Fundación Apolo se suma a las demandas por negligencia contra Alberto Fernández

El ex presidente Alberto Fernández sigue acumulando denuncias en su contra. Otra vez fue el turno de la Fundación Apolo la que lo acusó penalmente ante la Justicia, en este caso luego que el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, hiciera declaraciones públicas en las que planteó que la “cuarentena” por el COVID-19 se prolongó por “cuestiones políticas”. La demanda puntualiza en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad durante la cuarentena que padecieron los argentinos entre el 2020 y 2021.

A través de su director general, el legislador porteño Yamil Santoro, la fundación que lucha contra la corrupción se presentó ante la Justicia después de que Martín Guzmán sostuviera que la extensión del confinamiento se debió a una cuestión “política”.

El exministro de Economía brindó una entrevista a un programa de streaming y allí realizó declaraciones que comprometieron, nuevamente, al ex Presidente. El economista confesó: “Dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido. En un momento pasó a ser un tema más político, una bandera más política, el hecho de que la administración de la pandemia era lo que hacía fuerte al Gobierno”.

En la presentación judicial que realizó la Fundación Apolo, explicaron las consecuencias que ocasionó la cuarentena impuesta por el Poder Ejecutivo. Por medio de análisis económicos, se observó una fuerte caída en la economía, la escalada de la pobreza y desocupación, siendo Argentina uno de los países más afectados de la región en materia macroeconómica. Las pymes también padecieron los excesos del exmandatario y más del 15% de los comercios tuvieron que bajar las persianas de forma permanente.

Además de las cuestiones financieras, la denuncia penal que inició la Fundación Apolo subraya los efectos negativos que también surtió en la educación y la salud de los argentinos.

Como consecuencia de todos los prejuicios ocasionados, en todos los niveles, los denunciantes solicitaron que se investigue profundamente los diferentes mensajes que salieron desde el teléfono celular del antecesor de Javier Milei. Además, se solicitó que el Ministerio de Capital Humano colabore con todo tipo de material (audio, filmaciones, mails) y registro que sea de utilidad para demostrar los fines que tenía el Poder Ejecutivo en el confinamiento.

Por otro lado se requirió que se citen a los médicos infectólogos y especialistas que participaron del recordado “Comité de Expertos”, quienes eran que aconsejaban al presidente y al por entonces ministro de Salud, Ginés González García.

En declaraciones televisivas, el legislador porteño Yamil Santoro, profundizó sobre la denuncia de la Fundación Apolo: “Se centra en la figura de Alberto Fernández. Eso, naturalmente, va generando un efecto cascada de responsabilidades. No solamente con aquellos que firmaron el DNU, sino también si es que los médicos salieron a decir algo distinto que decían en privado. Más de uno está asustado”, dijo.

Finalmente, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que el objetivo es que el exjefe de Estado sea condenado: “Hubo más de 10 mil muertes evitables por haber entrado en politiquería berreta con el tema de la Stputnik contra la Pfizier. Por todos estos desmanejos, venimos con una conducta consistente en marcarle los excesos de Alberto Fernández esperando que termine tras las rejas como le corresponde a un delincuente”, sentenció.

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