La “nueva” ley de góndolas o cómo acomodar la estupidez en estantes

En estas bellísimas jornadas en que tuvimos la fortuna de experimentar un eclipse solar que no volverá a ocurrir hasta el 2048, también tuvimos la desgracia de conocer la reglamentación de la Ley de Góndolas.

¿En qué consiste esta nueva dosis de locura que nuestro gobierno de científicos acaba de arrojar a la escena económica? Bueno, en realidad ya la había arrojado cuando la norma se sancionó y promulgó, allá por febrero y marzo de este peculiar año 2020. Solo que entre tanto se ve que el armado de powerpoints fue prioritario e hizo que la reglamentación quedara en el tintero. Pero nada mejor para el siempre ajetreado mes de diciembre que una buena dosis de populismo barato.

Los objetivos de la reglamentación, según aducen sus iluminados gestores en los considerandos del decreto, son:

  • ”contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores y las consumidoras” (fundamental el doble género allí),
  • “mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la mencionada Ley, con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado. (acá se les olvidaron las operadoras económicas, pero bueno, no se puede estar en todo …)
  • “ampliar la oferta de productos artesanales y/o regionales nacionales producidos por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMES)” y
  • “asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados en la REPÚBLICA ARGENTINA a través de canales físicos o digitales, en interés de todos los y todas las participantes del mercado.” (no sé ustedes pero yo eso del “todos los y todas las” lo tuve que leer dos veces)

Ahora bien, superadas las vicisitudes sintácticas del tema, lo “peliagudo” es el contenido.

A partir de ahora, ¡atención supermercados! A la hora de poner sus productos en los estantes de las góndolas deberán aprovisionarse de metros y calculadoras porque:

  • Debe haber un mínimo de cinco proveedores de cada tipo de producto en góndola.
  • Ninguna de las marcas puede superar el 30 % del espacio total asignado a ese tipo de producto.
  • Debe haber un 25% de espacio disponible para productos elaborados por PYMES
  • El 5% de los productos deben ser de cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y “economía popular” (sabe Dios lo que eso significa)

A estas horas mis maestras de matemática deben estar genuinamente encantadas con el desafío. Pero además,  

  • Los productos de menor precio deben estar a una altura equidistante entre el primer y último estante.
  • Los productos de menor precio en espacios virtuales (páginas web de las grandes cadenas) deben estar en la primera visualización de productos.
  • Está prohibido alquilar espacios preferenciales.
  • En la línea de cajas de haber 50% de productos elaborados por Pymes.

Ya debe haber expertos memorizando la ley prestos a ofrecer sus servicios de asesoramiento a repositores y diseñadores. 

Economía elemental, a marzo.

No alcanzamos a vislumbrar qué ocurre a nivel de conexiones neuronales en nuestra dirigencia política, pero realmente impacta la cantidad de desaciertos en una sola normativa:

  1. Actúan como si la variedad de productos pudiera estar determinada por ley. Deben pensar que basta un papelorio gubernamental con membrete y sellito para mágicamente generar una variedad que en verdad viene deteriorándose cada vez más, producto de la sumatoria de medidas gubernamentales nefastas que no hacen más que mandar empresas a la extinción.
  2. Entrometerse en la cantidad, porcentajes, o modo de exhibición de los productos en el interior de un local comercial o en el diseño de su plataforma web constituye una intromisión inadmisible en la propiedad privada. Con ese mismo criterio, el día de mañana nos determinan que en las librerías tiene que haber una cierta cantidad de obras religiosas, o que un porcentaje de los estantes tiene que estar ocupado por libros en guaraní, o que las novelas tienen que estar a la altura de los ojos y los tratados de economía no pueden ocupar “puntas de góndola”.  O si tenemos una panadería, puede que un día despertemos con la noticia de que no podemos asignar más del 30% del estante a las medialunas de grasa y debemos tener no menos de un 5% de palmeritas. Extrapólese el ejemplo a cualquier otro sector de actividad y la reacción inmediata será la más “santa indignación”.  
  3. Idénticas apreciaciones corren para la intromisión estatal en las condiciones de contratación entre supermercados y proveedores. Si ambas partes consienten en el trato, es porque par ambas es un win-win (o “wine-wine”, como prefieran). Desconocerlo es de una soberbia irredimible. 

En resumen, una ley no solo ineficiente, sino intrínseca y profundamente inmoral.

¿Quedará en letra muerta por imposibilidad de controlar su aplicación? ¿Morirá por “desuetudo”? ¿Alguien se animará a derogarla y condenar a la “damnatio memoriae” este olvidable monumento a la estupidez?

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