En tiempos de incertidumbre económica y creciente deuda nacional, el reclamo de un Estado más austero está ganando impulso internacional, con Argentina y Estados Unidos impulsando reformas radicales. En Alemania, el gobierno ha adoptado hasta ahora medidas más cautelosas a la hora de reducir la burocracia. Sin embargo, en este país también aumentan las peticiones de que se establezcan objetivos vinculantes para aumentar la eficiencia.
Por Patrick Langendorf para EpochTimes. En la presentación del informe anual del Consejo de Control Regulatorio de Alemania en octubre del año pasado, el presidente del Consejo, Lutz Goebel, señaló que los costes anuales de cumplimiento, es decir, el tiempo y los costes asociados a las nuevas leyes, solo aumentaron en alrededor de 400 millones de euros el año pasado, significativamente menos que en años anteriores. Si bien la economía se alivió por primera vez desde 2019, la administración tuvo que asumir 821 millones más. “Los esfuerzos del gobierno federal por reducir la burocracia están empezando a dar frutos. Esto merece un elogio moderado”, dijo Goebel en aquel momento. Al mismo tiempo, sin embargo, advirtió que Alemania ha alcanzado ahora una “meseta de alto gasto”. Y el país necesita deshacerse de esto urgentemente.
De lo contrario, todos los anuncios caerán en oídos sordos y “nunca lograremos el cambio cultural deseado”, afirma Goebel. Los políticos no deben permitir que “el impulso nos pase por alto”.
El futuro gobierno federal negro-rojo acordó la “modernización del Estado”. El acuerdo de coalición establece: “Modernizamos el Estado, creamos nuevas oportunidades para los ciudadanos y hacemos que Alemania vuelva a ser fuerte”. En la página web de la CDU Alemania los demócrata-cristianos escriben lo que entienden por esto:
No más locura burocrática, atraso digital y lentos trámites de aprobación. “Con una reforma administrativa consistente, crearemos un Estado que vuelva a funcionar: para los ciudadanos, para empresas y para el país”.
En Alemania, en los últimos años el discurso político y social se ha centrado cada vez más en la cuestión de cómo hacer más eficiente la acción gubernamental. Varios cambios estructurales están contribuyendo al creciente llamado a un Estado eficiente. Por un lado, muchas empresas y asociaciones industriales se quejan de una carga creciente debido a los largos procesos de aprobación, las extensas obligaciones de presentación de informes y las regulaciones superpuestas. Un estudio realizado por el Instituto IFO por encargo de la Cámara de Industria y Comercio de Múnich y Alta Baviera estima las pérdidas económicas causadas por la burocracia hasta en 146.000 millones de euros al año.
“La magnitud de los costos de la burocracia subraya la urgencia de la necesidad de reforma. Los costos de no hacer nada son enormes, comparados con el potencial de crecimiento que reside en la reducción de la burocracia”, afirmó Oliver Falck, director del Centro de Organización Industrial y Nuevas Tecnologías del ifo, durante la presentación del estudio en noviembre.
Al mismo tiempo, la creciente escasez de trabajadores cualificados en las administraciones públicas está agravando la situación. Numerosos municipios y autoridades estatales no pueden cubrir los puestos anunciados. El Sindicato de Servicio Civil presentó en enero su “dbb Public Service Monitor 2025”. «Las cifras y los hechos recopilados revelan los problemas actuales de nuestra sociedad. Un factor clave es que el sector público tiene un déficit de 570.000 empleados, unos 20.000 más que el año anterior», declaró Ulrich Silberbach, presidente de dbb Federal, durante la presentación del informe.
Como muestra además el monitor, la confianza de los ciudadanos en la capacidad de acción del Estado ha sido muy baja en el último año: según la Encuesta Ciudadana 2024 de dbb, solo el 25 por ciento de los encuestados están convencidos de que el Estado es capaz de actuar y puede cumplir adecuadamente con sus obligaciones.
En Alemania hay mucho enojo por la burocracia. Hace cinco años, el Instituto Allensbach de Investigación de Opinión Pública publicó una encuesta sobre el descontento de los ciudadanos alemanes con las regulaciones y la burocracia en Alemania: casi tres cuartas partes de la población afirmaron que se habían sentido molestos por el exceso de burocracia en los últimos cinco años. Con especial frecuencia se mencionaron las normativas de construcción, las regulaciones fiscales y las complejas solicitudes de financiación. Esta percepción se ve reforzada por los informes de los medios de comunicación sobre largos procedimientos para permisos de construcción o retrasos en el pago de prestaciones estatales. En conjunto, estos avances dan lugar a demandas de un Estado más eficiente y menos burocrático desde las perspectivas económica y social. El nuevo gobierno federal se enfrenta pues a grandes retos. Otros países podrían servir de ejemplo.
El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió como Presidente de Argentina. A los pocos días de asumir el cargo, anunció un amplio paquete de medidas de política económica, que se implementaron mediante un decreto de emergencia. Esto incluyó la derogación o modificación de más de 350 regulaciones económicas, incluida la Ley de Alquileres, regulaciones laborales y disposiciones sobre control de precios de productos farmacéuticos.
Según el economista argentino Federico Sturzenegger, cercano asesor de Milei y designado por él como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, la reforma pretendía eliminar la ineficiencia institucional y reducir la carga del aparato administrativo. Sturzenegger explicó estas medidas en una presentación en el Banco Interamericano de Desarrollo a finales de abril.
En una entrevista con el Financial Times, Sturzenegger dijo: “Cuanto peor sea la sociedad, más leyes habrá. En el infierno solo hay leyes”.
Según el informe “Latin America Brief” del Comité Latinoamericano del Empresariado Alemán, el presidente argentino Milei recortó el gasto público hasta en un 30 por ciento en el primer año tras asumir el cargo en diciembre de 2023. De esta forma, se cortó de raíz la inflación en muy poco tiempo. Por primera vez en muchos años, el presupuesto estatal generó un superávit. En lugar de una inflación mensual de más del 20 por ciento, ahora ronda el 3 por ciento. La inflación anual podría entonces caer al 25 por ciento a finales de este año. Para los estándares argentinos, esto es poco pero también un éxito de la política de Milei.
Un informe de la revista Politico de finales de abril estimó los ahorros previstos por DOGE en alrededor de 160 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, el gasto administrativo federal aumentó alrededor de un 6 por ciento durante el mismo período.
En Alemania entró en vigor a principios de año la Ley de alivio de la burocracia IV (BEG IV). Según el Ministerio Federal de Justicia, incluye 23 medidas individuales, entre ellas la reducción de los períodos de conservación de los registros contables (de diez a ocho años) y la flexibilización de las obligaciones de información para las empresas más pequeñas. El año pasado, el Instituto ifo de Múnich publicó un análisis de los efectos económicos de las cargas administrativas. El estudio estima que los costes burocráticos anuales en Alemania ascienden a unos 50.000 millones de euros. Si bien la BEG IV podría ofrecer un alivio específico, no es suficiente para eliminar los obstáculos estructurales del derecho administrativo alemán. Otro estudio, el 2024 Country Index Regulation de la Family Business Foundation, concluye que Alemania se sitúa en el rango medio-bajo en la comparación internacional en cuanto a tiempos de aprobación, transparencia y densidad de procedimientos.
La legislación también debería estructurarse de forma más clara: las nuevas regulaciones solo podrían entrar en vigor el 1 de enero o el 1 de julio. Además, la coalición planea una reforma fundamental del estado de bienestar, en la que los servicios se agruparán, simplificarán y harán accesibles digitalmente a través de un portal ciudadano central. El objetivo es un Estado capaz, moderno, que trabaje de forma eficiente, digital y amigable para los ciudadanos.
