La batalla por la Procuración: dos comentarios y una yapa

Como parte de la guerra total de CFK por apoderarse de la Justicia y de todos los resortes legales, se está librando una feroz batalla para copar la crucial Procuración General de la Nación (PGN). Quiero hacer tres comentarios sobre este bastión estratégico que

a) dictamina ante la Corte Suprema,

b) fija las políticas criminales, tiene un gran poder de fuego con muchas fiscalías especializadas, como la de Investigaciones Administrativas (y quieren sumarle la Oficina Anticorrupción y la UIF – Unidad de Información Financiera). Finalmente, y, esto es lo más grave,

c) por una equivocada aplicación del denominado sistema acusatorio, podría tener un supercontrol sobre el sistema penal. Esta batalla es crucial y se suma a la larga lista de acciones que el kirchnerismo está desplegando en su blietzkrieg para apoderarse de la justicia, copando cargos en la Procuración del Tesoro, en el Ministerio de Justicia (Viceministro, Protección de testigos, Centros de asistencia legal), en el Senado, (Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Comisión de Acuerdos y Comisión de Justicia y Asuntos Penales), en el Consejo de la Magistratura, con sus abogados asesorando sobre los cambios en los proyectos de reforma judicial, en la Comisión Arslanian-Beraldi, en las designaciones de nuevos jueces, – entre ellos un nuevo miembro en la Cámara Electoral – y en los desplazamientos de magistrados.

1 / Copar la PGN

Cuando Gils Carbo era Procurador (del 2012 a diciembre de 2016), en 2015 CFK dictó una nueva ley para la PGN que la consolidaba en su cargo y aumentaba su poder1.

En ese momento Gils Carbo estaba fuertemente cuestionada por la oposición, no por sus indisimuladas simpatías kirchneristas (las podía tener), sino porque las tradujera en su función, pues colonizó al organismo e incurrió en graves irregularidades2/3

Con Macri en el poder, no podía ser removida de su cargo sin un juicio político (para el que se requería una mayoría especial) pero finalmente renunció cuando se constataron graves hechos de corrupción en la compra del edificio para el
organismo, y terminó procesada.

Debiendo designarse un nuevo Procurador, Macri nunca lo logró pues el sector K nunca apoyó a la candidata propuesta, y así, al asumir, el gobierno actual se encontró con un Procurador interino instalado en su cargo según las disposiciones previstas para la acefalia.

Alberto Fernández anunció a Rafecas como nuevo candidato, pero
tropezó con la misma imposibilidad de Macri, pues no logra mayoría especial para designarlo.

En estos meses, las relaciones entre el Presidente Fernández y CFK se fueron deteriorando y ahora ésta ya no lo quiere a Rafecas. Así pensó primero en desplazar a Casal para que en su reemplazo – por aplicación de las mismas disposiciones para las acefalías – pudieran ascender a otro fiscal de la plantilla que fuera su agrado (Abramovich?) sin necesidad de tener que negociar una mayoría agravada.

Como Casal no renunciaba pese a las presiones, agregaron nuevas: [i] cambian el tribunal de enjuiciamiento de fiscales incorporando incondicionales como Recalde; [ii] cuestionan su accionar (por no haber sancionado a Stornelli, o por no haber tomado juramento rápidamente a los nuevos integrantes del jurado de enjuiciamiento o por no haber concurrido a la convocatoria que el Senado le había cursado); finalmente, [iii] intentan negarle la estabilidad del Procurador por su carácter interino.

Últimamente ensayan otra estrategia: cambiar la ley que ellos mismos habían propuesto en 2015,con la excusa de
proponer cambios para la figura del Procurador, pero con el propósito real de quitar la mayoría especial para
designarlo y para su remoción por juicio político.

Lamentablemente, parecería que la oposición, asustada por el argumento del cambio de ley, y por discutibles
especulaciones, accedería a sumar votos para a Rafecas, pese a sus lamentables antecedentes y por temor a algo
peor, sin advertir que el Dr. Casal mantiene sus derechos adquiridos a su calidad de vitalicio y su derecho a ser
removido por juicio político, porque aquella ley de las mayorías especiales no puede ser modificada por una ley
dictada con mayoría simple, como lo sostuve recientemente4
.

2 / Sistema acusatorio versión criolla

Entiendo que se hace una interpretación inconstitucional del procedimiento acusatorio que extralimita las fuentes y que es un retroceso casi peor que el anterior procedimiento inquisitivo: nuestra Constitución no admite relegar a los jueces del Poder Judicial a un rol secundario frente a los fiscales; no se los puede convertir en meros espectadores de lo que dispone el fiscal, ni les quita el rol que la Constitución le asigna de ‘conocer en los juicios’. Me parece que, de uno y otro lado de la grieta, insensatamente, han exagerado en la aplicación del sistema acusatorio, y, si no se lo declara inconstitucional como luego explico, el Procurador K y los fiscales bajo su dirección controlarán verdaderamente al sistema penal del país.

FORES y el procedimiento penal

Antes de continuar, quiero aclarar que el suscripto y en FORES fuimos pioneros en la Argentina en reclamar un cambio y una actualización de nuestro sistema de persecución penal en el juicio oral a través de los Fiscales, abandonando la obsoleta figura del Juez de Instrucción (y aún con el juicio por jurados, limitado). Desde el inicio lo apoyamos y volcamos en nuestros planes. Luego trabajamos en las primeras propuestas durante el
gobierno de Alfonsín5/6

Más adelante, en el Proyecto Justicia para Todos, propusimos que se distinguiera en el Ministerio Público entre defensores y fiscales7, promoviendo un proyecto de ley8 que, sin duda, inspiró la separación entre fiscales y defensores en la reforma constitucional de 1994. Ya con Menem, y con Levene en la Corte Suprema, aprovechando el trabajo realizado por la gestión anterior, se fue abandonando el sistema inquisitivo, avanzando hacia el acusatorio y el juicio oral.

Casi peor: menos independencia que en el sistema inquisitivo

Considero inconstitucional el criterio impuesto en el nuevo Código Procesal Penal9 dictado en 2014 en el
paroxismo del entusiasmo por el sistema acusatorio, en un art. 9o. que “(…) Separación de funciones. Los
representantes del Ministerio Público Fiscal no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces
no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal (…)
”.

De cumplirse, los fiscales quedan los dueños y señores del sistema penal argentino y reducen al juez al rol de simple espectador.

Lo explico.

La ley de convocatoria a la reforma constitucional de 1994 ponía límites infranqueables a las reformas bajo pena de nulidad, para preservar el sistema republicano de gobierno y la estructura básica de nuestra organización10.

Dentro de estos límites admitía crear el Ministerio público como órgano independiente (‘extrapoder’ por algunos o ‘cuarto poder’ por otros), que se concretó en el art. 120 “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”.

Pero ninguna disposición autorizaba a solapar o superponer funciones de este nuevo órgano sobre las atribuciones que la Constitución asigna a los jueces “(…) Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que verse sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación (…)”11.

Como dije, la reforma constitucional no dispuso, ni podría haberlo hecho, sustituir a los jueces por los fiscales ni vaciar de su poder a los jueces. El conocimiento del expediente que impone la Constitución supone que los jueces pueden y deben revisar lo que se ha hecho, y aun completar lo que el fiscal no hace.

El actual Código no respeta esa atribución al asignar a los fiscales un rol tan preponderante en la persecución de los delitos que podría ignorar a los jueces si ellos no mantienen la acusación, o no quieren producir ciertas pruebas: con esta interpretación el juez quizás podría limitar acusaciones infundadas, pero no impedir impunidades selectivas.

La incorporación al sistema acusatorio – además de promover la oralidad – implica en lo esencial sustituir a la vieja figura del juez de instrucción. En el sistema inquisitivo este era quien investigaba y preparaba el juicio (para que los fiscales acusaran. Pero, claro, debían hacerlo sobre las pruebas que el juez recababa. Aun así, en la anterior situación el juez de sentencia podía modificar, instruir, e instar al juez de instrucción a continuar investigando o sugerir medidas de prueba. Y de la misma forma, también ahora el juez debería controlar a los fiscales, cuando se desvían de sus funciones propias, tanto cuando se exceden como cuando se retraen.

Si no fuera así habríamos retrocedido frente a la situación anterior en la que teníamos dos funcionarios que interactuaban y se controlaban recíprocamente. Por ello sostengo que el nuevo Código Procesal Penal y sus leyes complementarias violan la Constitución respecto del rol de jueces y fiscales y la “garantía del juez natural”.

La cuestión hoy es más grave por la nueva estructura jerárquica del Ministerio Público, que no garantiza la independencia de sus integrantes.

La asignación de fiscales a través de las “fiscalías temáticas” o las “procuradurías y las unidades fiscales especializadas” permiten al Procurador digitar a quiénes integrarán cada una, afectando la garantía del juez
natural y el orden republicano.

Aumentando la apuesta: ¿qué pasaría si el juez advirtiera irregularidades en el expediente que, como funcionario,
está obligado a denunciar? (por ejemplo, la renuencia del Cuerpo de Peritos de la CSN de auditar las DDJJ de De Vido durante cinco años). Repito la ley no lo autoriza y el juez tiene, por su formación y por su estructura, la garantía de imparcialidad, en tanto es claro que los fiscales no tienen – ni deben tener – la independencia del juez para cumplir acabadamente con su labor. Por ello el fiscal no puede tener poderes omnímodos sobre la causa. Lo ocurrido con la actuación del juez de Chubut en el caso de ‘la violación en manada’ ejemplifica bien lo que digo12.

3 / Una última reflexión: dictaminar ante la Corte Suprema

Finalmente, quiero señalar otro tema mal interpretado vinculado a la función de la PGN de dictaminar en las
causas que llegan a la Corte Suprema, pues no se asumió la reforma constitucional. En la Constitución clásica el
Procurador integraba la Corte y, en tal carácter, dictaminaba en muchas causas y era común y frecuente que el Alto Tribunal lo aceptara y lo convirtiera en sentencia: se trataba del voto y de la opinión de uno de ellos.

Ahora ocurre que el PGN no integra más la Corte: es un órgano independiente. Sin embargo, en este aspecto no hubo cambio alguno: durante estos 25 años la Procuración continúa actuando ante la Corte como si nada hubiera
pasado. Tenemos así que la Constitución que ha cambiado la figura del Procurador, pero sin consecuencia alguna
en la práctica, ejerce una función que la Constitución vigente no le permite cumplirla como antes lo hacía.


Referencias

1 Ley 27148. Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal Junio 17 de 2015

2 V. Garay, Alberto en “Reflexiones sobre el Ministerio Público” en DPI, 2FEb15

3 Explicado en detalle en “EL PACTO”, ed, Justicia y Concordia , Buenos Aires, octubre de 2020, pag 75 ss.

4 V. LA NACION del 25.Oct20, Carta Lectores “Procuración 2/3”.


5 Intervención en el panel realizado en la Sociedad Rural en 1988 con José S. Caballero (entonces Presidente de la Corte), Eduardo Aguirre Obarrio, Emilio Hardoy y Horacio M. Lynch en el que tuve que defender el cambio del sistema .

6 FORES presentó un estudio muy completo dirigido por el autor, sobre el proyecto de Código Procesal de Maier Binder, señalando que no se había avanzado en la implementación del nuevo sistema, lo más importante. A raíz de esto la entonces Secretaría de Justicia a cargo de Enrique Paixao, y Ricardo Recondo, produjo tres importantes trabajos sobre la implementación, pero la gestión de ALFONSIN terminó abruptamente. Aun así y con LEVENE imponiendo su código, la organización prevista fue utilizada.

7 Los defensores tenían una dependencia funcional respecto de los fiscales: por ej., para las licencias.

8 Gestión ARSLANIAN

9 Ley 27,063

10 Ley 24.309 del 29Dic93 “ARTICULO 6o-Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose de la competencia establecida en los artículos 2o y 3o de la presente ley de declaración. ARTICULO 7o-La Convención Constituyente no podrá introducir modificación alguna a las Declaraciones, Derechos y Garantías contenidos en el Capítulo Único de la Primera Parte de la Constitución Nacional”.

11 CAPÍTULO SEGUNDO. Atribuciones del Poder Judicial Artículo 116.

12 Recientemente en el caso de la violación en manada en Chubut, el juez interviniente Marcelo Nieto De Biase rechazó el acuerdo propuesto por el fiscal – que había previamente bajado la calificación del delito considerándolo, en vez de violación, un desahogo sexual. Entre los fundamentos de su resolución, el juez considera que “resulta necesario un mayor conocimiento de los hechos, como así también que resulta exigua la pena acordada”, según el sitio oficial de noticias judiciales de Chubut. El magistrado destacó que precisa saber “las circunstancias de realización del hecho y la extensión del daño en la víctima” por lo que “la calificación propuesta resulta errónea”. A criterio del juez, se pretendía la imposición de una pena de tres años en suspenso –
mínima para la escala elegida por las partes – “siendo que de aplicarse correctamente la norma, conforme lo sostiene vasta doctrina, se debería pensar en una calificación que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión”. Nieto Di Biase manifestó: “Soy Juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”. Este fallo fue anulado por la Cámara con el voto De franco quien consideró que “la resolución en crisis está teñida por una particularidad que la invalida como acto jurisdiccional válido: su arbitrariedad”. El magistrado añadió que Di Biase se arrogó facultades que sólo puede ejercer legítimamente el fiscal, “no pudiendo ser sustituido
por los pareceres personales del órgano encargado de decidir en forma imparcial: el juez penal”. Luego de referirse a la tarea de la Fiscalía, de investigar, reunir prueba, valorar esos elementos para probar la hipótesis fiscal en juicio y decidir en función de ello cual es la estrategia más adecuada, sostuvo que “presentado un acuerdo para proceder abreviadamente debió el magistrado comprobar la existencia y seriedad de aquel y, de conformidad con la evidencia ofrecida, a la que los imputados se allanaron; estimar si el estado de inocencia se quebró en el caso, condenando tal como se pide, o, en caso contrario, absolver a los imputados. Nada más que eso”.

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