El jurista Horacio Lynch publicó el siguiente artículo en Carta de Lectores de La Nación del 25 de octubre. Para él, es evidente que la urgencia por reformar ahora el régimen legal de los DNU luego de 18 años de vigencia, sólo intenta acorralar al Presidente. Y advierte así una actitud antirepublicana en quienes motorizan esta reforma.

A los republicanos nos cuesta aceptar que el Presidente legisle a través de los DNU, casi tanto como criticamos a un Congreso que dicte leyes especulativas y coyunturales.

Es decir, parece cuestionable que ahora, súbitamente, luego de casi 20 años de soportar el mal sistema legal de DNU de los K., los legisladores de la oposición propongan reformar esa ley cuando advierten que ayuda a gobernar y administrar al Presidente huérfano de apoyo legislativo, y para quitarle la herramienta.

Qué hará Milei cuando vea cara a cara a Noboa Azim, el presidente de Ecuador que lo escrachó como “inútil”, “arrogante” y “engreído”

Es claro así que la oposición no piensa en el futuro sino en entorpecer y, algunos, quizás, hasta destituir a Milei. Los momentos son tan anómalos que una mala herramienta extrañamente contribuye a la gobernabilidad permitiendo administrar a un Presidente rengo de una pata legislativa proporcional a sus votos.

Así puede visualizarse un Congreso que ataca al Presidente al entorpecerle hacer lo que le corresponde, que es administrar el país. Lo mismo puede decirse del recurso excepcional del veto, que en esta oportunidad frena leyes que torpedean el sano principio de la responsabilidad fiscal que implica no emitir dinero falso.

Dos herramientas repudiables en circunstancias normales, parecen útiles para asegurar la gobernabilidad en circunstancias anómalas (aunque deberían revisarse cuando se vuelva a la normalidad). Todo esto sin olvidar que las medidas del gobierno se orientan al sistema de la libertad de la Constitución clásica.