Un respirador al sector privado: seis propuestas para el día después

Un respirador para la economía

Pensemos por un momento que logramos sortear la pandemia en un par de meses. Mientras esa historia se escribe es bueno empezar a pensar en el día después económico y cómo se rebota desde el sótano profundo en que quedará sumida la economía.

Allí hay una secuencia: el primer conjunto de medidas debería ayudar a morigerar la urgencia y evitar el desplome de la economía: aplanar la curva, en este caso, de caída. Son medidas inmediatas y urgentes; el segundo conjunto debería procurar la reactivación de la actividad apenas se logre recuperar un viso de normalidad.  El tercer conjunto son medidas de mediano plazo, para volver a crecer, respecto de las cuales la sociedad se debe un debate a partir de los amargos momentos vividos y por vivir.

Voy a hablar solamente de las medidas inmediatas y urgentes. Se centran en mantener la capacidad de gasto de la economía.

Una parte importante de ella está parada, no puede producir, vender, cobrar, ni pagar. Su caída implicará reducción del empleo, con su correlato de personas que tampoco podrán cobrar ni pagar. Y la implosión continúa.

El consumo y la inversión (es decir, el gasto privado de familias y empresas) se ve fuertemente afectado por la detención de la economía. Hasta ahora, la ayuda estatal ha venido en forma de sumas fijas destinadas a sostener a los más vulnerables: jubilados con la mínima, informales y beneficiarios de planes sociales. Todavía no ha habido alivio a quienes aún emplean o tienen empleo o bien son independientes. Las medidas aquí sugeridas pasan por evitar los despidos y sostener el pago de salarios privados. Hasta el momento lo único que se les ha ofrecido son planes de pago de impuestos o créditos a una tasa por debajo de la inflación, cuya concreción aparentemente ha sido muy limitada, por razones de oferta y de demanda.

Se recomiendan las siguientes medidas alternativas:

  1. Que el Estado se haga cargo del pago de un monto fijo (¿por ejemplo $ 20000?) por asalariado formal y que vaya directamente a éstos, durante los próximos uno, dos, o tres meses. Las empresas restarán esos montos de lo que pagan a sus empleados durante los meses que dure la medida. Se está hablando, siguiendo el ejemplo, de $ 20 mil millones por millón de asalariados formales (308 millones de dólares, aproximadamente al cambio oficial).
  2. Que el Estado cobre 0 del componente impositivo a monotributistas y autónomos durante el mismo lapso, cualquiera sea su categoría, resignándolo. El costo fiscal es muy bajo.
  3. Que el Estado cobre 0 del próximo anticipo de Ganancias a personas físicas y empresas, cualquiera sea su categoría, resignándolo. El costo fiscal es algo mayor al anterior.
  4. Que el Estado permita hacer uso de saldos a favor de los responsables inscriptos en IVA para cubrir sus aportes previsionales durante los próximos tres meses, o saldar deudas con el fisco por esos mismos componentes. No hay costo fiscal, sino que se invierte quién financia y quién es financiado gratuitamente.
  5. Que el Estado gire el mismo monto fijo por asalariado formal a las provincias y municipios, exclusivamente destinado para personal de fuerzas de seguridad y sanitarios que cada uno tenga, más un plus del 50% durante los próximos tres meses.
  6. Una pequeña fracción de la sociedad cuenta con reservas para consumirlas. Se propone un desdoblamiento del tipo de cambio. El comercial vigente para exportadores e importadores, que debería deslizarse en los próximos meses para acompañar la inflación acumulada y la que vendrá, y uno libre para el resto de las actividades (financieras, turismo y atesoramiento). El BCRA ofrecería diariamente un cupo de compra en ese último mercado, a través del sistema financiero, que recibirá una comisión por su intermediación. El precio de compra lo anunciará diariamente y durante la jornada hábil comprará sin límites, montos por persona física por hasta 1000 dólares, o montos mayores a personas y empresas, provenientes del colchón o de sus cuentas en dólares, acreditándoles el valor en cuenta bancaria. Las transacciones por hasta 1000 dólares no demandarían informar sobre origen y destino de los fondos. Esta ventana, en particular, estaría abierta por los ¿tres? meses iniciales que dure la emergencia, renovables a juicio de la autoridad.

Las cinco primeras medidas apuntan a sostener el empleo (se paga por empleado), el salario, a reforzar el poder de compra de quienes más arriesgan y más necesarios son en esta emergencia, a mantener la recaudación necesaria para seguir pagando jubilaciones, pensiones, otros subsidios a personas carenciadas y las obras sociales, aliviando a las empresas, sin incrementarles sus pasivos por esta razón.

Asimismo, se compensa a provincias y municipios por la pérdida de coparticipación debida a la reducción de la recaudación impositiva sacrificada (que sólo se concretará, por otra parte, si la actividad se mantiene: las empresas fundidas no pagan impuestos, ni emplean gente). Toda la operación se realizaría por carriles formales y bancarizados, y presumiblemente iría a consumo volviendo en parte como mayor recaudación de IVA. El mecanismo desalienta también la tentación de recrear cuasimonedas en distritos cuyo presupuesto depende en gran medida de coparticipación.

Con lo anterior se completaría poner dinero en el bolsillo del sector privado formalizado, como se lo está haciendo con los asalariados públicos, los pasivos, que han mantenido sus ingresos y los informales y jubilados con la mínima, que en algunos casos han sumado suplementos.

El financiamiento para las seis medidas anteriores vendría de una línea directa del BCRA extendida en forma de préstamo al Tesoro, a una tasa de interés nominal muy baja, y pagadera en, por ejemplo, doce cuotas iguales con doce meses de gracia. El repago del crédito del BCRA por el Tesoro sería posterior, licuándose en parte por la inflación y en parte pagándose con el rebote en la recaudación una vez que la economía comience a mejorar tras la emergencia.

¿Hay impedimentos legales? Dada la emergencia ameritan removerse por el tiempo que dure aquella. ¿Es inflacionaria la medida anterior? Es previsible un salto en el nivel de precios, dado que las medidas 1 a 5 requieren emisión sin contrapartida. No obstante, no implicaría un proceso inflacionario sostenido en tanto estuviera acotado en monto y tiempo. En segundo lugar, el bajo nivel de actividad limitaría el efecto inflacionario. Sí es previsible que el gasto privado así sostenido se concentre en rubros más necesarios que suntuarios, dando lugar a aumentos de precios proporcionalmente mayores, por ejemplo, en los alimentos.

Operativamente, estas seis medidas están pensadas para sectores formalizados y bancarizados, no deberían estar presentes las dificultades que se vieron para hacer llegar la ayuda a sectores informales. Aunque con estos se pueden pensar en alternativas que tal vez permitan evitar aglomeraciones físicas: celulares (que tienen la gran mayoría), vía una app, la tarjeta sube (¿se podría cargar vía cientos de agencias de quiniela y usarla para comprar luego como una tarjeta de débito?), tarjeta alimentar, etcétera.

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