Después de una “cuarentena” de 70 días, los madrileños se vuelcan a la calle –como ya lo han hecho otras comunidades en España-  con barbijos y cacerolas.  El “plan de desescalada” del Gobierno ha permitido que a partir del 25 de mayo la capital del país y la de Cataluña puedan pasar por fin a la “fase 1” de las 4 previstas.

El Covid19 se ha cobrado aquí en Madrid 8900 muertes, dejando exhausto al sistema sanitario, y ocasionando además pérdidas económicas calculadas en 1900 millones de euros. 

En Cataluña, el otro motor económico del país, las cifras son igualmente catastróficas: según datos de la Conselleria de Empresa solo en el rubro “comercio” se pierde cada semana 525 millones. El sector turístico español calcula que perderá 55.000 millones sobre el total del año.

El tira y afloja entre Pedro Sánchez que sigue pidiendo extrema prudencia y las críticas de los gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid, en manos del Partido Popular, o el de la Genralitat de Cataluña, que necesitan reactivar cuanto antes sus economías, ha sido y sigue siendo la melodía de fondo de esta obertura dramática a lo Brahms. 

España debe afrontar un futuro negro, y sus dos principales capitales siguen aún enterrando cotidianamente sus muertos por decenas, víctimas de un virus atroz del que parece que cuánto más tiempo pasa menos sabemos…

Mucha información no es lo mismo que buena información y ya la mayoría de los pacientes telespectadores y consumidores de las redes se sienten víctimas de “bulos”, contradicciones, cuando no de aviesas operaciones de prensa. Hay para todos los gustos y para diferentes tipos de paranoias. No es de extrañar que el clima general sea de desconfianza y enojo.

Como ha sucedido en muchas partes del planeta, el propio gobierno de Pedro Sánchez, que tomó las riendas del país con fuerza y poca empatía hacia las voces disidentes, tuvo que desdecirse más de una vez. Según sus propias palabras en España durante esta crisis “nada se hace sin tener el asesoramiento explícito de los expertos sanitarios”.

Pero ocurre que se ha comprobado que estas elites de científicos también yerran, y peor aún, que ellos no son inmunes tampoco a intereses vidriosos de lobbies poderosísimos. Es tanta la presión que se ejerce sobre ellos que la “comisión de expertos” nombrada por Sánchez trabaja en la sombra. Como en un cónclave, a zoom cerrado, sin conocerse sus nombres ni las argumentaciones que sustentan sus presuntas resoluciones. Cuando se ponen de acuerdo emiten su fumata blanca y los voceros del gobierno salen entonces ante los medios de prensa a dar la buena nueva… que casi siempre es mala.

Pedro Sánchez ha logrado hasta el momento hacer malabarismos impensados (esa es su mayor habilidad) para conseguir los votos necesarios en el Parlamento y sacar su 5ta. prórroga al “estado de alarma”.

Este estado de excepción supone seguir centralizando desde la presidencia medidas sanitarias y otras confluyentes. Medidas que ni bien se conocen son protestadas por la oposición más refractaria y por diferentes cepas de científicos contestatarios que esgrimen sus propias razones de peso. En este contexto de incertidumbres -el signo de los tiempos- quien grita más fuerte es quien más se hace escuchar.

El partido de la derecha extrema, Vox, es quien con espíritu inquisidor moviliza el corazón de las condenas y exige sin pelos en la lengua la dimisión del gobierno. Además de la protesta de “los balcones y barbijos”, el sábado último (cuando aún se mantenía la fase 0) organizó enormes caravanas de automovilistas indignados que han salido por las desérticas calles de diferentes urbes haciendo tronar sus bocinas y desplegando al viento primaveral las coloridas banderas españolas, algunas de ellas con el escudo de la época franquista.

Lo cierto es que si se trata de protestar son muchos los que se sienten descontentos, más allá de que hagan sintonía fina con una determinada ideología. La derecha capitaliza el fastidio y la frustración generalizada, intentando llevar a sus propios molinos aquellas aguas que bajan turbias. El Partido Popular gobierna la Comunidad de Madrid, como la de Andalucía, gracias al apoyo del partido fundado por Santiago Abascal. Y entre Vox y el PP ellos hay tanto rifirrafe como en la Coalición que gobierna a España, donde PSOE y Podemos no siempre logran disimular sus diferencias.

Mientras tanto el miedo se sigue reflejando en los rostros semi-ocultos de millones de personas que ahora caminan más libremente por las calles buscando una terraza donde poder sentarse a tomar un helado. Las cifras de la pandemia, siempre cambiantes, se sienten como una espada de Damocles. El inconsciente colectivo también está en estado de alarma con los 27.000 fallecidos en suelo propio. Como en toda situación de luto, luego del impacto inicial se pasa al de enojo que suele expresarse en la búsqueda de “culpables” por el desastre ocurrido.

En Madrid se dice que toda la responsabilidad de la lucha contra el Covid19, que se ensañó contra sus mayores, la asumió en persona Pedro Sánchez, pero nadie podrá negar que hasta el 15 de marzo los Hospitales de esta Comunidad y sus casi 500 asilos de mayores -de los cuales el 30% son de gestión pública- dependían de la administración del gobierno local, en manos del PP. Analizando las cifras que proporciona el Ministerio de Salud, el 66,26 % del total de fallecidos por coronavirus fue en Residencias de ancianos… Es verdad que estos asilos para la tercera edad no están preparados para afrontar crisis sanitarias, pero cuando ya se contaba con información consolidada desde China y desde Italia aquí nadie implementó para sus residentes protocolos de prevención, como por ejemplo aumentar sus defensas inmunológicas con vitaminas C y D, etc. El aislamiento de estos centros de mayores fue una reacción tardía y la organización de cómo gestionar su cuidado médico, cuando indefectiblemente el virus traspasó sus puertas, una iniciativa inexistente. Poco a poco van revelándose historias escabrosas de ancianos fallecidos que tras no haber sido atendidos en ningún centro de salud en momentos del “pico sanitario” se desconoce dónde fueron enterrados. Sus familiares no se han podido despedir de ellos o sus allegados se han enterado del fallecimiento días después de que todo aquel desastre macabro ocurriese. El número de estas víctimas es no sólo para Madrid sino también para España y toda Europa un dato insoportable de aceptar sin dirimir responsables a todos los niveles, y debiera llenar de vergüenza a los dirigentes de estas sociedades democráticas que se decían orgullosas de practicar una exitosa solidaridad intergeneracional. 

Las demandas penales de miles de privados que han perdido a sus padres y abuelos por falta de prevención o desatención en estas Residencias no se harán esperar, y con ello el pase de facturas a sus responsables políticos, que ya han comenzado a pasárselas unos a otros para ver quién las paga. Los límites de la culpa son porosos: se reparten de manera desigual entre la falta de prevención y una mala o insuficiente gestión de la crisis. En el frente sanitario también habrá muchas responsabilidades que dirimir. En toda España hubo más de 48.000 profesionales sanitarios contagiados, y al menos 76 facultativos fallecieron. No se trata solamente de que “ofrendaron” su vida en el frente de combate contra un enemigo desconocido, sino que en muchos casos fueron a esa guerra sin contar con las armas y la indumentaria necesarias.

Cuando poco a poco se dan pasos desiguales para entrar a esta “nueva normalidad” todo el espacio político de la oposición vive crispado, lanzando órdagos y exhibiendo oriflamas a cuales más desafiantes. Resulta lógico que la gente se sienta asustada, frustrada, deprimida o enojada. Además de las cifras de muertos la economía entró también en una UCI donde espera salir a flote con respiración asistida y todo un conjunto de remedios a probar. España se encontraba creciendo al 1,6% anual y en estos tres meses de locura su PBI descendió a niveles apocalípticos: una caída de al menos un 7% dejando todos los números en rojo. Se calcula que el “paro” (desempleados que reciben subsidios del gobierno) ha sumado 3,8 millones de personas, llegando a la cifra de 8,4 millones españoles que ya están sin trabajo

Economistas de diferentes escuelas concuerdan en que se necesitarán tres años para recuperar las cifras exitosas que se exhibían en diciembre de 2019, y eso si todo va bien. Es decir, si -entre otros factores- llega la ayuda prometida de 24.000 millones de euros de la UE y no regresa con violencia renovada otro brote de coronavirus en el próximo otoño.