Llegó la hora de que el Estado haga su propio “presupuesto base cero”

El inesperado “presupuesto base cero” a que el virus expone al estado.

Se denomina “presupuesto base cero” al ejercicio de (re)pensar a una organización productiva, partiendo desde el bien o el servicio final que ofrece. Con la definición de este, ir desde el “hacia atrás” y formular las cuantías y las calidades relativas de los factores (recursos humanos, tecnologías, etc) e insumos, que se requieren para su más eficiente producción, en la escala deseada y siempre sujeto a una restricción de presupuesto.

Este es el método que se utiliza, muchas veces por única vez, solo cuando se emprende un nuevo proyecto de inversión privada.

Este es el método que se utiliza, muchas veces por única vez, solo cuando se emprende un nuevo proyecto de inversión privada.

Es mucho menos usual, pero el ejercicio también puede ser efectuado para un emprendimiento que está en operación, pues siempre resultaría muy útil conocer ¿qué tan apartado se está de las más modernas formas de “hacer las cosas” que satisfacen a las necesidades de nuestros consumidores o usuarios? Si la brecha hallada, entre la formas y los costos con que lo hacemos y las que nos sugiere el “presupuesto base cero”, es relativamente baja y no justifica los costos de cambiar, nuestra modernidad estaría aun salvaguardada.

Pero, por el contrario, si la brecha encontrada es alta, nos estaría indicando que nuestras formas y modos de hacer son antiguos e ineficientes, si es que nos lo están indicando ya nuestros clientes desplazándose hacia otros oferentes. Todos estos comportamientos son solo válidos de suponer en los mercados competitivos. Porque si no lo son, la demanda es cautiva, y la oferta nunca tendrá la necesidad (ni la curiosidad) de efectuar el ejercicio del presupuesto base cero y a sus altos costos por ineficientes solo le aplicaran un porcentaje de beneficios extraordinarios y los nuevos precios serán la única alternativa de los clientes cautivos.

La inédita y extraordinaria experiencia que estamos atravesando debido a la penosa pandemia del corona virus, seguramente está provocando, aún en el marco del muy elevado estrés que impone el corto plazo, la motivación de muchas firmas privadas, que se desempeñan en mercados muy competitivos, por imaginar las mejores nuevas formas de producción que les imponen la “nueva normalidad” que regirá después de esta ola de la pandemia.

Pues los aviones, los hoteles, los restaurantes, las fábricas, etc tendrán todos menos capacidad, menos facturación, etc con los precios acotados por los competidores más eficientes.

Ellos ya están efectuando sus presupuestos bases cero.

Sus ADN del continuo sobrevivir, más aún en nuestro normalmente volátil país, los obligan. Pero, no podemos esperar una similar reacción de nuestro sector público. Sus servicios no están sometidos a los test de la competencia, la prueba más contundente es que los organismos públicos regulatorio y sus marcos reguladores solo surgieron cuando ocurrieron las concesiones a los operadores privados, cuando la condición social y económica de la necesidad de la regulación es la misma existencia del monopolio, sea este privado o público.

Inesperadamente, por la irrupción del virus, la demanda de los bienes y servicios públicos de todo tipo, esto es la sociedad que los sostiene con los impuestos al Estado, tiene la extraordinaria oportunidad de observar cómo las luces del alumbrado público se encienden, los residuos se recogen, el control del tráfico sucede y el transporte publico opera, los hospitales públicos atienden, las escuelas estatales se esfuerzan y  tratan de dar la educación a distancia, etc. Todo ello ocurre mientras una importante porción de empleados públicos, especialmente de administración, están en sus casas.

La mayoría de ellos son absolutamente imprescindibles para mayores y mejores servicios públicos pero, allí también están, haciendo un involuntario ejercicio de presupuesto base cero del Estado, todo el “gasto político” que, en condiciones normales, esta “oculto” en el empleo público, con su innecesario costo, en términos sociales y económicos. Esta “gestión política del proselitismo por la necesidad de empleo” debe resolverse con un moderno seguro de desempleo y no esconderlo en las innumerables e innecesarias y ficticias funciones públicas creadas para ello.

El penoso virus nos ofrece la extraordinaria oportunidad de una gradual reforma con un amplio consenso social, sin el oportunismo político de la oposición ni la demagogia del oficialismo, para que el estado se despoje de, al menos gran parte, de su gasto político improductivo, reduzca la presión tributaria al sector privado productivo, salgamos de esa “encerrona de pobreza” cada vez más generalizada y se atisbe un sendero de progresivo crecimiento económico, hoy nuestra absoluta prioridad.

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