de 5 a 10 años. En lo que hace a parientes de funcionarios, incluyeron en la prohibición a hermanos y todos los de primero y segundo grado. Por último, se incluyeron herramientas para las provincias y las inversiones productivas, como posible destino sin impuesto de los fondos que se depositarán en cuentas especiales.

Cambios en el RIGI. En lo que respecta al RIGI, la primera modificación apuntó al artículo 165: ya no será para “cualquier sector”, sino para “foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología”.

En tanto, habrá un guiño para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión”, siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

Otro retoque importante será en el artículo 196 –incentivos cambiarios–, que limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

En otro punto, se modificó el artículo 205 para que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los vehículos de proyecto único (VPU) adheridos al RIGI puedan ser objeto de negocios jurídicos de garantía y en el Artículo 175, se propone “morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos”. En concreto, desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión por parte del VPU, la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días siguientes para expedirse aprobándolos o rechazándolos.

Facultades delegadas. Una de claves más importantes de la Ley Bases para el gobierno es que le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, al declarar «la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética». Esto le permitirá a Milei contar, hasta mediados de 2025, con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo.

Así, podrá decidir sobre estos temas sin pasar por el Congreso. No obstante, no será un poder absoluto. Para lograr la aprobación de la ley, el Ejecutivo aceptó algunas limitaciones, como comprometerse a no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos. Entre ellos, se encuentra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que guarda información de personas desaparecidas, para poder determinar la posible filiación de hijos secuestrados y apropiados durante la dictadura. También dos organismos vinculados al campo: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Además, el gobierno se comprometió a garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Durante el período de facultades delegadas el presidente podrá legislar a través de decretos.

Privatizaciones. La Ley Bases permitirá al gobierno poner en venta algunas empresas del Estado. Sin embargo, no serán todas las compañías del sector público, como proponía el proyecto original que presentó Milei. Muy lejos de eso, de las cerca de 40 empresas que quedaban “sujetas a privatización” en la propuesta inicial, solo dos, Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), encargada de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible, podrán ser privatizadas.

En tanto, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales quedan sujetas a concesión privada, es decir que estén abiertas a incorporar capital privado, según indica el proyecto.

Tanto la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, seguirán siendo del Estado.

Reforma laboral. La Ley Bases contiene varios artículos que buscan modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal privado, que está estancado hace más de una década.

La norma ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores. Pero, al mismo tiempo, elimina sanciones contra el trabajo «informal», quitando las indemnizaciones especiales que hasta hoy reciben los empleados que no están correctamente registrados. Según el gobierno, esta flexibilización llevará a más empresas a contratar personal, ya que, en la actualidad, empresarios temen tomar empleados nuevos ante la posibilidad de enfrentar un juicio laboral que puede llevar a una Pyme a la quiebra.

Por otra parte, se crea una nueva figura laboral: el trabajador independiente con colaboradores, que permite a un empleador contratar a hasta cinco personas bajo la categoría de «monotributistas», que no tienen relación de dependencia, lo que, según los críticos, hará que aumente la precarización laboral.