El proyecto de aumentar a 25 los jueces de la Corte es impracticable e ilegal

(El proyecto de ley para aumentar a 25 la cantidad de jueces de la Corte Suprema)

Finalmente, el Poder Ejecutivo ha enviado un corto proyecto de ley para aumentar a 25 la cantidad de jueces de la Corte Suprema, que actualmente es de 5. La situación del Alto Tribunal no ha cambiado sustancialmente desde que hace unos años se lo fijara este último número (reduciéndolo de 7 a 5) considerándolo como más correcto. Hoy se intenta justificar lo contrario.

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Naturalmente esto es consecuencia de los ataques contra la Corte Suprema alentados por CFK y ahora también por un grupo de gobernadores que buscan con este proyecto amenazar al Tribunal para dicte un fallo favorable a sus intereses en el pleito que mantienen con la CABA por la coparticipación.



La amenaza de los gobernadores y de la vicepresidente es un golpe de Estado

El ataque K a la Corte que comenzó cuando asumieron en 2019 recibió recientemente un fuerte impulso de un grupo de gobernadores, que se sumaron a la propuesta de destruir a esta institución, cabeza del Poder Judicial

Más ministros, más impunidad, más amenazas contra la ya vapuleada Corte Suprema

Hay temas involucrados que van más allá del mismo Alto Tribunal.

  1. Lo corrosivo del proyecto en sí mismo,
  2. La forma de amenaza con que lo promovieron,
  3. Esta amenaza es casi peor que la gravísima pretensión de CFK de derribar a la Corte para obtener la exculpación de sus delitos, y
  4. Desjerarquizar a la Corte Suprema implica atentar contra la cabeza de uno de los Poderes del Estado en un inusual pero claro caso de golpe de estado, en su definición restringida (un ataque desde el mismo gobierno).

Gravedad institucional de las amenazas (‘El federalismo no se negocia … Las provincias decimos basta’… deben ser responsables de las consecuencias de sus actos…’)

La amenaza de los gobernadores de licuar a la Corte Suprema fue acompañada con el anticipo de juicio político si fallan contra sus pretensiones. Dijeron en un documento:

“(. . .) Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo Tribunal en virtud del vencimiento del plazo para la conciliación entre las partes ….  Las provincias decimos basta. No queremos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo. Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amlcus curiae Y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir los distorsiones observados en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos.

El delito de amenazas es gravísimo. Dije una carta de lectores: “(. . .) No es temerario comparar esta actitud con los atentados de los sicarios contra los jueces y fiscales que en Rosario juzgan bandas narcos: si bien parece algo incomparable por la ferocidad de aquellos ataques, debe repararse en que la envergadura, la responsabilidad, la investidura que revisten y por el desmedido ‘poder de fuego’ que tienen, son muchísimo más graves. Espero que haya fiscales que actúen y que, en las respectivas legislaturas, se les promueva su propio juicio político. (. . . )”.

No sé si como síntoma de lo que se está viviendo en el país, instituciones y medios no han reaccionado frente a este delito que no se justifica, sino que se agiganta, por la investidura de quienes lo cometen.

La presentación del proyecto para licuar a la Corte es el primer paso de la amenaza, es la demostración de que no es algo retórica. También, según los medios, se sumó otra amenaza de promover el juicio político de los ministros si fallan en contra de sus pretensiones.

El actual proyecto de ley, su justificación real y lo formal: apunta a las consecuencias y no a las causas

Este proyecto avanza con el número de 25 jueces pero ya no insiste en la anunciada pretensión de que fueran uno por cada provincia.

Queda claro que el objetivo del sector K es lograr la impunidad de los delitos de corrupción en los que se encuentra acusada CFK y varios de sus funcionarios cómplices. El PE se suma a esta torcida pretensión, ansioso como está el Presidente de congraciarse con su vicepresidente. Y los gobernadores quieren apuntar un misil a la actual CSN para que fallen a favor de sus pretensiones.

Con este panorama de los reales objetivos del proyecto, se puede pasar a analizar la justificación y los Considerandos del proyecto.

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La primera justificación invoca el aumento de la población del país, lo cual no tiene sentido (si así fuera el modelo norteamericano debería tener 100 jueces).

La segunda invoca ejemplo de tribunales extranjeros que no son comparables con el nuestro.

La tercera fundamentación de la generosa cantidad de jueces que proponen invoca la necesidad de terminar con la delegación que actualmente harían los ministros para poder cumplir con la enorme y real carga de trabajo, en ínfima proporción con lo que es la auténtica jurisdicción constitucional y federal, y en el resto, con trabajo que sólo indirectamente corresponde al Alto Tribunal.

Por ejemplos, las causas previsionales terminan en la Corte por una ley de Menem-Cavallo a la que no le gustaba las interpretaciones de la Cámara del fuero, y esperaba un tratamiento más favorable por la Corte entonces llamada de la ‘mayoría automática’. Las causas penales porque en vez de afirmar la jurisdicción de la Cámaras de Casación penal (común y federal) por una interpretación errada en el fallo ‘Casal’ de 2005/7, la propia Corte terminó admitiendo los recursos extraordinarios. Finalmente quedan los recursos por ‘arbitrariedad’ que -Y aquí hay que decir dos palabras: desde mediados de los años ’50 del siglo XX, la Corte comenzó a admitir el tratamiento de casos de derecho común, no federal, que en principio no corresponde al Alto Tribunal bajo la premisa de que en el mismo se habría cometido una arbitrariedad con una consecuencia violación del derecho de defensa en juicio (art.  CN) garantizado por la Constitución: y así por vía indirecta la Corte consideró que correspondía a su jurisdicción. Y lo que en principio fue algo excepcionalísimo, con el correr de los años se convirtió en algo caso normal

Pero aún cuando pudiera aislarse al proyecto de las verdaderas intenciones que le animan, el proyecto es malo en si mismo, porque no ataca las causas sino las consecuencias. Si nuestra Corte – por razones que en su momento se consideran correctas – asumió más trabajo del que le corresponde, la solución no es ampliar los miembros sino reducir sus casos.

Pero bueno, por lo dicho, a los impulsores del proyecto no les interesa mejorar el funcionamiento del tribunal sino, claramente, destruirlo, minimizarla: más jueces no implican más importancia sino lo contrario.

Proyecto impracticable e inconstitucional, pero que tendrá consecuencias.

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Considerando nuestra organización constitucional, la letra y el espíritu de nuestra Constitución nacional este proyecto es impracticable, por las razones que enumero:

  1. En lo institucional y constitucional
    1. En mi concepto este proyecto es inconstitucional porque afecta la arquitectura republicana de la Constitución, el del equilibrio entre los poderes con sus frenos y contrapesos: se subvierte con una integración manipulada por el súbito incremento y la eventualidad de una designación masiva – de cargos vitalicios – por la administración que circunstancialmente ejerce el poder.
  2. La idea en sí misma.
    1. La idea del proyecto es claramente perniciosa pues debe considerársela como un golpe de estado para destruir al Tercer Poder del Estado vía desjerarquizarlo e imposibilitar su funcionamiento normal con tal cantidad de jueces.).
  3. En cuanto a las posibilidades de que el proyecto se haga realidad,
    1. Es posible en el Senado adonde se ha iniciado y se reúne la mayoría necesaria.
    2. Es difícil, en cambio, que sea aprobado en la Cámara de Diputados.
    3. Y, aun con el proyecto convertido en ley, es casi imposible que en el Senado el oficialismo obtenga la mayoría calificada que se requiere para las designaciones.
  4. El test de constitucionalidad
    1. Finalmente, este proyecto, en la hipótesis de que fuera aprobado, luego debería pasar el test de constitucionalidad que debería realizar la Corte Suprema en su actual composición.

Ahora bien, si el proyecto tiene pocas posibilidades de prosperar, por qué es importante que el país entero exprese su rechazo. Entre otras razones, porque puede ser un globo de ensayo: pasado el escándalo del planteo de 25 ministros, uno por provincia, un planteo de ampliación a un número menor (16 por ej.) y que ya no fuera en representación de provincias, puede aparecer razonable ante la opinión pública, y el objetivo se considerará cumplido.

La sola posibilidad de que se discuta y que la opinión pública – naturalmente no especializada – comience a pensar en la posibilidad de tener decenas de jueces en la cabeza del Poder Judicial, es malo de por sí; que se acepten como normales a las amenazas, a los proyectos que atentan contra el núcleo básico de nuestra organización constitucional es trágico.

El autor acredita décadas de trabajos sobre la Corte Suprema, la mayoría concentrados en sus aspectos funcionales. A su experiencia profesional, desde 1986 sumó trabajos académicos e investigaciones empíricas, estudios y propuestas para mejorar el funcionamiento del Alto Tribunal. En sus trabajos se apartó de la línea académica hasta entonces predominante, optando por analizar la realidad con estudios empíricos sobre la base de las casos reales completos. A partir de una investigación pionera de 1986, por la cantidad de nueva información que generó, continuó profundizando esa línea. Al poco tiempo dirigió una segunda investigación Radiografía de la Corte Suprema, ed. FORES, 1987. En 2003 dirigió un estudio -Reingeniería de la Corte Suprema – que FORES presentó al entonces Presidente Dr. FAYT y que fue el disparador de muchas innovaciones que se introdujeron. Luego dirigió otra investigación, esta vez requerida por el entonces recién incorporado Dr. LORENZETTI – La arbitrariedad en la Corte Suprema, 2005 – que también fundamentó nuevos cambios. Todos sus trabajos contenían propuestas técnicas como Un plazo de gracia para el Recurso Extraordinario, en LA LEY, 2005. En ese año preparó y dirigió un Taller sobre la Corte Suprema al que concurrieron los 50 más destacados especialistas del país, Oper Door, 2005. Su tarea abarcó otros enfoques el impacto institucional de la tarea del Alto Tribunal (como Socialismo bajo una Constitución liberal, serie de tres colaboraciones en LA NACIÓN, septiembre de 1982), como también un Balance de la Corte Suprema, presentado en la FACA, Córdoba, 1997 y otras, como Luces y sombres de la nueva Corte Suprema. 2009

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