Todo empezó con el chiste que decía: “lo tuyo es mío y lo mío es mío”

Es imperativa, urgente, no admite discusión. Es solo una palabra, una orden, un mandato. Es, también, un símbolo de hasta dónde puede llegar el poder cuando se cree vitalicio. ¡Exprópiese!. Esa única y definitiva palabra proferida por Hugo Chávez, en la todavía viva Venezuela, fue suficiente para que se terminaran las inversiones extranjeras que quedaban.

Sucedió en febrero de 2010. Cuenta la historia que Hugo Chávez caminaba por el centro de Caracas y se detuvo frente a un edificio en la esquina de la plaza Bolívar. Era “La Francia”, una tradicional joyería venezolana. Dicen las crónicas que Chávez levantó el brazo -la TV lo filmó- y dijo la palabra maldita: “¡Exprópiese”. Hoy el edificio es la sede de la Asamblea Nacional Constituyente

Desde entonces, él y su sucesor Maduro se quedaron más de 1500 empresas e innumerables inmuebles. Venezuela es un país que lucha por no morir en manos de mesiánicos que se fueron quedando con los inmuebles, el trabajo, la dignidad y el futuro de toda la nación.

Como un temible eco, el ¡Exprópiese! de Chávez se escucha en la Argentina. “No tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno” dijo el presidente de la Nación Alberto Fernández y, como si fuera un movimiento espejo, el Concejo de Avellaneda aprobó, horas después, la expropiación de terrenos baldíos o en “desuso”.

Así, sin discutir en el recinto del Deliberante, sobre tablas, sin debates ni mayores explicaciones, el Frente de Todos impuso una ordenanza que establece que los dueños de terrenos vacíos o con edificaciones a medio hacer tienen un plazo máximo de ocho años para terminar las obras. Si no sucediera eso, el municipio0 puede declararlos de utilidad pública y expropiar.

Avellaneda es el terruño del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi. Quien, además, es “amo y señor” como intendente con licencia. Dirige con solvencia todo lo que sucede en “su” territorio, haciendo caso omiso a los escándalos que su gestión desnuda, desde vacunatorios VIP hasta estas polémicas medidas.

El “Exprópiese” es un grito de guerra que se levanta como una amenaza sobre la propiedad privada. Espanta. Porque el temor a ser despojados de lo que es propio escandaliza, lo haga un motochorro o lo haga el Estado en nombre de la razón que sea. Presupone, además, un modo peligroso de ejercer el poder que, si hubiera que definirlo con una palabra, sería propio de un dictador.

  • Concretamente, la ordenanza crea el Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada. Los criterios según los cuales el municipio decide qué inmuebles entran en el mencionado registro provienen del artículo 84 de un Decreto Ley provincial (el 8912/77) del año 1977, en plena dictadura militar. Si el inmueble cae bajo esos criterios y entra en el Registro, el dueño debe empezar a pagar un 50% más de impuestos en concepto de la Tasa por Servicios Generales, además de intimársele a construir. Si en un plazo de tres años no se avanzó en ningún tipo de construcción o modificación, se empieza a pagar otro 50% por encima del aumento del primer año de plazo, una cifra que irá aumentando todos los años. Luego, al cabo de ocho años después de que el inmueble quedara inscripto en el Registro, y siempre bajo la condición de que no se haya construido, el municipio queda facultado para declararlo de utilidad pública y expropiarlo. La expropiación debe ser aprobada por la Legislatura provincial y realizarse a cambio de una indemnización, según establece la Constitución provincial. Es decir, el inmueble puede ser expropiado por el municipio por la mera ausencia de construcción, aún cuando se pagaron los impuestos en tiempo y forma, e incluso cuando se lo hizo con un nivel de aumento impositivo notoriamente elevado. (La Nación)

Venezuela está ahí, agonizando. La suma de poder. Disfrazado de razones loables, “sacar a los que mas tienen para darle a los pobres” es un eufemismo para justificar el avance ante la propiedad privada y los derechos individuales, cada vez más bastardeados. Según un análisis de la ONG Transparencia Venezuela, desde 2001 hasta 2017, un periodo que abarca a Hugo Chávez y Maduro, el Estado venezolano pasó de poseer 74 empresas a ser dueño de 526. Eso suponen diez veces más compañías estatales que Argentina y cuatro veces más que Brasil.

Mientras tanto, Avellaneda tiene una ordenanza inconstitucional, que viola los derechos y garantías que deberían ser consideradas sagradas. “Necesitamos una intervención del Estado para resolver el abandono de emprendimientos privados”, justifica Ferraresi, a modo de explicación a esa medida. Justamente cuando, por la lógica de los hechos y lo que demostró la historia, se necesita exactamente lo contrario.

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