La comisión, liderada por Maximiliano Ferraro, volverá a reunirse este martes para abordar la falta de colaboración de funcionarios del Gobierno de Milei, incluyendo a Karina Milei, citada por segunda vez. Ante reiteradas inasistencias, se evalúa solicitar a la Justicia el uso de la fuerza pública para garantizar declaraciones.

La comisión investigadora de la estafa $LIBRA volverá a reunirse este martes, a la espera de la declaración testimonial de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien fue citada por segunda vez. Es la segunda vez que la hermana del mandatario es convocada por la Cámara de Diputados y hay nulas expectativas de que asista voluntariamente. 

En el encuentro los legisladores que componen la comisión, encabezados por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), analizarán pedirle a la Justicia que sea citada a declarar por la fuerza pública.

Tampoco se espera que asistan otros los otros dos funcionarios que ya se ausentaron en su primera citación del martes pasado: el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc.

El 23 de septiembre, ante los faltazos por segunda vez consecutiva del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la funcionaria del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo (ex titular de la UTI Libra), la comisión votó pedir autorización al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para llevarlos a declarar por la fuerza pública.

También fueron citados a declarar como testigos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; los empresarios y promotores de la criptomoneda Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; y el ex asesor de la CNV Sergio Morales.

Hasta ahora, ningún funcionario del Gobierno de Milei mostró voluntad de colaborar como testigos con el trabajo que lleva adelante la comisión investigadora. Días atrás, Ferraro relató que “la investigación avanza” pero “sin colaboración del Gobierno”.

Desde sus redes, manifestó que, junto a los otros legisladores, continúan trabajando en las indagaciones, a pesar de los intentos “por obstruirlas” de parte de los funcionarios implicados, pertenecientes a La Libertad Avanza.

“Ante el silencio, reiteramos la requisitoria el Presidente Javier Milei para que responda preguntas clave, entre ellas, de dónde obtuvo el link del contrato de la cripto que él mismo publicó sin que fuera público antes”, aseguró Ferraro.

En la misma línea, manifestó que le solicitarán al juez federal de turno “el auxilio de la Fuerza Pública” con el fin de “asegurar la comparecencia” de Melik y Zicavo, debido a que esta última “intentó que se le otorgara una medida cautelar para que no se la citara ni se le requiriera información”, y que fue rechazada por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.° 10.

Además, informó que reiteraron la citación a Karina Milei, “con plazo hasta el 30 de septiembre” y le advirtieron que “un nuevo incumplimiento facultará a la Comisión a requerir el auxilio de la Fuerza Pública” para hacer efectiva su declaración.

También informó que fue solicitada la presencia de otros involucrados “directos” en la organización de $LIBRA como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

Ferraro indicó que le ofrecieron a Cúneo Libarona una reunión “reservada” para que pueda informar “sin limitaciones” sobre el caso Libra y que le solicitaron al ministro de Justicia que en 72 horas “remita la documentación que hasta ahora se niega a enviar”.

“Hace una semana el vocero presidencial (Manuel Adorni) aseguró públicamente que el Gobierno prestaría toda la colaboración al Congreso para demostrar que son honestos y que todos los funcionarios iban a contestar y responder las requisitorias que se les hicieran. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: llevamos casi un mes desde que se destrabó la investigación y no han colaborado de ninguna manera”, precisó.

Y cerró: “El Gobierno debe entender que esto no es un juego ni un show: es una investigación seria y hay deberes constitucionales y legales que deben cumplirse. Si los funcionarios insisten en incumplirlos, deberán atenerse a las consecuencias de sus actos”.