El Gobierno acelera para quitarle al kirchnerismo la primera minoría y aprobar el Presupuesto 2026, pero baja los decibeles en las reformas estructurales. La madre de todas las batallas —la previsional— se posterga (quizás hasta 2028), la laboral se negocia a media máquina para no despertar a una CGT renovada y más dura, y los gobernadores aprietan por fondos mientras Washington observa.
Por Hugo E. Grimaldi para La Gaceta. El ímpetu que pone en estos días el gobierno nacional en avanzar políticamente con los gobernadores para tratar de noquear al kirchnerismo a partir del 10 de diciembre, arrebatándole el cartel de Primera Minoría en el Congreso Nacional (al menos en la Cámara de Diputados, donde cada vez le falta menos) y para sancionar el Presupuesto, no es el mismo que se empieza a visualizar en cuanto a las reformas estructurales que se están cocinando para 2026, algo que cada vez viene con menos bríos. En términos de los peores tiempos de Mauricio Macri, hay quienes en el Gobierno han empezado a conformarse con cierto gradualismo para conseguir lo posible y no lo ideal.
Aquella máxima de Voltaire que indicaba que “lo mejor es enemigo de lo bueno” es lo que se observa como halo de cierto pragmatismo (y de resignación quizás también) que recorre a muchos dentro del gobierno nacional, aunque para algunos radicalizados de la interna, lo que ha empezado a suceder es parte de una claudicación. Una pregunta que se hacen muchos en el seno del gobierno nacional es si todavía hay margen para tomar una vez más el atajo que no sea hundir el cuchillo hasta el hueso. Otro interrogante crucial es saber dónde está parado Javier Milei.
El facilismo dilatorio al que acude la Argentina cada vez que está ante estas instancias de barajar y dar de nuevo es seguramente parte del problema, ya que los dirigentes disruptivos se convierten en conservadores de la noche a la mañana. Se observa claramente en un tema delicado, pero a todas luces banal como es el fútbol, el temor que existe en apretarle el torniquete de una vez por todas a “Chiqui” Tapia (“no sea cosa que nos quedemos afuera del Mundial”, se asustan), pero más claramente se nota en la marea de temas que hacen al manejo de la política y de la economía que involucran a una tercera pata más que delicada: la social.
El ejemplo más claro es la reforma previsional que se dice que va a quedar postergada para fines del año que viene, cuando todo el mundo sabe que en 2027 –año electoral- no podrá ser abordada por los miedos de quedar mal que expondrá toda la clase política en el Congreso, ya que además es algo socialmente sensible. Hay consenso en que la integralidad jubilatoria, tal como sucede con la Ley de Coparticipación que reclama la Constitución desde 1994, tienen que ser necesariamente tratadas en años pares -los no electorales- porque los gobernadores no se quieren indisponer con los votantes, por lo que el encuadramiento previsional lamentablemente no se podría dar hasta 2028.
Un sector interno del Gobierno sigue insistiendo en ir a fondo porque esa ítem es clave para las cuentas fiscales, ya que podría ahorrar alrededor de 0,8% del PBI (10% del gasto previsional). Pero como subir la edad jubilatoria o eliminar regímenes especiales afecta directamente a millones de trabajadores y jubilados, probablemente por eso se apuntó a priorizar otras reformas menos explosivas en términos de rechazo inmediato. Además, rediseñar el sistema previsional implica revisar la edad de retiro, las moratorias, las cajas profesionales, los regímenes especiales, las pensiones y está el caso de las provincias que traspasaron sus cajas que aún no se resuelve. La postergación indica a la vez que el Gobierno entiende la reforma previsional como “la madre de todas las batallas”, ya que en materia fiscal es el ajuste más decisivo, aunque en términos políticos es el más riesgoso.
Las jubilaciones y pensiones representan más de 40% del gasto primario y por eso, el FMI considera la sostenibilidad previsional como condición para mantener el orden de las cuentas públicas. Sin cambios, el déficit previsional seguirá presionando las finanzas del Estado y su eliminación o rediseño es vista como inevitable para equilibrar las cuentas. Es un entramado legal y financiero que requiere tiempo, es verdad, pero además es una papa caliente por lo que está claro que el Gobierno evita abrir un frente de conflicto quizás difícil de sobrellevar.
Sobre los cambios laborales, necesarios para darle seguridad a los inversores, la idea es terminar con los delirios de los gremios aunque ya se habla de que se va a intentar obtener aunque sea una pizca de lo propuesto en materia de flexibilizar salarios, la jornada laboral (horas), el régimen de indemnizaciones y las vacaciones, casi como para cumplir. El ímpetu que traía el Gobierno que apuntaba al corazón del poder sindical quedó algo moderado por los cambios que tuvo la CGT, ya que renovó sus autoridades en noviembre y quedó bajo un triunvirato integrado más duro y también más ideológico.
En el Consejo de Mayo, ya Gerardo Martínez (UOCRA) había expresado el rechazo sindical a cualquier iniciativa que lesione los derechos de los trabajadores, aunque sin muchos bríos, pero ese cambio de autoridades lo obligó a endurecerse y a comunicar que la CGT insiste en que el debate no puede quedar en ese ámbito que trata múltiples temas, sino que deberá abrirse a una mesa específica y tripartita con el Gobierno y los empresarios para discutir todo.
La clave es que más allá de las necesarias regulaciones que hay que hacer en el mundo del trabajo, lo que está en juego aquí son los recursos de los gremios. Lo que en verdad quieren discutir como prioritario para ellos son tres cuestiones y dos son dinerarias: a) los aportes de afiliados, ya que temen que la reforma erosione la financiación sindical; b) también el manejo de las obras sociales que son el núcleo económico del poder gremial y c) la negociación colectiva sectorial frente a intentos de descentralizar convenios, ya que ir empresas por empresa o rama por rama los descolocaría en cuanto al poder de fuego.
El Gobierno ha dicho ahora que quiere enviar el proyecto al Congreso el 9 de diciembre, con ejes en la flexibilización de convenios y cambios en indemnizaciones, pero a la vez ha concedido una nueva reunión del Consejo de Mayo antes de esa fecha. Todo indica que la CGT está más preocupada por sus ingresos y privilegios que por la situación laboral concreta y que no genera un rechazo absoluto, sino que hace un intento de condicionar la reforma con su propuesta y que se muestra dispuesta a negociar, pero con la condición de preservar sus fuentes de poder económico y político. El riesgo es que si el Gobierno avanza sin acuerdo, la CGT podría usar su poder de movilización para bloquear la reforma.
El flanco de los gobernadores es otra interesante cuestión a revisar porque Diego Santilli promete y promete y en muchos casos tienen que ver con necesidades puntuales que quizás se atiendan, pero se deberán poner sobre la mesa cuestiones concretas que son las que los mandatarios quieren aprovechar para recoger. Es ahora o nunca y es obvio que no se van a poder atender todas las demandas porque es verdad que son inabarcables en materia de bolsillo. De las dos leyes que propiciaron todas las provincias para repartir ATN de modo automático, aprobadas, vetadas, insistidas y promulgadas, aunque están en un limbo, se trata de no hablar demasiado, pero ésa es la automaticidad que se busca y se sabe que el Gobierno no está dispuesto a abandonar la discrecionalidad.
En todas estas cuestiones hay una clara barrera que se le opone al habitual gradualismo de cabotaje y es esta vez la postura de los Estados Unidos que se puso en negro sobre blanco en octubre a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent y del propio Donald Trump y que combina respaldo financiero y político con un mensaje claro sobre la necesidad de consolidar un plan de reformas estructurales orientado a la apertura de mercados, la estabilidad macroeconómica y la inserción internacional.
Nunca desde Washington nadie dijo públicamente que esas reformas tenían que ser obligatorias, pero va de suyo que condicionan al gobierno de su mejor amigo en América latina sumándole una innegable presión política y diplomática que empuja hacia que las cuestiones de fondo no se queden en proyectos, es decir que sean profundas y sobre todo consensuadas, para juntar masa crítica que le evite sorpresas hacia el futuro al mundo de la inversión y al costado financiero, sobre todo.
El punto es que, por más afecto que Trump tenga por Milei, la Casa Blanca no es el FMI al que se lo puede seguir engañando de modo permanente firmando compromisos que no se cumplen y solicitando perdones, como ha ocurrido reiteradamente con la meta de acumulación de Reservas que las autoridades económicas dicen que no pueden cumplir porque se dispararía el dólar y con él, la inflación. Economía y el BCRA buscan justificar desde lo técnico la estrategia, pero en voz baja responsabilizan directamente de esas distorsiones al Presidente. Las internas malditas, siempre.
