Para defender la propiedad privada, ¿no sería buena idea contar con policía privada?

Privatizar la Policía

(Murray N. Rothbard*) La abolición del sector público significa, por supuesto, que todos los terrenos, todas las zonas terrestres, incluidas las calles y carreteras, serían de propiedad privada, de individuos, corporaciones, cooperativas o cualquier otra agrupación voluntaria de individuos y capital. El hecho de que todas las calles y áreas de tierra fueran privadas resolvería por sí mismo muchos de los problemas aparentemente insolubles del funcionamiento privado. Lo que tenemos que hacer es reorientar nuestro pensamiento para considerar un mundo en el que todas las áreas terrestres sean de propiedad privada.

Tomemos, por ejemplo, la protección policial. ¿Cómo se proporcionaría la protección policial en una economía totalmente privada?

Reino Unido “privatizó” parte de su policía

Parte de la respuesta se hace evidente si consideramos un mundo en el que la propiedad de la tierra y de las calles es totalmente privada. Pensemos en la zona de Times Square, en Nueva York, una zona con mucha delincuencia en la que la protección policial de las autoridades municipales es escasa. Todo neoyorquino sabe, de hecho, que vive y camina por las calles, y no sólo por Times Square, prácticamente en un estado de «anarquía», dependiendo únicamente de la normalidad pacífica y la buena voluntad de sus conciudadanos. La protección policial en Nueva York es mínima, un hecho dramáticamente revelado en una reciente huelga policial de una semana cuando, ¡he aquí!, la delincuencia no aumentó en absoluto con respecto a su estado normal cuando la policía está supuestamente alerta y trabajando.

En cualquier caso, supongamos que la zona de Times Square, incluidas las calles, fuera de propiedad privada, digamos de la «Asociación de Comerciantes de Times Square». Los comerciantes sabrían muy bien, por supuesto, que si la delincuencia fuera galopante en su zona, si abundaran los atracos y los asaltos, entonces sus clientes se desvanecerían y frecuentarían zonas y barrios de la competencia. Por lo tanto, a la asociación de comerciantes le interesaría económicamente ofrecer una protección policial eficaz y abundante, para que los clientes se sientan atraídos por su barrio, en lugar de ser repelidos. Los negocios privados, después de todo, siempre intentan atraer y mantener a sus clientes.

Pero, ¿de qué servirían unos escaparates y envoltorios atractivos, una iluminación agradable y un servicio cortés, si los clientes pueden ser robados o asaltados si pasean por la zona?

La asociación de comerciantes, además, se vería inducida, por su afán de lucro y de evitar pérdidas, a proporcionar no sólo una protección policial suficiente, sino también una protección cortés y agradable. La policía gubernamental no sólo no tiene ningún incentivo para ser eficiente o preocuparse por las necesidades de sus «clientes», sino que además vive con la tentación siempre presente de ejercer su poder de fuerza de forma brutal y coercitiva.

La «brutalidad policial» es una característica bien conocida del sistema policial, y sólo se mantiene en jaque por las remotas quejas de la ciudadanía acosada. Pero si la policía de los comerciantes privados cediera a la tentación de embrutecer a los clientes de los comerciantes, esos clientes desaparecerían rápidamente y se irían a otra parte. Por lo tanto, la asociación de comerciantes se encargará de que su policía sea cortés y abundante. Esta protección policial eficaz y de calidad prevalecería en todo el territorio, en todas las calles y zonas privadas.

Las fábricas vigilarían sus áreas de calle, los comerciantes sus calles, y las compañías de carreteras proporcionarían una protección policial segura y eficiente para sus carreteras de peaje y otras carreteras de propiedad privada. Lo mismo ocurriría con los barrios residenciales.

Podemos imaginar dos posibles tipos de propiedad privada de las calles en estos barrios. En un tipo, todos los propietarios de una determinada manzana podrían convertirse en propietarios conjuntos de esa manzana, digamos como la «Compañía de la manzana 85». Esta empresa se encargaría de la protección policial, y los costes los pagarían los propietarios directamente o con el alquiler de los inquilinos si la calle incluye apartamentos de alquiler. Una vez más, los propietarios de las viviendas tendrán, por supuesto, un interés directo en que su bloque sea seguro, mientras que los caseros tratarán de atraer a los inquilinos ofreciéndoles calles seguras, además de los servicios más habituales, como la calefacción, el agua y el servicio de conserjería.

Preguntar por qué los propietarios deben proporcionar calles seguras en la sociedad libertaria y totalmente privada es tan tonto como preguntar ahora por qué deben proporcionar a sus inquilinos calefacción o agua caliente. La fuerza de la competencia y de la demanda de los consumidores les obligaría a suministrar esos servicios. Además, tanto si se trata de una vivienda en propiedad como en alquiler, en ambos casos el valor del capital del terreno y de la casa estará en función de la seguridad de la calle, así como de las demás características conocidas de la casa y del barrio.

Unas calles seguras y bien vigiladas aumentarán el valor del terreno y de las casas de los propietarios de la misma manera que lo hacen las casas bien cuidadas; unas calles plagadas de delincuencia reducirán el valor del terreno y de las casas con la misma seguridad que lo hacen las propias viviendas deterioradas. Dado que los propietarios siempre prefieren que su propiedad tenga un valor de mercado más alto que más bajo, existe un incentivo para proporcionar calles eficientes, bien pavimentadas y seguras.

La empresa privada existe, por lo que la mayoría de la gente puede imaginarse fácilmente un mercado libre en la mayoría de los bienes y servicios. Sin embargo, probablemente el área más difícil de entender es la abolición de las operaciones del gobierno al servicio de la protección: la policía, los tribunales, etc.—el área que abarca la defensa de la persona y la propiedad contra el ataque o la invasión.

¿Cómo podrían la empresa privada y el libre mercado prestar ese servicio? ¿Cómo podrían la policía, los sistemas legales, los servicios judiciales, la aplicación de la ley, las prisiones—cómo podrían proporcionarse en un mercado libre?

Ya hemos visto cómo una gran parte de la protección policial, como mínimo, podría ser suministrada por los distintos propietarios de calles y terrenos. Pero ahora tenemos que examinar todo este ámbito de forma sistemática. En primer lugar, existe una falacia común, sostenida incluso por la mayoría de los defensores del laissez-faire, de que el gobierno debe suministrar «protección policial», como si la protección policial fuera una entidad única y absoluta, una cantidad fija de algo que el gobierno suministra a todos. Pero en realidad no existe una mercancía absoluta llamada «protección policial», como tampoco existe una mercancía única y absoluta llamada «comida» o «vivienda».

Es cierto que todo el mundo paga impuestos por una cantidad aparentemente fija de protección, pero esto es un mito. En realidad, hay casi infinitos grados de todo tipo de protección. Para cualquier persona o empresa, la policía puede proporcionar desde un policía de ronda que patrulla una vez por noche, hasta dos policías que patrullan constantemente en cada manzana, pasando por coches patrulla, hasta uno o incluso varios guardaespaldas personales las 24 horas del día.

Además, hay muchas otras decisiones que la policía debe tomar, cuya complejidad se hace evidente en cuanto miramos bajo el velo del mito de la «protección» absoluta. ¿Cómo asignará la policía sus fondos, que son, por supuesto, siempre limitados, al igual que los fondos de todos los demás individuos, organizaciones y organismos? ¿Cuánto debe invertir la policía en equipos electrónicos, en equipos de toma de huellas dactilares, en detectives frente a policías uniformados, en coches patrulla frente a policías a pie, etc.?

La cuestión es que el gobierno no tiene ninguna forma racional de hacer estas asignaciones. El gobierno sólo sabe que tiene un presupuesto limitado. Sus asignaciones de fondos están entonces sujetas a todo el juego de la política, el despilfarro y la ineficiencia burocrática, sin ninguna indicación de si el departamento de policía está sirviendo a los consumidores de una manera que responda a sus deseos o si lo está haciendo de manera eficiente. La situación sería diferente si los servicios policiales se prestaran en un mercado libre y competitivo. En ese caso, los consumidores pagarían por el grado de protección que deseen adquirir.

Los consumidores que sólo quieren ver a un policía de vez en cuando pagarían menos que los que quieren un patrullaje continuo, y mucho menos que los que exigen un servicio de guardaespaldas las veinticuatro horas del día. En el mercado libre, la protección se suministraría en proporción y de la forma en que los consumidores quisieran pagarla. La búsqueda de la eficacia estaría asegurada, como siempre ocurre en el mercado, por la obligación de obtener beneficios y evitar pérdidas, y por tanto de mantener los costes bajos y servir a las mayores exigencias de los consumidores. Cualquier empresa policial que sufra de una gran ineficiencia pronto quebraría y desaparecería.

Un gran problema al que debe enfrentarse siempre una fuerza policial gubernamental es: ¿qué leyes aplicar realmente? Los departamentos de policía se enfrentan teóricamente al dictado absoluto de «hacer cumplir todas las leyes», pero en la práctica un presupuesto limitado les obliga a destinar su personal y equipamiento a los delitos más urgentes. Pero el dictado absoluto les persigue y va en contra de una asignación racional de los recursos. En el mercado libre, lo que se haría cumplir es lo que los clientes están dispuestos a pagar.

Supongamos, por ejemplo, que el Sr. Jones tiene una joya preciosa que cree que podría ser robada pronto. Puede pedir, y pagar, protección policial las 24 horas del día con la intensidad que desee acordar con la compañía de policía. Por otro lado, también puede tener una carretera privada en su finca por la que no quiere que circule mucha gente—pero puede que no le importen mucho los intrusos en esa carretera. En ese caso, no dedicará ningún recurso policial a proteger la carretera. Como en el mercado en general, depende del consumidor—y como todos somos consumidores, esto significa que cada persona decide individualmente cuánta y qué tipo de protección quiere y está dispuesta a comprar. Todo lo que hemos dicho sobre la policía de los propietarios se aplica a la policía privada en general.

La policía del mercado libre no sólo sería eficiente, sino que tendría un fuerte incentivo para ser cortés y abstenerse de la brutalidad contra sus clientes o los amigos o clientes de sus clientes.

Un Central Park privado estaría vigilado de forma eficiente para maximizar los ingresos del parque, en lugar de imponer un toque de queda prohibitivo a clientes inocentes y de pago. Un mercado libre de la policía recompensaría la protección policial eficiente y cortés a los clientes y penalizaría cualquier desviación de esta norma. Ya no existiría la actual disyunción entre el servicio y el pago inherente a todas las operaciones gubernamentales, una disyunción que significa que la policía, al igual que todas las demás agencias gubernamentales, adquiere sus ingresos, no de forma voluntaria y competitiva de los consumidores, sino de los contribuyentes de forma coercitiva. De hecho, a medida que la policía gubernamental se ha vuelto cada vez más ineficiente, los consumidores han ido recurriendo cada vez más a formas privadas de protección. Ya hemos mencionado la protección de barrio o de vecindario.

También hay guardias privados, compañías de seguros, detectives privados y equipos cada vez más sofisticados como cajas fuertes, cerraduras y circuitos cerrados de televisión y alarmas antirrobo. La Comisión Presidencial sobre el Cumplimiento de la Ley y la Administración de Justicia estimó en 1969 que la policía gubernamental cuesta al público americano 2.800 millones de dólares al año, mientras que gasta 1.350 millones de dólares en servicios de protección privada y otros 200 millones de dólares en equipamiento, de modo que los gastos de protección privada ascienden a más de la mitad del desembolso de la policía gubernamental. Estas cifras deberían hacer reflexionar a los crédulos que creen que la protección policial es de alguna manera, por algún derecho o poder místico, necesariamente y para siempre un atributo de la soberanía del Estado.

Fuente: Mises Institute y Fundación Bases. [Extraído de los capítulos 11 y 12 de For A New Liberty].

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