Con 17 meses por delante y una oposición fragmentada y desprestigiada, la verdadera pregunta no es si Milei baja en imagen hoy, sino si tiene el coraje de completar la transformación que Argentina necesita o si priorizará la reelección sobre los principios. El tiempo dirá si este costo político vale la libertad económica que promete.

Hay buenas y malas noticias para el presidente Javier Milei. La buena noticia es que aún faltan 17 meses para la votación de su reelección; la mala noticia es que, dada la situación actual, podría no ganar.

En poco más de seis meses, Milei ha pasado de ser uno de los líderes más populares de la región a uno de los menos populares, según encuestas mensuales publicadas por la firma CG Global Data. En noviembre pasado, justo después de las elecciones de medio término, Milei era el tercer líder más popular, después de Rodrigo Paz de Bolivia, quien acababa de ser elegido en ese momento, y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil. Ahora, Milei es el tercer líder menos popular, superado solo por el líder interino de Perú, José Balcázar, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Sería preocupante que Milei no viera estas cifras; aún más preocupante si las viera y las ignorara. Según la prensa local, el presidente les dijo a sus ministros en una reunión de gabinete que preferiría “perder unas elecciones” antes que, por ejemplo, destituir a su jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien se ve cada día más envuelto en acusaciones de malversación de fondos.

Sin embargo, sería muy sencillo si Adorni fuera la única —o incluso la principal— causa de los problemas del gobierno. El descenso en las encuestas coincide con la sensación general de que la economía está estancada y los salarios no repuntan, las noticias de que la gente está perdiendo sus empleos y las sombrías perspectivas para el futuro.

Aun así, los argentinos todavía no han llegado al punto de no retorno en el que votarían por cualquier cosa que se oponga al gobierno actual. Milei todavía tiene margen de maniobra, sobre todo porque la oposición tardará al menos otro año, hasta principios o incluso mediados de 2027, en resolver sus disputas internas, si es que alguna vez lo hace. El encarcelamiento y la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner son más un problema que una solución: si pudiera presentarse a las elecciones, alguien como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, podría desafiarla fácilmente e intentar derrotarla en las urnas; tras las rejas, la expresidenta es prácticamente un fantasma invencible.

Si la trayectoria actual continúa, Milei podría quedar fuera de la contienda. ¿Es eso lo que busca? Toda la clase política y los inversores internacionales dan por sentado que el presidente se presentará a la reelección y que ganará. Hasta ahora, ha mantenido un delicado equilibrio entre pragmatismo y audacia: por ejemplo, ha sido lo suficientemente pragmático como para no intentar una dolarización devastadora de la economía al inicio de su mandato, y está siendo sorprendentemente audaz al mantener su política fiscal drástica a pesar de la caída en picada de su popularidad.

La pregunta clave podría ser: ¿para quién gobierna Milei? O, mejor dicho, ¿para quién cree que gobierna? Hace unas semanas hablamos de la necesidad de que su gobierno definiera una agenda para lo que restaba de su primer mandato; la respuesta parece ser más de lo mismo. Le sirvió para llegar hasta aquí, pero quizás no sea suficiente para alcanzar el siguiente hito en su carrera política.

El reciente anuncio de una nueva versión ampliada y mejorada del programa RIGI para grandes proyectos de inversión es un buen ejemplo. RIGI ofrece importantes ventajas fiscales a los inversores en los sectores más lucrativos de la economía, como la energía y la minería, lo que contrasta notablemente con las demandas ciudadanas de servicios públicos, como lo demostró la multitudinaria protesta estudiantil de esta semana. El “Super RIGI” de Milei, como el gobierno ha denominado al nuevo plan propuesto, sigue el mismo patrón, otorgando beneficios aún mayores a nuevos sectores, principalmente a las empresas de procesamiento de materias primas.

Hasta el momento, los inversores del programa básico RIGI se han comprometido con 36 proyectos que suman una inversión total de 86.000 millones de dólares, según una base de datos recopilada por la firma Globaris. El gobierno de Milei ha aprobado 13 de ellos, la mayoría pertenecientes al sector minero y energético. En este momento, las empresas que presentan sus proyectos están más preocupadas por la sostenibilidad política del gobierno de Milei —y por si sus beneficios del RIGI se mantendrán después de 2027— que por obtener más incentivos para nuevos proyectos.

Un Milei que aspire a la reelección podría querer frenar tanto los beneficios para las empresas como la presión ejercida sobre la ciudadanía, que continúa manifestándose en forma de aumentos en las tarifas de los servicios públicos, reducción de salarios y creciente pérdida de empleos. A menos que su misión, como se dice que les comunicó a sus ministros, se base en principios más que en la realidad.