“Como decía Ayn Rand, el gran logro del constitucionalismo que organizaron los ex colonos norteamericanos fue eliminar el problema de la violación de derechos. Hasta entonces había dos potenciales violadores de derechos: los criminales y el gobierno. Los norteamericanos intentaron resolver ambos problemas, organizando un gobierno cuyo único propósito es proteger a las personas de los criminales”. El jurista Ricardo Rojas enhebra el hilo conductor que existe entre derechos humanos y propiedad privada, una red compleja y sinuosa que contiene todos los principios básicos del ser humano.

En una entrevista con Visión Liberal, el académico hecha luz sobre este tema, tan confuso en el discurso político cuando los populismos llevan al error conceptual de creer que criminalidad y gobierno pueden ser sinónimos.

–Podemos sostener que la violación a la propiedad privada termina en una violación a los derechos humanos. ¿Esto es así?

-En realidad la propiedad es uno de los derechos básicos del ser humano, junto con la vida y la libertad. Los tres son indispensables para la vida humana. No puede sostenerse la vida sin la libertad de tomar decisiones y actuar en consecuencia (libertad) y sin la posibilidad de disfrutar o aprovechar el producto de esa acción (propiedad). De modo que la violación a la propiedad ES una violación a derechos humanos.

– ¿Qué implica hablar de derecho de propiedad?

-El derecho de propiedad es un derecho amplio, que incluye toda forma en que una persona puede disponer del fruto de su acción. De hecho, la primera propiedad es la de la persona sobre su propio cuerpo y sus acciones. Luego viene la propiedad sobre el producto de sus acciones. El derecho de propiedad sobre la tierra es sólo un aspecto de la propiedad, ni siquiera el más importante. Toda decisión humana involucra ejercer derechos de propiedad. No podríamos siquiera movernos si no ejerciéramos tales derechos.

– ¿Cómo es cuando esta situación se da entre privados o entre privados y el Estado?

– A nivel político, los derechos individuales (incluyendo el de propiedad) son derechos que se deben garantizar fundamentalmente frente al poder del Estado. En nuestra constitución, eso está consignado en el artículo 28 de la Constitución que establece que tales derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio.

Esto es, los derechos individuales están por encima de las atribuciones del gobierno, el gobierno no puede violarlos, de hecho, la base filosófica de la teoría constitucional es que el gobierno sólo existe para establecer los mecanismos necesarios para que se protejan esos derechos.

-Eso remite a la otra parte de la pregunta: cómo se establece la propiedad privada entre privados.

-Precisamente, la función del gobierno es proteger derechos individuales (incluyendo la propiedad) de la agresión o violación por otras personas. Eso lo hace a través de los tribunales que dirimen los conflictos o reclamos basados en violación a la propiedad, o ejerciendo funciones de prevención para evitar violaciones a derechos de propiedad por parte de otras personas.

Como decía Ayn Rand, el gran logro del constitucionalismo que organizaron los ex colonos norteamericanos fue eliminar el problema de la violación de derechos. Hasta entonces había dos potenciales violadores de derechos: los criminales y el gobierno. Los norteamericanos intentaron resolver ambos problemas, organizando un gobierno cuyo único propósito es proteger a las personas de los criminales.

-¿Cuál es el mecanismo ineludible para proteger el derecho a la propiedad y que todo marco legal debe considerar, más allá de cualquier lectura política?

Hay una primera forma de proteger a los derechos individuales en general, incluyendo el de propiedad, que es respetando el marco de limitaciones que establece la Constitución. En Argentina la Constitución es letra muerta. Los gobiernos no la respetan en lo más mínimo y los tribunales sólo en ocasiones extremas le ponen límites.

El presupuesto es una enumeración arbitraria de gastos decididos sin tener en cuenta los recursos habituales que se puedan conseguir para cubrirlos. El gobierno gasta lo que quiere y luego sale a buscar cómo cubrir su déficit (endeudamiento, más impuestos o inflación). Esa es una violación directa a la Constitución que a nadie parece importarle. Por otra parte, los presidentes gobiernan por decreto, violando las limitaciones expresas que la Constitución les impone, y el Congreso avanza sobre los derechos individuales al sancionar sus leyes, sin preocuparse por la enunciación taxativa que la Constitución hace de sus facultades limitadas, y la reserva expresa contenida en el ya mencionado artículo 28.

O sea que la primera cuestión sería respetar las limitaciones constitucionales. Luego de ello, debería fortalecerse tanto el funcionamiento como la independencia del poder judicial, que es quien el definitiva le pone límites al gobierno, y además resuelve las violaciones privadas a los derechos y los protege. La emisión monetaria sin respaldo para cubrir déficit del presupuesto debería ser considerado un delito equiparable a la falsificación de moneda (en rigor no es otra cosa más que eso), y hacer responsables a funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Economía que toman las decisiones de emitir y poner en circulación esos billetes.

–¿Cómo se protegen los derechos frente a estas violaciones sistemáticas?

– Volver a cumplir la Constitución y limitar drásticamente los poderes del Estado frente a los ciudadanos, sin olvidar que los gobernantes son mandatarios (es decir, que son empleados contratados para cumplir un mandato), y que los verdaderos dueños del negocio, los mandantes, son los ciudadanos.