Por más malabares y artilugios que se “inventen”, los llamados fondos buitre y los acreedores de los bonos Brady de los años ’90 lograron en las últimas horas dos fallos de la,Justicia norteamericana que los favorecen.
El oro que la, administración Caputo-Milei “escondió” en el exterior deberá ser blanqueado para que los fondos Burford y Eton Capital puedan embarcarnos hasta cobrar sus acreencias en el juicio por YPF. Y en paralelo, los acreedores de los llamados Bonos Brady (herencia del menemismo) lograron que les reconozcan la posibilidad de acceder a activos argentinos depositados en bancos del exterior.
Semana muy complicada.
Dos malas noticias llegaron desde Estados Unidos al comienzo de esta semana. Por un lado, la justicia de Estados Unidos solicitó al Ejecutivo argentino que indique dónde están los lingotes que sacó de las reservas del Banco Central. Es en respuesta a una petición del fondo Burford en el litigio por la estatización de YPF y lo pidió la jueza de Estados Unidos Loretta Preska.
Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a Argentina con fondos buitre como Burford y Eton Capital por la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando su socio mayoritario era Repsol. El fondo Burford, con sede en Londres, demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia argentina Eskenazi. A instancias de los Kirchner, esa familia había comprado 25% de las acciones a Repsol, en un proyecto fallido de fomentar un control argentino de la petrolera. Los Eskenazi se endeudaron con Repsol para la compra, y, tras la estatización, entraron en quiebra.
Entre idas y vueltas (el Estado argentino quiere que se revea la sentencia y los demandantes y están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones) los fondos buscan cobrar de forma anticipada la indemnización. Como demandantes pueden solicitar información sobre bienes del demandado, de modo que se puedan identificar los bienes embargables. Así, obtendrán los datos sobre los lingotes de oro que salieron de la bóveda del Banco Central el año pasado y que el Ejecutivo de Milei se negó a explicar. Según las estimaciones del mercado, el gobierno de Milei despachó 6 toneladas de oro hacia el extranjero. Se calcula que cerca del 60% de las reservas de oro de la entidad se encontrarían fuera del país, habiendo sido enviadas inicialmente hacia la plaza financiera de Londres.
La defensa argentina argumentó a la justicia de EEUU que el oro es propiedad del Banco Central y no del gobierno nacional. Pero la jueza Preska señaló que, sin importar si las reservas de oro están bajo la custodia del Banco Central o no, Argentina tiene la obligación de proporcionar cualquier documentación en su poder sobre estos activos y lanzó una advertencia a la Argentina: “Se ha invertido más tiempo y dinero en discutir la entrega de estos documentos que en producirlos y entregarlos”.
Pero no es la única mala noticia que enfrentó el Gobierno en las últimas horas. También la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por Argentina en el juicio por la deuda soberana que quedó en default tras la crisis económica de 2001. Esta decisión allana el camino para que los acreedores, embarguen activos argentinos por un monto de US$310 millones. Los abogados del Estado buscaban impedir que los beneficiarios del fallo avanzaran sobre los activos argentinos, pero la Corte Suprema desestimó esta petición.
Los acreedores, que nunca cobraron los títulos soberanos tras el default de 2001, ahora podrán acceder a US$310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza. Esta decisión llega después de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York ratificara en agosto una condena inicial por un monto total de US$477 millones, emitida también por la jueza Loretta Preska. Ambas instancias también autorizaron a los holdouts a proceder con los embargos.
El origen del conflicto fueron los bonos del Plan Brady, diseñado a fines de los años 80 por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, para ayudar a los países de América Latina a reestructurar sus deudas bancarias. En lugar de mantener préstamos con bancos comerciales, los gobiernos podían canjearlos por bonos respaldados por el Tesoro estadounidense, lo que implicó una reducción promedio del 35% en sus obligaciones. Argentina se sumó al Plan Brady en 1993, emitiendo bonos con colateral en títulos del Tesoro de EE.UU. Estos instrumentos, considerados seguros y negociables, fueron elogiados en su momento como una solución innovadora. Sin embargo, con el paso del tiempo y las crisis económicas que enfrentó el país, estos bonos se convirtieron en objeto de disputas legales internacionales.
El conflicto actual se originó cuando los bonos Brady de Argentina vencieron el 31 de marzo de 2023 y, posteriormente, fueron trasladados al Banco Central del país. Los fondos buitre argumentaron que los activos seguían sujetos a embargos, y los tribunales estadounidenses respaldaron esta postura.
El nuevo revés judicial subraya la importancia de una gestión prudente de la deuda soberana y la necesidad de establecer mecanismos legales más robustos para proteger los activos nacionales en el extranjero. También resalta los riesgos asociados con el incumplimiento de las obligaciones financieras internacionales y las consecuencias de las reestructuraciones mal planificadas. Para Argentina, el fallo también supone un desafío político y económico, dado que afecta la confianza de los inversores y complica el acceso a mercados internacionales de crédito.
