14/06/24

Es urgente que los legisladores se animen a dar un «volantazo» para salir de la crisis

La tendencia al empobrecimiento de los argentinos lleva décadas, aunque con oscilaciones. En los coyunturales períodos de recuperación económica, los datos muestran alguna mejora en los indicadores sociales. Pero luego sobrevienen recesiones o crisis que terminan en fuertes incrementos de la cantidad de pobres. Hoy es urgente sacar de la pobreza a la creciente cantidad de argentinos que han caído en ella. En la emergencia, la solución pasa por activar planes de asistencia que funcionen como redes de contención, pero estos no serán los que los saquen de esa penosa situación. Justamente por ello, a lo largo de las últimas décadas, el asistencialismo no ha dejado de crecer e incluso muchas veces fue utilizado para gestar clientelismo político y aún más pobreza.

Muchos reclaman que el Estado tome a los desempleados y, con más gasto e inversión en infraestructura, saque a la gente de la pobreza. Sin embargo, esto es imposible en un país que no tiene posibilidades de financiamiento como el nuestro. Y aunque lo tuviera, se puede demostrar fácilmente que es mejor generar las condiciones para que esos recursos los use el sector privado para generar empleo y aumentar la producción y, por ende, los salarios; ya que los administrará más eficientemente.

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Si el Estado gasta más de lo que puede, los pobres serán los que pagarán los mayores costos de las consecuentes crisis. Esto es así porque esas erogaciones del sector público se financiarán con emisión que derivará en inflación. Producir más pesos de los que se demandan hace que las tenencias de dinero de la gente pierdan poder adquisitivo; esos son los recursos de los que se apropia el Banco Central (BCRA) para que el gobierno pueda gastar más, aunque lo hace a costa del empobrecimiento de los argentinos. Por eso se lo llama impuesto inflacionario. Sólo genera la ilusión de una coyuntural mayor demanda a costa de una mucho menor capacidad de gasto a futuro. Peor aún, los que menos podrán consumir serán los sectores de menores ingresos, que son los que más moneda nacional tienen respecto a su patrimonio y cuentan con menos chances de defenderse.

Para resolver este factor empobrecedor, hay que dejar de emitir para financiar al gobierno, cosa que se hizo y que ha llevado a una fuerte desaceleración de la inflación. Para ello, fue necesario reducir el gasto público para que coincida con los ingresos genuinos que el Estado pueda obtener. Si quisiéramos ayudar a los que menos tienen dándole a la “maquinita” como antes, sólo los terminaríamos perjudicando y correríamos el riesgo de resucitar el proceso hiperinflacionario que dejaron Alberto Fernández y Sergio Massa.

Otro problema que complota contra el crecimiento del nivel de actividad es que hay economistas que pretenden vencer la “Ley de la Gravedad”. Entonces intentan fijar un tipo de cambio oficial que no refleje todo lo que se destruye del valor del peso emitiendo para financiar los excesos de gasto del gobierno de turno. Esto es inviable. El BCRA sólo tiene un instrumento, la política monetaria, con el que sólo puede fijar el valor de la moneda, que al mismo tiempo determina el precio en pesos de los bienes y servicios, incluidas las otras divisas. Por eso, los controles de cambio terminan generando un valor oficial atrasado y una maraña de restricciones (“cepo”) para sostener lo insostenible. Por supuesto, como sucede en cualquier lugar del mundo, una caída del poder adquisitivo de la moneda local se refleja inmediatamente en los mercados cambiarios libres, dando origen a las brechas cambiarias. A la postre, estas distorsiones de precios terminan afectando negativamente a la economía. Los “cepos” se usaban para inmovilizar a los presos, por lo que no debería extrañarnos que terminen siendo una restricción a la recuperación y al crecimiento económico. Por ello, hay que unificar el mercado cambiario cuanto antes. Aunque esto no implica necesariamente salir del cepo, ya que este incluye una maraña de regulaciones impuestas para sostenerlo y que puede llevar más tiempo eliminar.

Si bien la actual gestión no fue a una unificación, prometió que lo haría pronto y con un salto cambiario irrelevante. Para lograrlo, la política monetaria debería estabilizar el valor de la moneda local, o sea de los tipos de cambio libres, para que disminuya la brecha hasta que converjan con el “oficial”. Por la experiencia de la salida ordenada del control de cambios que llevó adelante la gestión de “Cambiemos”, sabemos que el dólar único y libre se ubicará entre ambos, aunque probablemente más cerca de los paralelos.

De lo ya explicado queda claro que un ajuste fiscal destinado a dejar de emitir para financiar al Estado no genera recesión, solo redistribuye su carga en términos de gastos y tributos. Con inflación, son principalmente los que están en el sector privado los que reducen su poder adquisitivo para que los que reciben sus recursos del gobierno puedan mantenerlos. Por otro lado, si se necesita aumentar gravámenes, como ocurrió en esta gestión, solo se genera una reestructuración de los ingresos del sector público. Se baja el impuesto inflacionario que perjudica a los más pobres a costa de subir otros que, bien elegidos, no lo hacen. Por supuesto, hace falta disminuir la enorme presión tributaria y eliminar gravámenes distorsivos, pero eso será posible recién cuando se puedan compensar con la suba de la recaudación que geste una reactivación económica.

Una economía que no crece no puede sacar a nadie de la pobreza; pero para saber cómo salir de la recesión tenemos que entender por qué entramos en ella. En la segunda parte de 2023, había una creciente expectativa de crisis, incluso de una hiperinflación. Para moderar el impacto negativo en el bienestar de su familia que esto tendría, la gente ahorra en divisas, ya que los pesos se diluyen en ese tipo de situaciones. Eso significó reducir su consumo e inversión, y lo mismo hacen las empresas preocupadas por ese potencial escenario. Así, se desploma la demanda interna, lo que hace bajar la producción y las posibilidades de trabajo, gestando una recesión.

Para que se recupere el nivel de actividad, es necesario modificar dichas expectativas. Es decir, cambiar el rumbo de colisión en el que venía la economía, como pidió la mayoría del electorado el 19 de noviembre de 2023. Si bien el Poder Ejecutivo tiene algunos instrumentos para hacerlo, los sistemas económicos y políticos se fijan por leyes y se deben modificar sancionando otras normas similares dentro del Congreso.

Lamentablemente, la mayoría de nuestros legisladores se ha mostrado reticente a dar un gran “volantazo” y algunos siguen resistiéndose aún a dar un paso hacia un país normal. Hasta que no lo hagan, nadie cambiará su decisión de ahorrar cada vez más en divisas. Necesitamos que aprueben las normas necesarias para que baje la incertidumbre y que aquellos que tienen aún capacidad de invertir o consumir empiecen a hacerlo. Los que cayeron en la pobreza y el desempleo no son los que sacan a los países de las recesiones, sino que son los beneficiarios del aumento de la demanda interna que generan otros impulsando la economía.

Lamentablemente, parte de la dirigencia política ha priorizado defender los privilegios, restricciones y subsidios que permitieron a algunas corporaciones políticas, gremiales, empresariales, intelectuales y profesionales ganar más a costa del bienestar del resto de los argentinos. Habrá que dejarlos en evidencia para que prefieran defender a estos últimos en lugar de perder sus votos. Y con esto, empiecen a construir el camino hacia un país normal que geste más libertad y progreso para todos.

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