El contrato fiduciario

La Servidumbre Voluntaria

Uno de los debates que planteamos los anarquistas está enfocado en la política sobre la autoridad del gobierno para impartir órdenes y obligaciones, ya que este disfruta de dicha autoridad, pues entonces tanto (I) como (II) designan conceptos reales y que fundamentan el constructo teórico: el Estado tiene la facultad de ejercer el mando y los ciudadanos tienen simplemente la obligación de obedecer. De modo sintético, están quienes las designan y quienes las cumplen.

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El hecho de tener obligaciones políticas no implica que basta meramente con que cada uno adecue su comportamiento a los cánones establecidos por el Estado. En efecto, existe un mito (o más bien, fantasía) de que si todos cumpliéramos las leyes, el mundo que nos rodea mágicamente se transformaría en un paraíso o, que por los menos, habría un orden establecido voluntariamente.

Así por ejemplo: las leyes penales castigan el asesinato, el hurto, la usurpación, entre otras conductas (y es verdad que estamos sujetos a la obligación moral de no cometerlos), pero esto no bastaría para afirmar que estemos sometidos a obligaciones políticas, ya que en cualquier caso, nos veríamos moralmente forzados a no asesinar, hurtar o usurpar pese a que no hubiera ley que lo condenase. En todo caso, la justicia estaría garantizada por los miembros de una comunidad en un territorio determinado.

Este debate es muy importante para cualquier libertario: ¿Debemos aceptar que un número de personas ejerzan presión e impongan reglas implícitas para el resto de la población? Nuestra respuesta es contundente: No. Esto debe ser rechazado categóricamente, dado que al no tener incentivos ni arreglos previos de preferencia en la justicia, la resolución de los conflictos suele ser caótica e ineficiente, para muestra, se invita a recorrer cualquier expediente penal de cualquier jurisdicción. Aquella idea podría caber si existiera un acuerdo válido moralmente eficaz y que esté reglamentada e instrumentada por una empresa de seguridad/justicia, sabios, tradiciones, entre algunas opciones. Es dicha población la que debe definir que sentido le da la palabra justicia, para que ésta se amolde a los comportamientos de sus habitantes, se deben procurar generar los contratos con total libertad en el consentimiento,  y deben existir agentes que se encarguen de resolver los conflictos de una forma rápida, eficaz y basada en los principios de libertad, competencia y libre determinación individual.

Pero también hay otros «acuerdos» que no lo son. Para que el consentimiento dado sea aceptable y perdurable en el tiempo, debe tener previsto un procedimiento razonable para retractarse o rescindir (técnicamente, resolver) dicho contrato. Son las partes contratantes las que deben poder disponer de alternativas que permitan rechazar el acuerdo sin que ello les obligue a renunciar a sus derechos.

El Estado jamás te da alternativas, excepto el exilio. Aunque usted sepa que a través de la política tradicional se le obliga a votar, a seguir normas fiscales, a hablar de determinada manera ya que tiene la obligación de hacerlo, pues sino, se le asignan determinados castigos/sanciones que pueden modificarse en cualquier momento e instancia, obviamente, a libre arbitrio estatal.

En resumen, estamos ante un contrato inexistente. Pongamos un ejemplo, si yo estoy en desacuerdo con el Estado porque no me gustan los servicios que brinda o porque la justicia tarda mucho en dar un fallo que solucione un conflicto, ¿Por qué no puedo desligarme de él?. La respuesta es simple: porque somos individuos que necesitan fiscalizar.

La obtención de sus recursos a través del (voraz e insaciable) sistema tributario es parte del parasitismo burocrático. Esta confiscación por parte del Estado a los contribuyentes es una de las tantas formas que este tiene de convertir a sus ciudadanos en servidumbre, paradójicamente, a contramano de lo que se intentó como salida al medioevo. Si yo me desligo del Estado en un determinado lugar demográfico, intentarán buscarme y cobrarme todos los impuestos a deber, intentarán castigarme por no acatar las ‘’reglas’’. En el momento en que uno o un grupo de individuos se desliga de sus garras, este tendera a las persecución, porque entiende que cada persona es un número en el gasto total.

Por eso la legitimidad del Estado es falsa, insostenible y un oxímoron: es la antítesis de la libertad y su falsa organización coercitiva solo sirve para darse en algún momento donde cualquier tipo de justificación está abierta. Además, vemos a diario como el Estado jamás cumple las contraprestaciones (en términos jurídicos) con sus ciudadanos, entonces, nuevamente interrogamos: ¿Nuestra única elección debe ser cambiar de gobierno?. Supongamos que usted quiere irse de su casa y viene un burócrata y le “usted debe quedarse porque se lo ordeno’’, a lo que usted responderá: “pero estoy en mi propiedad”, ante lo cual, el político le proclamará: pero usted vive en sociedad y la gente nos ha votado para hacer cumplir las leyes”.

Para una muestra aún más gráfica, recordemos los acontecimientos del 2020, en donde vimos cómo las sociedades han quedado al margen del contrato que dice proteger sus derechos a cambio de seguridad y justicia, pero que a su vez, tenía una cláusula que habilitaba a los políticos a no apegarse a ese “contrato de sitio”. Este es un ejemplo perfecto de cómo funciona el aparato estatal. Se podría alegar que el contrato social ata al individuo y al Estado, y que la única garantía que éste ofrece es la de proteger a la sociedad en general. Sin embargo, lo habitual es que cuando las personas celebran contratos por ejemplo, de suministro de bienes o servicios, esperan recibir el compromiso de que serán proporcionados individualmente y que se respetaran los derechos garantizados por el contrato, no de que será la sociedad en general la que termine recibiéndolos de un modo u otro.

Diríamos que esto sucede por varios motivos: primero, porque sus leyes y su elaboración (y superposición) sí son fruto de la consciente planificación de una persona o grupo de personas (los redactores de la parte orgánica de las Constituciones); segundo, porque el Estado paraliza la evolución espontánea de prueba y error y no se autocorrige ni realiza autocrítica; tercero, porque la falta de voluntariedad implica, en muchos casos (especialmente en el de los contribuyentes), una disminución de su utilidad; cuarto, porque el Estado sí lleva incorporado en su propia lógica constructivista la posibilidad e incluso conveniencia de cambiar unilateralmente sus pautas de actuación, es decir, cambiar el contrato a su gusto; y quinto. porque, en resumen, no coordina a los individuos (sino que más bien los descoordina) y los dirige hacia el fin común establecido por los políticos aumentando su ineficiencia y la esclavitud.