Según la think tank liberal Libertad y Progreso, el Estado invierte en cada alumno de las universidades nacionales casi 84.000 pesos. A horas de la marcha en contra del arancelamiento, explica por qué analizar distintas formas y alternativas de pago abrirá las puertas a una educación más igualitaria y justa. Lee el informe.
Vista la relevancia que ha tomado la cuestión del financiamiento universitario las últimas semanas, es importante analizar la posibilidad del arancelamiento selectivo como una forma socialmente equitativa de generación de fondos para garantizar que la universidad pública tenga los recursos necesarios para su funcionamiento y mejoramiento. De esa manera, se permitiría blindar el presupuesto universitario y evitar comprometer la autonomía y la autarquía de las instituciones de enseñanza superior.
La Constitución de 1994 en su artículo 75, inciso 19 referido a la educación dice que deberá garantizar “los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. Observamos que se habla de la gratuidad, pero también de la equidad.
La interpretación corre sobre el eje que, existiendo alumnos que se encuentran en condiciones de pagar una cuota razonable por su educación, ¿por qué se la debieran solventar todos los contribuyentes, independientemente si acceden a la universidad estatal o no? La gratuidad para todos entra aquí en directa colisión con el concepto de equidad. Se está subsidiando con impuestos pagados por personas de menores recursos a quienes son beneficiados y podrían pagar una cuota razonable.
La gratuidad universitaria universal no contribuye, sino que contradice la igualdad de oportunidades para aquellos que quieran estudiar. Lo que se debe lograr es darle razonabilidad al sistema de financiamiento universitario, con equidad y con una mejor asignación de los escasos recursos públicos.
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El arancelamiento para quienes pueden pagar no choca con la esencia de la educación gratuita para quien la necesite. Esto es razonable y además justo. Este proceder es aplicado por muchos países que emplean información impositiva, o la proveniencia de escuelas privadas, u otros sistemas de comprobación de capacidad de pago. Aquellos que no tengan esa capacidad se benefician con becas o préstamos de honor a muy baja tasa de interés. De esta forma podrán cursar su carrera de grado quienes quieran estudiar y no estén en condiciones económicas de afrontarlo. Se cumpliría así con ambos mandatos: el de gratuidad y el de equidad propuesto en nuestra Constitución.
Al analizar las estadísticas oficiales de Presupuesto Universitario, que no solo incluye los gastos de funcionamiento y salarios de las universidades, sino también los de investigación, extensión y otros, por ejemplo, los vinculados a los hospitales universitarios, vemos que para 2024 están asignados unos $1.952.778 millones. En tanto que las estadísticas del Ministerio de Capital Humano arrojan que en el sistema de educación superior hay 2.540.854 estudiantes, de los cuales 2.030.633 están inscriptos en instituciones de gestión estatal (79,9% del total). Esto arroja un gasto anual promedio por alumno de $961.600, o el equivalente a unos $80.138 por mes.
- Auto financiamiento mediante subsidios cruzados dentro de la propia Universidad
- Subsidio estatal directo no reembolsable, para solventar el costo del segmento estudiantil que no paga o no cubre su costo completo.
- Financiamiento mediante préstamos con tasa subsidiada y garantías del Estado a quienes no pueden cubrir parcial o totalmente su costo.
- Fondo de Solidaridad Universitaria: fondo de becas financiado con aportes de los graduados.
- Ayuda mediante becas aportadas por instituciones privadas o empresas.
- Ingresos por trabajos de investigación, consultoría y otros servicios.
Esas son algunas de las propuestas presentadas por la Fundación Libertad y Progreso en su último informe. Además, aclara las reformas legislativas que se necesitan para lograrlo.
