“Es razonable que una mujer pueda elegir si quiere o no tener un hijo”

El problema de la interrupción voluntaria del embarazo ha generado grandes discusiones, porque pone en conflicto a dos intereses que en su presentación pura parecen irreconciliables: el desarrollo del embrión por una parte, y el derecho de la mujer a elegir si quiere o no tener un hijo por la otra. La primera aclaración que quiero hacer al respecto es que esta no es una cuestión que se resuelva recurriendo exclusivamente a la biología. La biología no establece categorías jurídicas y por lo tanto lo que corresponde es zanjar un conflicto de intereses del mejor modo posible –para lo cual se evaluarán todos los argumentos, incluyendo la biología-. Eso es lo que hace el derecho.

Por un lado, no puede desconocerse que el embrión tiene protección jurídica. Atentar contra una mujer embarazada y producir la muerte del feto es un delito. Por otra parte, se han reconocido derechos patrimoniales a la persona desde la concepción, a condición de que nazca con vida, desde la sanción de nuestro original Código Civil en 1870.

Del otro lado, es razonable que una mujer deba tener la chance de decidir por sí misma, en algún momento, si quiere o no tener un hijo.

La presunción de que toda mujer que se embaraza lo hace voluntariamente, o lo hace por una negligencia que no debe ser protegida, choca contra la realidad de las cosas. Por otra parte, si el argumento de la oposición a la interrupción del embarazo es biológica, tampoco debería admitirse el aborto en casos de violación (cuando se vence incluso la resistencia expresa de la víctima, sea por la fuerza o aprovechando su inconsciencia), posición que genera aun más resistencias conceptuales.

Lo cierto es que el hecho de que una mujer quede embarazada no es sinónimo de que haya querido embarazarse, o que le haya dado lo mismo. La razonabilidad de las cosas indica que, al menos, debería tener la chance de decidir en algún momento si quiere o no tener un hijo, pues las consecuencias son muy gravosas para ella, para que le sean impuestas contra su expresa voluntad.

En efecto, pretender que una mujer deba tener un hijo contra su voluntad, supone obligarla a cuidarse durante el embarazo, a hacer ciertas cosas (como controles médicos o sostener determinadas dietas o suplementos medicinales), a no hacer otras (no realizar movimientos bruscos, no comer determinadas cosas, etc.). Teóricamente, si una embarazada no se sometiera a hacer lo que no quiere hacer, y por eso el feto muere, podría ser responsable por su muerte. Además, una vez que nazca, estará legalmente obligada a mantenerlo de distintas formas hasta la mayoría de edad, siendo responsable por su descuido, incumplimiento de la obligación de alimentación, escolaridad, vacunas, atención médica, etc..

En realidad parece razonable que una carga como esa no sea impuesta por una cuestión de azar, sino que al menos la mujer pueda decidir si quiere o no someterse a ella. Tampoco parece razonable decir que, para evitar esa carga, el Estado deberá pagar los costos del embarazo y luego la manutención del hijo no deseado, como ocurre hoy en día. Eso significa no sólo obligar a una mujer a tener un hijo que no desea tener, sino al resto de la sociedad a mantenerlo contra su voluntad.

Por eso, para tratar de compatibilizar ambos intereses, es que la mayoría de las legislaciones en el mundo prevén la posibilidad de que la mujer tome esa decisión, pero sólo hasta que el embrión tenga cierto grado de desarrollo (aproximadamente unas 12 o 14 semanas de embarazo). La mujer podrá decidir si quiere o no tener un hijo, pero deberá hacerlo antes del vencimiento de ese plazo, de lo contrario se entenderá que ha consentido en tenerlo, y sí deberá hacerse cargo de sus responsabilidades al respecto.

Esta solución por supuesto no deja contentas a ninguna de las posiciones extremas. Pero es la que refleja el intento de compatibilizar, con el menor perjuicio posible, dos posiciones irreconciliables. Así, la mujer podrá decidir en algún momento, y ese momento cesa cuando el embrión adquiere cierto grado de desarrollo.

En definitiva, si bien la posibilidad de embarazos no deseados siempre existirá, en parte puede ello minimizarse con educación, y también con alternativas tales como la adopción. Pero la circunstancia de que por estos caminos se reduzca el problema no significa que se lo elimine, de modo que el definitiva debería quedar siempre abierta la decisión de la mujer hasta el tercer mes de embarazo.

Existen otras decisiones que deberían discutirse una vez superada esta primera. En primer lugar la vinculada con el costo de la interrupción. Que la mujer tenga derecho a interrumpir su embarazo no significa que deba ser pagado por el Estado. Es una decisión privada que debería ser solventada por quien la toma. También debería dejarse a salvo la libertad de consciencia de los médicos y de los hospitales privados para decidir si quieren o no efectuar tales intervenciones. Por otra parte, deberían producirse modificaciones legislativas urgentes en el proceso de adopción, que permita ofrecer alternativas rápidas y seguras para evitar interrupciones cuando existen personas dispuestas a adoptar.

De este modo, también el hombre que ha participado en el embarazo podría tener alguna forma de intervención en el desenlace. Podría, por ejemplo, ofrecerse a hacerse cargo en forma exclusiva del niño desligando de responsabilidad a la mujer, aunque la decisión por los motivos expuestos siempre seguirá siendo de la mujer. Este punto podría dar lugar a interesantes discusiones jurídicas.

En definitiva, como todo conflicto de intereses, cuando se lo niega y se lo mantiene en la ilegalidad, normalmente se termina resolviendo de manera inconveniente y con resultados muchas veces trágicos. Hacer visible el conflicto y darle un contexto legal, permite desarrollar nuevas soluciones, avanzar en la educación, y en última instancia, proceder a ejecutar la decisión de la mujer en un contexto sanitario mucho más seguro, y con un grado de contención psicológica mayor; y del mismo modo, permitirá que todos los que tienen la convicción de que tal embarazo no debería ser interrumpido, podrán organizarse en forma privada para ofrecerle a esa mujer alguna alternativa que quizá la pueda convencer de seguir adelante.

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