A la democracia nombrando y a las instituciones linchando: así fracasó el experimento K para zafar de la condena

Justicia y defensa de la democracia



En un mismo día de abril el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández amenazó con que si la oposición ganara las elecciones “las calles quedarán regadas de sangre”; en tanto, en otro lugar de la ciudad, se celebraba un acto organizado por el gobierno y sus cómplices ante el Palacio de Justicia para presionar a los jueces, para evitar que condenen a CFK por sus delitos. Lo notable que estos exabruptos se hacen “en defensa de la democracia”.
El inédito experimento de CFK de un Poder Ejecutivo compartido con Alberto Fernández y Cristina Fernández, terminó como era previsible: de la peor manera. Y la brutal pelea final de los socios se explica por el incumplimiento del Presidente de las promesas efectuadas a la Vice de liberarla de la cárcel y reivindicarla ante la historia.

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Este fracaso ocurrió pese a que por lo menos la mitad de los esfuerzos del gobierno se concentraron en intentar evitarle a ésta última las condenas que le corresponderían en los múltiples delitos que le imputan. No se recuerda en el mundo una gestión de gobierno tan concentrada en una aspiración de este tenor, pisoteando todos los principios, intentando todas las estrategias para doblegar a fiscales y jueces, copando a los organismos de control para desistir de las acciones judiciales que, contra ella, les correspondían instar.

Hubo amenazas a los medios, aprietes de todas formas y colores, proyectos de cambios en la Justicia y en las leyes para desplazar al Procurador General de la Nación, espionaje ilegal, y hasta amenazas y procedimiento de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema.

Felizmente hasta ahora la institución resistió y CFK ya recibió una primer condena gravísima en tanto algunos de sus abogados, fueron denunciados por el Tribunal actuante por graves faltas en el ejercicio profesional.
La última jugada política, esta vez con un doble propósito, es intentar engañar a la ciudadanía diciéndole que la Vicepresidente está proscripta por la Justicia, lo que es falso, (aunque a mi juicio, ya lo dije, debió habérsele prohibido presentarse en 2015 y 2019 porque sus 14 procesamientos anulan la idoneidad que la Constitución requiere para ser candidato).

Un Ministro de Seguridad que amenaza a la oposición

Las declaraciones de Aníbal Fernández fueron interpretadas por algunos como las usuales para
asustar a la población para que voten por el peronismo. Pero antes, deben ser interpretadas como lo que son: una amenaza de un ministro del gobierno nacional contra la oposición que seguramente triunfará en los comicios.

La envergadura institucional de quien la formula obliga a descartar aquella estrategia electoral: no es un desconocido puntero de un partido político, ni un ignoto legislador.

Es muy grave aun cuando quien la formula tiene una pobre y devaluada imagen en la ciudadanía que lo recuerda por esquivar la acción de la Justicia, en una ocasión, en el baúl de un automóvil, en un tema de narcotráfico.

En estos días el mismo Kicillof habló de igual forma, sobre las tragedias que podrían ocurrir en
caso de ganar la oposición, hablando con conceptos escatológicos como que podría ‘dinamitar
los logros’ de la actual administración.

Linchamientos contra las instituciones

El acto de tribunales también tiene una gravedad mayúscula que, si no impactó en la ciudadanía,
es simplemente fruto del acostumbramiento a estas acciones.

No fue espontáneo sino perfectamente orquestado desde el gobierno y compañeros de ruta, una escaramuza más de una guerra que tuvo una declaración formal en diciembre de 2019 pero que había comenzado mucho antes.

La organización del acto se hizo con apoyo y con el aparato de difusión oficial, a los que se sumaron los conocidos aliados de CFK (todos financiados por el estado) como funcionarios de altísimos cargos y legisladores. Antes de concurrir los sindicatos pasaron por el Congreso a solidarizarse con la Vicepresidente enjuiciada. Si los gestos tienen significado éste es uno muy negativo.

En nombre de la democracia

Que esto suceda en nombre de la democracia y que no provoque demasiadas reacciones habla de hastío. Hace pocos semanas un acto convocado para defender a las instituciones sólo movilizó a pocos centenares de personas, lo que puede compararse con la reacción masiva de la ciudadanía israelí contra las reformas judiciales de Netanyahu y nos lleva a pensar si es que aquella sociedad es más republicana que la nuestra o padecemos aquí un riesgoso acostumbramiento.

La oposición

También es cierto que la oposición no tiene una estrategia clara en relación con la justicia y no le dedica el tiempo que su trascendencia merece. Omite, además, mirar la guerra en conjunto. Tiene una tendencia a analizar uno por uno a los ataques, sin “mirar el bosque”. Así ocurre también en este año con el juicio político que intentan promover a todos los miembros de la Corte Suprema, un nuevo y grave embate contra la Justicia. Y así la oposición, en este área como en otras, va detrás de las iniciativas del kirchnerismo y reacciona tarde.

El informe del Departamento de Estado


Cada una de estos ataques tiene entidad para justificar el repudio de la población, abonar acciones judiciales y denuncias en organismos internacionales, y descalificar en términos democráticos republicanos a la administración bicéfala de Cristina y Alberto, pero analizados como propongo, en conjunto, es un caso único en el mundo: toda una administración de un gobierno que ha dedicado, como mínimo, la mitad de su gestión a proteger a la Vicepresidente de la cárcel, no trepidando llevarse todo por delante.
En abril el gobierno reaccionó airadamente frente a un informe del Departamento de Estado de los EE.UU. que descalificaba la actitud del gobierno contra la Justicia, pero los hechos se ocupan de ratificarlo.

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