Que los recortes presupuestarios bajo el gobierno de Milei en sitios destinados a preservar la “memoria” sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura militar han sido drásticos, no quedan dudas. La Secretaría de Derechos Humanos experimentó una reducción del 53,7% en su programa principal, el presupuesto para el seguimiento y apoyo a los juicios de la dictadura se desplomó un 88,3% y la financiación para antiguos centros clandestinos de detención y tortura reconvertidos en museos y espacios educativos se redujo un 92,2%. La cruzada del Gobierno con estos sitios y organizaciones se profundizó este último 24M con un video producido por Casa Rosada y Agustín Laje (y compartido por Milei) cuestionando el número de víctimas y responsabilidades durante la era de la dictadura. ¿Que piensan los que marchan sobre ese video? ¿Qué hay de real en ese relato?
Por Lucía Cholakian Herrera para Courthousenews. Hace 10 años, Serena Ferro, ahora de 18 años, escuchó hablar por primera vez de la última dictadura argentina. Sus padres la llevaron al Museo y Sitio de Memoria ESMA, construido en uno de los más de 50 lugares que la junta militar utilizó para perpetrar sus crímenes, conocidos como “centros clandestinos”. “En ese momento decidí que haría todo lo posible por hablar de lo sucedido y exigir justicia”, dijo. “Para que nadie cuestionara jamás su relevancia ni restara importancia”.
El lunes, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, Ferro y sus amigos estuvieron entre los cientos de miles de personas que marcharon hacia la céntrica Plaza de Mayo. La marcha —organizada en todo el país por organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de centro e izquierda, sindicatos y grupos no afiliados cada 24 de marzo— conmemora el aniversario del último golpe militar, que comenzó en 1976 y duró hasta diciembre de 1983. Este año, la marcha se produjo en medio de tensiones con el gobierno federal, que cuestiona la legitimidad de los reclamos y ha desfinanciado, si no cerrado, varios programas para mantener vivo el proceso conocido como “memoria, verdad y justicia”, el lema que las organizaciones han utilizado desde el comienzo de su búsqueda.
El llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, como lo denominó la junta militar, fue parte de una ola más amplia de regímenes autoritarios en América Latina que buscaron suprimir el ascenso de los movimientos de izquierda persiguiendo, secuestrando y eliminando sistemáticamente a sus activistas. En Argentina, la junta militar secuestró, torturó y asesinó a al menos decenas de miles de personas. Hasta el día de hoy, más de 30.000 (cifra simbólica) siguen desaparecidos, lo que significa que sus familias nunca supieron qué les ocurrió.
La dictadura también participó en la Operación Cóndor, un esfuerzo coordinado con otros regímenes sudamericanos —y con apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos— para rastrear, secuestrar y eliminar a disidentes políticos a través de las fronteras. Aunque muchos han sido sometidos a juicios y recibido sentencias, los miembros de la junta y otros funcionarios de la dictadura nunca revelaron el destino de sus víctimas.
Ya en los primeros momentos de la dictadura, y con un alto costo para ella, surgieron varias organizaciones, entre ellas las mundialmente conocidas Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, las primeras en exigir información sobre sus hijos y, después, justicia. Además, más de 100 de un estimado de 500 bebés nacidos en cautiverio —la mayoría de los cuales fueron separados ilegalmente de sus madres encarceladas y criados por familias militares— fueron identificados mediante pruebas de ADN en una base de datos genética financiada con fondos públicos y se les restableció su verdadera identidad. En diciembre pasado, dos personas más recuperaron su identidad, a pesar de la reciente desfinanciación de algunas de las unidades de búsqueda más importantes.
Juan Quintana, de 58 años, es organizador de un grupo de sobrevivientes y familiares de quienes fueron llevados a centros clandestinos en la zona de Campo de Mayo, una guarnición militar a las afueras de Buenos Aires. Crearon una asociación en 2019, 36 años después de la restauración de la democracia, para impulsar la investigación y el esclarecimiento de lo ocurrido en la zona, de la que muy pocos sobrevivieron. Muchos fueron arrojados a un río durante lo que posteriormente se denominó “los vuelos de la muerte”, uno de los crímenes más atroces de la época, sin dejar rastro de sus cuerpos. Él y su grupo marcharon el lunes con una gran bandera que portaba decenas de retratos de las víctimas de Campo de Mayo. “Simplemente no dejaremos de exigir justicia”, dijo. “Encontraremos la manera, aquí, todos juntos, en las calles”.
Hasta 2023, el consenso predominante sobre los acontecimientos de los años 1970 y 1980 permaneció en gran medida sin oposición. Sin embargo, ese mismo año, el economista libertario de extrema derecha Javier Milei ganó la presidencia y asumió el cargo el 10 de diciembre, coincidentemente el 40º aniversario del regreso de Argentina a la democracia.
A lo largo de su campaña, Milei cuestionó repetidamente la narrativa histórica establecida, poniendo en duda la responsabilidad de la dictadura y el número de víctimas. Durante un debate presidencial de 2023, declaró: «Estamos totalmente en contra de una visión unilateral de la historia. Hubo una guerra en los años 70, donde los militares cometieron excesos». A primera hora del lunes, el gobierno publicó un video de 20 minutos de duración protagonizado por Agustín Laje, líder de un grupo de expertos local de extrema derecha, cuestionando el número de víctimas y responsabilidades durante la era de la dictadura.
Según Laje, los organismos de derechos humanos ocultaron la verdad de lo ocurrido y que las guerrillas se habían entrenado en Cuba para impulsar su golpe de Estado antes del régimen militar. Dijo también que no existen documentos que respalden que en Argentina hubo 30.000 personas desaparecidas y que eso quedó “posicionado como un dogma incuestionable”. Pero para Quintana, “era demasiado, demasiado grande”, planteó. “Pero esto no nos convierte en un país que niegue su historia, para nada”, sumó.
Ramiro Manduca, profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, manifestó que el video publicado por el gobierno busca culpar a un solo bando y omite las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas en los años 70. “Estas perspectivas históricas en última instancia permiten a los Estados legitimar sus crímenes, que es la parte más peligrosa”, dijo Manduca. “Si bien existían grupos guerrilleros de izquierda, la junta ejercía un poder desproporcionado, controlando el aparato estatal, las redes militares y de inteligencia”, argumentó Manduca.
La retórica de Milei alarmó a sobrevivientes, familiares de los desaparecidos y organizaciones de DD.HH.
Marcela Perelman, jefa de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los organismos de vigilancia de los derechos humanos más importantes de Argentina, cree que estas preocupaciones estaban bien fundadas. “El discurso agresivo de Milei impactó directamente las políticas de memoria”, declaró a Courthouse News en una entrevista. Según ella, la desestimación por parte de su administración de las unidades de búsqueda por considerarlas corruptas socavó su credibilidad y obstaculizó los mecanismos que producen evidencia crucial en los juicios de derechos humanos en curso.
Los recortes presupuestarios bajo el gobierno de Milei han sido drásticos. Según Chequeado, en 2024, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina experimentó una reducción del 53,7 % en su programa principal, cuyo objetivo es promover y defender los derechos humanos. El presupuesto para el seguimiento y apoyo a los juicios de la dictadura se desplomó un 88,3%. La financiación para los sitios de memoria —antiguos centros clandestinos de detención y tortura reconvertidos en museos y espacios educativos— se redujo un 92,2% entre 2023 y 2024. Y casi 1.000 trabajadores relacionados con los derechos humanos han sido despedidos desde que Milei asumió el cargo.
“Todo esto afectó el funcionamiento de los sitios de memoria, sus horarios de apertura y la disponibilidad de guías en cada espacio”, declaró Perelman. “Esto pone en riesgo la preservación de sus edificios, que no solo son centros culturales, sino que también sirven como prueba crucial en juicios”, confesó.
Durante la marcha del lunes, un grupo de organizaciones de derechos humanos leyó un documento conjunto reafirmando sus demandas. “Estamos en esta plaza junto a los sobrevivientes, y los hijos, nietos, hermanos y hermanas de aquellos que siguen desaparecidos, para decirle a Milei que la memoria es nuestra herramienta”, dice en una de sus partes el documento.
Franco, de 37 años, un bibliotecario que pidió no revelar su apellido, llevaba la foto de una de las desaparecidas mientras caminaba. Era Franca Jarach, quien fue secuestrada a los 18 años tras afiliarse a un sindicato al terminar la escuela. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy. El cartel, con una foto suya en blanco y negro tomada en los años 70, estaba pintado con colores. A un metro de distancia, Serena Ferro sostenía su pancarta que decía “no puede haber libertad sin memoria”. Franco dijo que encontró esperanza en jóvenes como los que marchaban en las calles y en sus propios estudiantes. “Los veo llevando la antorcha, desplegando su creatividad, dispuestos a preguntar qué sucedió durante esos años”, dijo. “Es conmovedor ver tanta humanidad”.
