Manteros: los políticos sólo quieren blanquearlos para que paguen impuestos

En los últimos días se ha vuelto a debatir el asunto de los vendedores callejeros que suelen emplazarse en las veredas de la vía pública para comercializar sus diversas mercaderías y artesanías.

Los aspectos semánticos del lenguaje no deben ser pasados por alto porque están asociados a la construcción de conceptos, del propio conocimiento y de las ideas. Remarco esto último porque no pocas veces aceptamos términos que nos lleva a adoptar conceptos sesgados o inapropiados. En este caso que nos ocupa, es común escuchar gente -en su mayoría políticos- que hace referencia despectiva a las actividades comerciales ambulantes usando término como “informalidad” cuando no “ilegalidad” e insiste en la necesidad de “regularizarlos”. Con este léxico se infiere que las únicas actividades genuinas son aquellas cuyos titulares están alcanzados por el aparato fiscal y responden mansos a la tortura del laberinto regulatorio.

Al igual que ocurriera en su momento con los servicios de Uber y con las cryptos, el único desvelo de los políticos respecto de los vendedores ambulantes es lograr empujarlos dentro de la picadora de carne del saqueo impositivo. De esta manera, dirán los burócratas, el Estado es justo con todos y todos son justos cumpliendo con el Estado.

Por otro lado, los comerciantes que poseen locales a la calle, denuncian prácticas desleales de los manteros debido a que, a pocos metros de sus tiendas, la llamada actividad informal, vende productos del mismo rubro sin tener que soportar los costos operativos que supone un establecimiento. Sin embargo, el rigor del mercado también implica que la oferta buscará opciones para competir eficientemente en la optimización de sus costos. Para el caso, este planteo sería equivalente a acusar de ejercer maniobras de competencia desleal a quienes comercializan sus productos y servicios a través de un sitio de internet o redes sociales.

El reclamo sí resulta legítimo en lo que respecta a la asimetría impositiva y regulatoria. Quienes están en la “formalidad” y la “legalidad” son sometidos a la lista interminable de habilitaciones municipales, controles de seguridad, accesibilidad para la integración e inclusión, las particularidades si se trata de un comercio, oficina o industria; controles de higiene, de bromatología si es gastronómico, planillas fiscales y laborales, cumplir con códigos de edificación y códigos urbanísticos. Y todavía no entraron clientes…

A esta locura se le suma el régimen confiscatorio del Impuesto a las Ganancias y sus anticipos, IVA, Cargas Sociales, Ingresos Brutos y Autónomos. En la época medieval, a la carga impositiva se le decía diezmo porque se le pagaba al tirano el 10% del producto bruto de la cosecha. Hoy vivimos un insoportable flagelo que supera el 60% de lo que producimos.

Antes de decidirse a encarar todo esto, un emprendedor en Argentina tiene que estar dispuesto además a enfrentar una legislación laboral que, como dice el economista Manuel Adorni, sus derivaciones son mas parecidas a una filiación adoptiva que a un contrato laboral.

No obstante esto, en lo que se refiere a las regulaciones y los impuestos, creo que los dueños de comercios a la calle enfocan mal su reclamo. Insólitamente piden la persecución impositiva de los manteros, le demandan al Estado que los trabajadores ambulantes sean incorporados a la desgracia y al maltrato que ellos también sufren. Cuesta entender esta lógica del sufrimiento, el conformismo y la envidia. Viene a la mente aquel cuento del genio de la lámpara que se le presenta a un campesino. El hombre en cuestión, envidiaba a su vecino por poseer unos pocos corderos. El genio, como suele ocurrir en estas fábulas, se compromete a otorgarle al hombre cualquier deseo que él quisiera. Es así como, luego de pensar unos segundos, el campesino opta por pedirle al genio que mueran los corderos de su vecino. En conclusión, en lugar de pedir por la igualdad de todos en la desgracia, los comerciantes deberían librar su propia batalla contra el Leviatán.

Se esgrime también que los dueños de establecimientos comerciales, con sus impuestos, pagan el mantenimiento de la vía pública que ocupan sus competidores circunstanciales. Independientemente que algunos de los manteros son monotributistas, el problema de lo público nunca tendrá solución. Habrá pagadores de impuestos que quieran tener manteros y otros que no. Lo mismo ocurre con los contenidos de la educación pública o la oferta de prostitución en la vía pública. El problema solo se soluciona con asignaciones de derechos de propiedad. Para el caso de estos dos últimos ejemplos, solo con establecimientos educativos privados y calles privadas, se podrá tener la oferta que decidan tener sus copropietarios.

Por último, se dice que detrás de los manteros hay mafias. Si hubiera manteros que están sometidos u obligados a trabajar para alguien, la ley debería protegerlos pero ocurre que, por el hecho de ser “informales”, no tienen sus derechos garantizados y el Estado los considera personas de categoría inferior.

En los casos de falsificación de marcas o incumplimiento del derecho de propiedad, las empresas que pudieran estar afectadas, siempre tienen disponible el recurso de presentar su caso por vías legales.

Economistas que se dicen ser liberales, se quejan de la estética visual que le dan estos trabajadores a las veredas de la ciudad. En contraposición, la mirada liberal de Enrique Ghersi, quedó plasmada maravillosamente en El Otro Sendero, La Revolución Informal, un libro que junto a Mario Ghibellini, colaboraron con Hernando de Soto para hacer una investigación acerca de “la economía de mercado que emerge con un origen popular”.

Otro libro, En Defensa de los Más Necesitados que en coautoría escriben Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause, lo inician con un acápite de Michael Novak que reza: “Las personas quieren pan. También quieren libertad. No sólo es posible contar con las dos cosas: la segunda resulta esencial para la primera”.

Fuente: Infobae

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