Si hay un mercado que no levanta es el inmobiliario. La compra-venta de casas no se recupera y está en el piso histórico en número de transacciones. En marzo se firmaron apenas 2300 escrituras, menos aún que las de marzo de 2021, aun en plena pandemia y con toda la economía paralizada.
El interminable y empantanado debate en el Congreso de la ley de Alquileres es parte del problema y lejos de la solución. Todos -inquilinos y propietarios- están en modo «suspenso» a la espera que se definan aspectos básicos y centrales para las transacciones con inquilinos. Mientras tanto, hay un promedio de venta de diez departamentos en venta por manzana solo en la Ciudad de Buenos Aires.
Como sucede casi siempre que el Estado mete las narices en un tema que debería ser entre privados, la situación tiende a complicarse cada vez más para todas las partes. Por eso, la Fundación Libertad y Progreso insta -al punto- a derogar la ley. «La intención de favorecer asimétricamente a los inquilinos llevó a una retracción de la oferta de viviendas en alquiler y -consecuentemente- a un aumento de los precios», explica la Fundación en un comunicado.
Los contratos de alquiler deben dejarse a la voluntad de las partes bajo las disposiciones del Código de Comercio.
En 2020, como consecuencia de la pandemia y la imposibilidad para las inmobiliarias de operar se registró el número más bajo de transacciones para el mes de marzo, de los últimos 10 años. Lo cierto es que la cifra que arroja el 2022 -quitando el caso del 2020- es el más bajo de los últimos 8 años, similar a las operaciones registradas en 2014. Un dato que los legisladores, en sus farragosos intentos intervencionistas, deberían repensar cada vez que levantan la mano en el recinto.
