El economista liberal Miguel Hernández cuestiona el mito del tributo voluntario y defiende que la apropiación forzosa del ingreso es un acto de violencia que destruye la riqueza y perpetúa la decadencia argentina. “El ingreso es propiedad de quien lo produce, y toda apropiación forzosa es, por definición, un acto de violencia institucionalizada”, asegura.

El economista Miguel Hernández, referente de la Escuela Austríaca y defensor de la libertad individual, publicó una reflexión contundente sobre la naturaleza real de los impuestos en las sociedades modernas. “Los impuestos no son el precio de la civilización. Son el costo de sostener a quienes no podrían financiarse en un mercado”, afirma Hernández en su análisis.

Cuando el Estado se apropia del 30%, 40% o más del 50% de los ingresos de una persona, no se trata de una contribución voluntaria: “Te está diciendo que más de la mitad de tu jornada laboral le pertenece. No hay contrato, no hay consentimiento, no hay posibilidad de rechazo”. Lo respalda la coacción del aparato punitivo estatal —multas, embargos, cárcel—, lo que en cualquier otro contexto se llamaría extorsión. “Que lo administre una burocracia con edificios de mármol no le cambia la naturaleza”, sentencia.

El argumento clásico de que los impuestos financian servicios a cambio se desmorona ante la ausencia de voluntariedad: “Si el intercambio fuera voluntario, no necesitarían amenazarte con multas, embargos y cárcel para cobrarlo. Nadie necesita amenazar al cliente de un supermercado para que pague lo que eligió llevar. La coacción es la confesión implícita de que lo que ofrecen no vale lo que cobran”.

Más allá del plano ético, el daño es económico y estructural. Cada peso extraído por el Estado es un peso sustraído al cálculo económico racional del individuo que lo generó, quien sí responde a señales de precios y a sus preferencias reales. El funcionario que lo reasigna carece de esa información dispersa y, sobre todo, de incentivos: “No es su dinero y no enfrenta pérdidas si lo dilapida”.

El resultado es inevitable: obras públicas sobrevaluadas, programas sociales que perpetúan la dependencia, subsidios a sectores inviables según el mercado. “No es mala administración. Es lo que ocurre estructuralmente cuando se reemplaza el cálculo económico por el cálculo político”.

Argentina ilustra este patrón de manual. Con una presión fiscal combinada que supera el 45% del PBI, el país no ha logrado prosperidad, sino fuga de capitales, informalidad récord y una clase productiva que emigra o se reduce. “Décadas de impuestos crecientes no produjeron mejor infraestructura, mejor educación ni mejor salud. Produjeron más Estado, más dependencia y menos creación de riqueza”.

Hernández concluye con una visión cruda: “Desde que yo nací que Argentina está en decadencia (y antes también)”. Lo que llaman política fiscal es, en realidad, “un mecanismo de expropiación sistemática que transfiere recursos de quienes los generan a quienes administran su destrucción”. Ninguna alícuota lo justifica, ningún fin declarado lo legitima. “El ingreso es propiedad de quien lo produce, y toda apropiación forzosa es, por definición, un acto de violencia institucionalizada”.