Ideas liberales para transformar un Estado grande e ineficiente en una estructura pequeña y ágil

Propuestas liberales para un rediseño del Estado argentino

El Estado argentino ha ido incrementando su tamaño de forma incesante a lo largo de los últimos 40 años. No solamente en lo que se refiere a su planta de empleados públicos, que ya alcanza los 3,3 millones, sino también en lo relativo a su arquitectura organizacional, creciendo hasta límites intolerables haciendo cada vez más ineficiente su desempeño.

El norte siempre debe ser lograr un Estado pequeño, ágil, eficiente y orientando el trabajo de su personal hacia un servicio de calidad para los ciudadanos.

Esto contribuirá a disminuir el gasto de la burocracia estatal ahorrando recursos para lograr una baja de la carga tributaria sobre el sector privado, hoy en niveles record a nivel mundial.

Estructura organizacional del Estado. La Constitución Argentina original de 1853 establecía para el máximo nivel del estado nacional un total de ocho ministerios y así funcionó durante más de un siglo.

Después de 1930 Argentina abandonó las ideas de la libertad trazadas por Juan Bautista Alberdi y comenzó a adoptar modelos de países de economías cerradas, con ejércitos de burócratas y subas constantes de impuestos y gasto público.

En lo que va del Siglo XXI la Administración Pública Nacional, núcleo de la estructura burocrática estatal argentina no hizo más que aumentar su tamaño: pasó de 10 a 22 ministerios, de 43 a 110 secretarías y de 58 a 170 subsecretarías de estado. Según Cachanosky y Marí (2021), además hay que contabilizar 9148 cargos jerárquicos, 38 organismos desconcentrados, 74 organismos descentralizados y 92 entes del SPN.

Como se ve, los sucesivos gobiernos van convirtiendo la arquitectura del estado en una maraña de áreas con funciones y tareas superpuestas, duplicadas e inútiles, con los consiguientes aumentos de empleados, sueldos, cargos, jefaturas y gastos adicionales.

Según Fiel y la Fundación Libertad y Progreso, dichos gastos estatales pasaron de 28% del PBI en 1985 al 45% del PBI en 2018. Este aumento tiene un correlato directo tanto con el crecimiento de los niveles jerárquicos de la estructura, como con la cantidad de empleados públicos en los 3 niveles del estado.

PROPUESTAS:

Reducir la estructura en un 60% con relación a las estructuras actuales.

Diseñar la nueva estructura utilizando como principio rector el diseño base cero (Fundación Libertad y Progreso, 2020).

Redefinir los objetivos, funciones y misiones de cada unidad administrativa de manera que no haya tareas sobredimensionadas, superposiciones, temas redundantes entre áreas o vacíos de responsabilidad.

Optar por un tipo de arquitectura más flexible, con una pirámide más plana, con menos niveles jerárquicos.

Pensando la nueva estructura del Estado teniendo en cuenta no solo jerarquías, líneas de mando y funciones, sino también con una mirada en los procesos.

Desterrar el trabajo en forma de silos, propiciando una comunicación más horizontal entre las diferentes áreas del Estado.

Procesos administrativos en el Estado. Creemos necesaria una reforma total de los procesos, propiciando un estado chico, moderno y eficiente, concentrando su accionar en aquellas funciones que le son propias e indelegables. Para esto es imprescindible poner el foco el implementar una simplificación profunda de los innumerables trámites que hoy castigan a los ciudadanos, siendo esto clave para mejorar el clima de negocios, propiciando así una economía que facilite la formalidad, mejore la recaudación fiscal y el fomente el empleo registrado.

PROPUESTAS:

Eliminar procesos burocráticos innecesarios.

Fijar para toda normativa o disposición una regla de extensión máxima en artículos y/o requisitos. Ejemplo: toda normativa no deberá sobrepasar el número de 3 artículos.

Desterrar todo tipo de requerimiento a los ciudadanos para que aporte cualquier tipo de dato o información que el Estado ya posee.

Implementar el sistema de ventanilla única virtual que reúna todos los organismos.

Establecer que partir de la fecha todos informes, dictámenes y documentos de todo tipo en todo el ámbito de la administración pública deberán tener una extensión máxima de 3 carillas.

Administración de los RRHH del Estado. Las estadísticas marcan que en los últimos 10 años no aumentaron los puestos de trabajo registrados en el sector privado, mientras que el empleo público, no para de crecer. Según la Fundación Libertad y Progreso (2020), el número de empleados estatales en el sector público argentino se duplicó entre 2003 y 2015 y la función del empleado se deteriora, pierde eficiencia y fomenta altos niveles de corrupción.

PROPUESTAS:

Flexibilizar la legislación laboral del Sector Público, eliminando hacia el futuro la figura de estabilidad del empleado público.

Implementar un plan de retiros voluntarios y cerrar por 10 años los ingresos al Estado (incluidos contratos temporarios, pasantías, prácticas profesionales y todo tipo de figura contractual).

Prohibir los ingresos originados en todo tipo de lazo sanguíneo.

Incorporar la figura de contratación por tiempo determinado para cargos de alta dirección, permitiendo la posibilidad que se presenten personas que no pertenezcan al Estado.