El ecosistema venezolano: tan deteriorado como su democracia

Venezuela se encuentra en una evidente crisis política, económica y social, sin embargo hay una crisis que no ha resonado tanto y es igual de alarmante: una crisis ambiental. El ecosistema se ve gravemente amenazado, ya que la principal fuente de ingresos en la actualidad es la inconsciente explotación minera.

¿Por qué invertir en minería?

Tras el colapso de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), ya que su principal comprador, Chevron, ha paralizado las ventas del petróleo venezolano en Estados Unidos, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico desarrolló a partir del 2016 un plan de explotación minera en el sur del país. Aquella zona denominada el Arco Minero del Orinoco compone aproximadamente el 12% del territorio nacional y es rico en minerales tales como el oro, el diamante y el coltán. No solo eso, sino que la superficie está constituida por el 6,73% del total de la selva amazónica y a su vez conforma el 51% del territorio del país. Además, cuenta con cuencas fluviales, sin mencionar la variedad de especies del reino animal y las comunidades nativas que lo habitan. 

Diferentes empresas extranjeras provenientes de China, Rusia, Canadá, Sudáfrica, Australia, entre otros países han estado trabajando sobre el territorio en los últimos años sin considerar el impacto negativo que generan sobre el ambiente. Un  caso específico, el de la empresa Gold Reserve, muestra una de las tantas maniobras que debió realizar el régimen para mantenerse estable. El Estado venezolano era deudor de la empresa canadiense Gold Reserve por haber perdido un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), ya que en el 2008 se le había intentado revocar la concesión. Entonces la empresa acordó con el Estado en crear una empresa mixta, Siembra Minera, la cual le permitió salir de la quiebra y además enriquecerla, porque el valor de la producción sobrepasaba el costo de la deuda.

El acuerdo consistió en explotar la zona Las Brisas-Las Cristinas, compuesta por una superficie de 18.950 hectáreas y que está constituida por más de 10 millones de onzas de oro y 1,5 millardos de libras de cobre. 

Un Estado sin derecho

Sin duda los efectos son devastadores. En primer lugar, la legalización de la minería ha producido un exponencial crecimiento en la explotación en vez de reducirla y de esta forma ha logrado que la deforestación de la selva amazónica en territorio venezolano sea aún más grave. Si bien los datos de la magnitud de fauna arrasada no son precisos, debido a que el ministerio no ha brindado ningún dato acerca de ello, las organizaciones científicas trabajando en este lugar estiman que en los últimos años ha aumentado.

Un dato aún más alarmante revela que la destrucción del bosque y la excavación sin límites deja una arena estéril donde no puede crecer nada y por lo tanto la deforestación en esta zona es irreversible, afirmó el ecólogo Carlos Peláez de la ONG Provita.

En segundo lugar, ciudadanos de la zona se han visto gravemente afectados en múltiples aspectos. Más allá de que su territorio está siendo arrasado, los principales ríos del país están contaminados por el mercurio utilizado para separar el oro de las impurezas y afecta directamente la salud de las personas que habitan allí. Además, se han registrado testimonios de que hubo personas que fueron asesinadas como ocurrió en la comunidad El Manteco, como es el caso de ocho personas que murieron en manos del Ejército de Liberación Nacional. El grupo terrorista que sigue órdenes de Maduro tuvo en aquel lugar como objetivo desplazar a la población para instalar puntos clandestinos de minería. Se han registrado en total 1.899 puntos específicos donde operan. 

También es importante destacar que todo tipo de especies animales han sido desplazadas de su hábitat natural provocando su extinción. Por otro lado, la necesidad de mano de obra para trabajar allí produjo que, sin planificación previa, personas emigraran a estos estados encontrándose en pésimas condiciones de vida y generando un efecto negativo aún mayor. Ante este acontecimiento, los casos de malaria han aumentado y el área se ha vuelto un lugar perfecto para la trata de blancas y el tráfico de seres humanos, ya que el único control es bajo las Fuerzas Armadas y que operan la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), el cual es su soporte principal. 

Una vez más queda demostrado que un Estado que no presenta ningún tipo de institución democrática se ve imposibilitado de regular y organizar cualquier tipo de tarea en el marco de los derechos humanos y respetando las libertades individuales. Sin duda la única ley vigente es la del dictador Nicolás Maduro. En el marco del deterioro de la industria petrolera el régimen se encontró en una encrucijada, observando la urgente necesidad de encontrar una nueva fuente de ingresos para seguir sosteniendo su esquema de poder cimentado en la violación sistemática de los derechos civiles, políticos y económicos de la población venezolana. La respuesta ante esta problemática fue explotar otro tipo de recurso natural. Sin duda es una medida cortoplacista que no tiene en cuenta la sostenibilidad ni el alcance del proyecto, ya que un régimen de estas características no toma en cuenta la seguridad humana. Entonces, si Venezuela se libera, ¿cómo hará para generar un desarrollo sostenible si el agotamiento de sus recursos naturales es irreversible? Esta interrogante presenta entonces uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar una Venezuela democrática.