Vacunación compulsiva y el riesgo de ceder la potestad del propio cuerpo

La vacunación compulsiva

Tal vez estemos finalizando una de las etapas más trágicas de los últimos cien años en lo que respecta a atentados globales contra las libertades individuales. A partir de la irrupción del COVID-19 en la escena mundial, más de la mitad de la población del planeta ha sido sometida a confinamientos, sus derechos más elementales cercenados
una y otra vez bajo la mediocre excusa del “bien común”.

En este terreno, el polémico tema de la vacunación obligatoria ha estado muy presente en la agenda.

Y ciertamente, desde el inicio mismo de la pandemia, numerosos laboratorios de todo el mundo han dedicado ingentes esfuerzos y recursos para desarrollar una vacuna eficaz.

Ahora bien, yendo al caso particular de la Argentina, el tema de la vacunación presenta aristas sumamente preocupantes:
En primer lugar, hace apenas unos días el Senado sancionó una ley que blinda jurídicamente a los laboratorios con los que el Estado contrate para adquirir la vacuna contra el COVID-19, brindándoles garantía de indemnidad patrimonial ante eventuales daños por efectos adversos.

Casi en simultáneo, el Ejecutivo acordó la compra de una enorme partida de dosis de las llamadas “vacunas rusas”, las “Sputnik-V”, las mismas a las que la India les negó directamente permiso para realizar ensayos de fase III a partir de las dudas existentes sobre su seguridad.

Más de 150 vacunas están siendo desarrolladas en todo el mundo en este instante. De acuerdo con datos de la OMS, 28 de ellas están siendo sometidas a ensayos clínicos, y entre ellas, a su vez, 6 se encuentran en “fase 3”, esto es, la última etapa del proceso.

El pequeño detalle es que la Sputnik V no está entre esas vacunas.
Más aún, según detalló la BBC, conforme datos del Ministerio de Salud de Rusia, la Sputnik fue probada en dos grupos de apenas 38 personas, cuando conforme los standards científicos debe probarse en miles.

Por último, tengamos en cuenta que según normativa vigente en Argentina, el inciso b del art 2 de la ley 27.491 sobre control de enfermedades prevenibles por vacunación, impone la “obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas”, remarcando en el inciso c del mismo la “prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular”.

A partir del panorama descripto resulta que la situación es la siguiente: tenemos un gobierno que está dotado de la potestad de hacer vacunar a toda la población, de hacerlo con una vacuna no probada suficientemente y cuyos ensayos han sido frenados por otros países, y, para el caso de que “algo falle” por el camino (porque como bien advertiría Tu-Sam, “puede fallar”), ha blindado legalmente a los laboratorios de cualquier reclamo indemnizatorio ante efectos colaterales adversos.

Yo me pregunto, ¿en qué momento decidimos concederle al gobierno semejante poder sobre nuestro propio cuerpo? ¿Por qué deberíamos confiar en las decisiones -e incentivos- de un burócrata estatal más que en nuestro propio criterio a la hora de resolver si aplicarnos o no una vacuna?

¿Y cómo es que tanta gente “compra” la idea de un Estado protector, acepta mansamente imposición tras imposición y termina indignándose ante cualquier que le propone que simplemente piense por su cuenta y actúe en forma independiente?

No cuestionamos a aquellos que voluntariamente desean asumir el riesgo de aplicarse cualquier vacuna en etapa de experimentación, Es más, gracias a esos voluntarios tal vez podamos disponer de ella. A lo que nos rebelamos es a la imposición de su obligatoriedad bajo la amenaza de “atenernos a las consecuencias”. Es realmente preocupante asistir, sobre todo en las redes sociales, a todo un despliegue de “enanitos fascistas” que –imbuidos de una autoproclamada superioridad moral- arremeten contra los derechos individuales de sus semejantes y levantan sus deditos admonitorios ante cualquiera que cuestione sus “sabios” dictados.

El pisoteo inmisericorde a todo aquel que se atreve a pensar distinto o tiene una forma diferente de encarar la vida está a la orden del día. Se impone luchar contra este “neoautoritarismo” que en los últimos meses se ha instalado firmemente en el seno de la sociedad argentina.

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