Título original: Nada ocurre porque sí.
Alguna vez el filósofo Santiago Kovadloff advirtió que el gran desafío de Argentina es su porvenir porque le sobra pasado.
La inusitada dosis de violencia vivida en las inmediaciones del Congreso de la Nación en momentos en que se debatía la Ley Bases trajo a la memoria de muchos los graves incidentes registrados el 18 de diciembre de 2017 en el mismo lugar, cuando el Poder Legislativo trataba un proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Aquella jornada es recordada por las catorce toneladas de piedra que activistas de grupos de izquierda y piqueteros lanzaron contra los efectivos policiales. La imagen del militante del Partido Socialista de Trabajadores Unificados, Sebastián Romero, inmortalizado como “el gordo del mortero”, quedará para siempre en la triste historia de violencia política.
Casi siete años han transcurrido desde aquel episodio, pero entre ese hecho y el ocurrido en las últimas horas hay una coincidencia: por entonces, al igual que ahora, gobernaba el país una fuerza política distinta al peronismo. Juntos por el Cambio, la coalición liderada por Macri, acababa de imponerse dos meses antes en las elecciones legislativas de medio término y amenazaba con colocarse en inmejorable posición para avanzar hacia una reelección presidencial. La desesperación de los sectores políticos acostumbrados a vivir de las prebendas del Estado populista y clientelista se hizo evidente y la discusión parlamentaria sobre una iniciativa tendiente a modificar la forma de ajuste de los haberes jubilatorias fue la excusa para sembrar el caos en las calles. Los violentos ni siquiera repararon en que aquel proyecto legislativo propiciado por el gobierno de Macri hubiera terminado beneficiando a la larga a los jubilados, puesto que contemplaba aumentar sus haberes en función de la inflación. Por la presión opositora, se debió optar por otra fórmula que terminó perjudicando a los adultos mayores.
Los mismos violentos que, en diciembre de 2017, pusieron contra las cuerdas al gobierno de Macri volvieron a manifestarse ahora contra el gobierno de Javier Milei. Muchos de esos grupos actúan por despecho, ante la posibilidad de quedarse sin el negocio de la intermediación en la distribución de los beneficios de los planes sociales, y son apañados por una dirigencia kirchnerista que, incluso desde antes de la asunción presidencial de Milei, daba muestras de su afán golpista.
Desde el gobierno nacional se avala la hipótesis de que hay una hoja de ruta golpista, que pasa por desgastar a los ministros de confianza del primer mandatario, impedir la sanción de la Ley Bases, voltear el decreto 70/2023 y el Pacto de Mayo (pospuesto para julio), sembrar el caos en las calles, profundizar la desconfianza inversora para que se disparen el riesgo país y el dólar, y finalmente provocar la renuncia de Milei para llamar a una Asamblea Legislativa. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, fuertemente enfrentado con el Poder Ejecutivo Nacional, llegó a hablar en las últimas horas de la posibilidad de un juicio político al Presidente.
Un funcionario tradicionalmente muy poco afecto a las declaraciones rimbombantes rompió en los últimos días su cauteloso hermetismo y denunció que “la oposición tiene un único objetivo, que es tratar de voltear a este gobierno”. Ese funcionario no es otro que el ministro de Economía, Luis Caputo, para quien “la obra pública era un choreo” y la oposición “solo quiere seguir manejando sus negocios”. Y el propio Milei dejó trascender que no descartaba que a su gobierno le quisieran tirar un muerto.
Las bombas molotov, las agresiones con piedrazos a las fuerzas policiales y el incendio de autos –incluido un móvil periodístico de Cadena 3– dieron cuenta de la jornada más violenta y triste desde que Milei llegó a la Casa Rosada. Fue representativa de una concepción que simula ser política pero que solo refleja una inspiración autoritaria, incompatible con la democracia.
