“A raíz de este decreto, habrá freno a inversiones y peor servicio”

Que un servicio sea declarado “de interés público y esencial” no implica que ese servicio llegue a más personas. Que las empresas de tecnologías de información y comunicación (TIC) mantengan congeladas las tarifas por decreto no significa que tengan mejor y universal servicio (quizás, exactamente, sea lo contrario). Que el Estado intervenga arbitrariamente y decida cómo deben dar el servicio las empresas de televisión por cable, internet, telefonía móvil o fija no es más que tirar un salvavidas de plomo para que se hundan en el mismo mar los operadores y los usuarios.

Pero en la Argentina del revés, eso es exactamente lo que sucedió cuando el presidente Alberto Fernández decidió por decreto (el que lleva el número 260/20) que quedan suspendidos todos los aumentos o modificaciones de precios establecidos desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre por las empresas de cable, internet y telefonía. Además, declaró a todos ellos servicio público. Es decir, acceder a internet (o a la televisión) es tan vital como el acceso al agua corriente, por ejemplo.

Para el diputado Nacional (JxC-PRO) José Luis Patiño hay varias razones para intentar derogar ese decreto. No sólo causas institucionales -que ya de por sí son más que válidas- sino también económicas y políticas, que también son importantes.

Patiño, en diálogo con Visión Liberal cuestiona, en primer lugar, el uso (y abuso) que el Ejecutivo le da a una herramienta que sólo puede usarse en situación de emergencia, como es el decreto.

Para el diputado, la primera razón es el básico y necesario respeto a las instituciones: “una cuestión institucional que se basa en no delegar nada al Poder Ejecutivo a no ser que realmente estemos ante la situación de emergencia que contempla el art 76 de la Constitución Nacional. El Congreso está funcionando de manera virtual y se están sancionando leyes”. Por lo tanto, no hay necesidad de recurrir a un decreto.

La segunda razón por la que ese decreto debería quedar sin vigencia es económica y práctica: la medida no redundará en mayores beneficios para la población. Patiño, que se define liberal, sostiene que “sabemos que el acceso a internet mejora con mayor inversión y más competencia. Y precisamente a raíz de este DNU ya se han anunciado frenos a inversiones (por ejemplo, Telecom) lo cual redundará en un peor servicio, menos puestos de trabajo y, eventualmente, menos acceso a los servicios de tecnología”.

Es decir, se encontraría un efecto opuesto al que, supuestamente, se pretende con el decreto. Y por último, un argumento que hace encender las luces de alarma en la democracia: el precedente que implica aprobar un decreto de esta naturaleza. “El decreto establece que avanza hacia un modelo de mayor regulación del Estado para garantizar el acceso a internet de más personas. Sin embargo, no explica en ningún momento la magnitud del problema, y por qué una intervención del tipo propuesto contribuiría a mejorar la situación y no a empeorarla“.

Y ahí,en ese punto, Patiño reflexiona sobre la verdadera razón de ser de los DNU: “como instrumento, no hacen otra cosa que evitar el debate en la Cámara de Diputados, ya que la comisión revisora funciona como una escribanía. Como diputado, el proyecto de derogación es la única herramienta que poseo para dar el debate necesario”