¿Dictadura parlamentaria o dictadura del ejecutivo?

Para el Perú, no hubo época más próspera que las últimas dos décadas y media gracias a significativos cambios, entre ellos, la Constitución Política de 1993 como base para convertir al Perú en un país camino al crecimiento entre los demás de la región.

No es ignoto que los discursos de nuestros gobernantes, usualmente envueltos en palabras como democracia y pueblo, no sean sinónimo de respeto por el Estado de Derecho y la separación de poderes y, comprobamos la falsedad de estos mantras cuando las cosas no se dan como ellos quieren.

En este contexto el Congreso aprobó por insistencia la autógrafa sobre referéndum, la cual expresa que “toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Legislativo antes de ser sometida a un referéndum”, es decir, reforzar lo ya establecido en el artículo 206 de la Constitución.

La respuesta del oficialismo y la PCM ha sido anunciar que presentará ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad bajo un sofisma que, finalmente será expuesto como lo que es, cuando el TC haga prevalecer la Constitución y no los caprichos de los gobernantes.

Entre otros defensores del poder absoluto, Verónika Mendoza ha empezado a promover que el Congreso es una “dictadura parlamentaria”.

Aquellos deberían preguntarse primero, cuál poder del Estado -y cuál lo apoya- está más cerca de impartir una dictadura según la ideología que promueven, porque la realidad es un Ejecutivo que no ha dejado de entrometerse en las funciones del Congreso y pretende avasallar los derechos y libertades de los ciudadanos, por el poder hasta ahora cuestionado con visos de fraude electoral, más que por un verdadero voto popular.

Darle un poder extrajurídico a un séquito de políticos a través de una Asamblea Constituyente sin límites, significa abandonar nuestra única garantía de vivir en libertad.