La Legislatura bonaerense quedó atravesada por una situación inédita. Todo el cuerpo parece haberse puesto de acuerdo en cancelar y directamente echar del cuerpo al diputado liberal Guillermo Castello (tiene un mono bloque llamado Libre), por haber dicho en una sesión que el periodista Rodolfo Walsh fue un “terrorista asesino”. Todo en el marco de una sesión donde se homenajeaba la figura del escritor y periodista. Castello hace su descargo y apela a la inmunidad de palabra que protege a los legisladores.
En un hecho absolutamente inédito, y de una gravedad mayúscula, un grupo de diputados de la Provincia de Buenos Aires intenta expulsarme de la Cámara por haberme expresado libremente y por haber pretendido representar al electorado que me votó.
Por qué quieren expulsarme, por haber dicho la verdad
En la sesión del 13 de noviembre se presentó un proyecto para expropiar la última casa de Rodolfo Walsh con el fin de homenajearlo destinando el inmueble a crear un “Sitio por la Memoria”.
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Me opuse fervientemente a semejante homenaje recordando, con datos de la realidad que nadie negó, que Rodolfo Walsh fue el responsable del ataque al comedor de la Policía Federal, en julio de 1976, con un saldo de 23 muertos y 110 heridos, el mayor atentado cometido contra compatriotas en el país antes del de la AMIA. También recordé que participó en el secuestro de los hermanos Born, en el que también murieron dos personas, y en el asesinato del Comisario Villar y su esposa.
Naturalmente, lo califiqué de “terrorista asesino”, que es lo que es quien comete atentados terroristas y asesina. Repito, ninguno de los diputados que pidieron la palabra para insultarme negó estos hechos. Pudo haber sido un debate más, quizás más vehemente que otros pero debate al fin, pero no: los kirchneristas y sus aliados, inmunizados contra la realidad y la libertad de expresión, consideraron que mis dichos configuraron una “falta grave” y propusieron conformar una “comisión especial” que propondrá alguna sanción en mi contra, que podría incluir la expulsión.
Para empezar, la escalofriante ignorancia sobre derechos humanos que implica considerar las expresiones de un legislador en el recinto como “falta grave”. Para continuar, la actitud persecutoria y absolutamente antidemocrática que es la conformación de una “comisión especial”, que fue prevista por el Reglamento de la Cámara para otros supuestos, justamente, las “faltas graves”.
Por otro lado, el increíble desconocimiento de principios constitucionales básicos como lo son la inmunidad de opinión de los legisladores, contemplada tanto por la Constitución Nacional como por la Provincial, que en su artículo 96 dice textualmente que “Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo. No hay autoridad alguna que pueda procesarlos y reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas”.
Esta inmunidad fue prevista, precisamente, para garantizar y proteger el libre debate de ideas en el Congreso, único ámbito institucional intencionalmente diseñado para canalizar opiniones diversas y promover discusiones.
Cuando se persigue y se intenta censurar a legisladores la Democracia corre la misma suerte que las víctimas de Walsh. No debe perderse de vista el panorama general y el verdadero objetivo de este intento de censura: no se trata de un ataque individual a mi persona sino a todos los legisladores que puedan tener una posición disidente con la oficialista.
Se busca suprimir los sectores de la sociedad que se oponen a sus visiones políticas silenciando a sus representantes. De lo que se trata, en definitiva, es de desconocer la voluntad popular. Si bien es sabido que tanto el kirchnerismo como la izquierda han despreciado históricamente la libertad de expresión, el debate de ideas y la letra de la Constitución y han acudido reiteradamente a la persecución y la censura del disidente, no deja de sorprender que hayan llegado al extremo de pretender sancionar a un legislador por un discurso.
Por otra parte, una conclusión obligada del accionar de estos legisladores es que aspiran a que nadie denuncie crímenes o violaciones de los derechos humanos. ¿Acaso si alguien presentara un proyecto ensalzando a Fidel Castro, Hugo Chávez o Bin Laden creerán que lo correcto es quedarse callados? ¿Pedirán una “comisión especial” a quien denuncie las atrocidades de esos criminales?
Como dijera el gran Juan Bautista Alberdi “Es un déspota todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser un traidor a la patria”. O, más acá en el tiempo, Noam Chomsky, tan aclamado por muchos progresistas: “Si no creemos en la libertad de expresión para las personas que despreciamos, no creemos en ella en absoluto”.
No puede exagerarse la gravedad de este intento de censura y persecución y de flagrante violación a los principios constitucionales, que sin duda alguna debe merecer el repudio unívoco y contundente de la dirigencia política, al menos de la que cree en la libertad de expresión, el debate de ideas y la representación popular.
Mientras tanto sigo esperando la notificación.
