El faro que debería alumbrar a los partidos antipopulistas

Argentina transita ya muchas décadas de populismo, de políticas económicas intervencionistas, de voluntarismo social, burocracia, un gobierno sobredimensionado, un presupuesto impagable y mucha demagogia. Radicales y peronistas en todas sus cepas y modelos, se encargaron de mantener en lo sustancial ese esquema ineficiente y empobrecedor.

Frente a ello, con frecuencia se invoca la necesidad de formar un partido político que pueda ofrecerle al electorado una visión distinta. Quienes buscan llenar ese espacio utilizan denominaciones variadas: independientes, liberales, conservadores, libertarios, pragmáticos, moderados. Todas palabras cuyos significados correctos son contradictorios entre sí, pero que se utilizan para tratar de englobar a quienes no son peronistas, ni radicales, ni socialistas, ni nacionalistas. Invariablemente surgen de inmediato las discusiones por etiquetas: que los liberales y los conservadores no se llevan bien, que los libertarios están en contra del Estado, y por ello jamás serán ni pragmáticos ni moderados. También inevitablemente surgen nombres –en un país que ama los personalismos-, de candidatos que logran aglutinar adhesiones durante un corto tiempo.

Se ha vuelto una guerra de etiquetas, con más tipos de liberalismo que de gripe, y como ella, con nuevas cepas naciendo cada tanto.

En esta discusión, se pueden fácilmente hacer algunas aclaraciones que limpien el camino. En primer lugar, los libertarios, anarcocapitalistas, en fin, aquellos que piensan que el modelo de gobierno que detenta el monopolio de la fuerza debe desaparecer, no deberían pensar en organizar un partido político.

Un Partido Anarcocapitalista sería tan contradictorio como un Partido Comunista.

Y los partidos comunistas subsisten porque se cumple una de dos condiciones: o se mantienen como un muy pequeño grupo dogmático sin posibilidad de acceso al gobierno –tal vez sintiéndose cómodos con las prerrogativas y ventajas económicas que produce ser parte del exclusivo club de los partidos políticos-, o crecen a costa de abandonar su dogmatismo. Pero así como una revolución comunista no se producirá en las urnas, tampoco lo hará una revolución anarcocapitalista.

Los libertarios deberían seguir su lucha en el campo donde debe ser planteada de batalla, que es en el terreno de las ideas para sustituir el paradigma político imperante, y en la implementación de formas de relación social y uso de nuevas tecnologías que permitan prescindir cada vez más de la autoridad monopólica. Eso no significa que paralelamente no puedan actuar en política para participar en el gobierno. Pero el gobierno no es el lugar donde se debe buscar la desaparición del gobierno.

Con esa aclaración, posiblemente los liberales en todas sus vertientes, y quienes no lo son pero quieren salir de esta orgía de populismo en la que vivimos hace décadas, podrían encontrar en la Constitución Nacional un faro que alumbre su horizonte. Con todo y sus defectos, La Constitución Argentina, en lo que le queda de su original de 1853, es todavía una constitución respetable.

El problema con la Constitución es que los políticos populistas que hemos tenido sólo aplican sus cláusulas malas (art. 14 bis, o algunas cláusulas del capítulo de nuevos derechos y garantías incorporado en 1994). Pero ignoran o violan abiertamente la mayor parte de las buenas cláusulas constitucionales destinadas a garantizar los derechos, los límites al poder del gobierno y la posibilidad de crear un ámbito de prosperidad y crecimiento personal.

Un breve repaso de la constitución, permitiría mencionar al menos estas cláusulas, que hoy son ignoradas, y que los liberales deberían proteger:

  • Artículo 1. Forma representativa, republicana y federal de gobierno. El gobierno hace rato que dejó de ser republicano, en la medida en que el Ejecutivo tiene primacía sobre los otros dos poderes, y los organismos de control son sobrepasados por la administración central. No es federal, pues finalmente a través de una mala ley de coparticipación, se financian gobernadores tan ineptos como todopoderosos mediante impuestos que no se emplean allí donde fueron pagados. El Estado Nacional avasalla facultades provinciales, y uno de los órganos federales por excelencia, el Senado de la Nación, se ha integrado por personas más dispuestas a votar por lo que quiere su partido nacional, que lo que le interesa a su provincia.
  • Artículo 14. En base a una mala interpretación de la frase: “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”, la legislación y decretos ejecutivos han alterado o anulado el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, comerciar, usar y disponer de su propiedad, asociarse con fines útiles, enseñar y aprender, etc.
  • Artículo 16. “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Ello no es así, los impuestos se utilizan para redistribuir riqueza y todos los partidos políticos populistas están de acuerdo en esto.
  • Artículo 17. El derecho de propiedad es uno de los más violados por la legislación y los actos del gobierno. Se priva de su propiedad arbitrariamente, se disponen expropiaciones en violación a las causas de utilidad pública (es bueno recordar que en la buena época, la Corte Suprema en “Ercolano c/ Lanteri” dispuso que no se podía expropiar tierra de más con el propósito de pagar la obra con el producto de la venta cuando esa tierra subiera de precio). Es decir, el Estado no puede hacer negocios ni política económica a expensas de los derechos de propiedad (como dijo en “Hileret”, citando por primera vez a Alberdi). También se viola el art. 17 en la medida en que directa o indirectamente el Poder Ejecutivo se ha inmiscuido en la determinación de tributos. Se viola la cláusula contra la confiscación, al permitir que la carga tributaria consuma un porcentaje intolerable de la propiedad de una persona.
  • Artículo 19. Mucha legislación y actos del gobierno regulan acciones privadas que deberían quedar exentas de su intervención.  La “ley” a la que se refiere el último párrafo del art. 19 debe interpretarse en concordancia con los artículos 28 y 31.
  • Artículo 22. Los grupos políticos que arman piquetes y presionan al gobierno para que sancione determinada legislación que redistribuya privilegios, deberían ser considerados sediciosos.
  • Artículo 28. Los principios, derechos y garantías reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Es un artículo permanentemente alterado por la legislación. Casi toda la legislación en materia económica viola este artículo.
  • Artículo 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias. Pero eso hace, por acción u omisión, en todo momento.
  • Artículo 31. Establece un orden jerárquico en las normas, estando la Constitución a la cabeza.
  • Artículo 32. Se viola en la medida en que se sancionan leyes y se realizan actos que restringen la libertad de imprenta.
  • Artículo 33. Cláusula de reserva de derechos individuales.
  • Artículo 38. Hace falta garantizar la libre organización y funcionamiento de los partidos políticos. La legislación en la materia produce una virtual corporativización de la política, los mecanismos para elegir candidatos, para hacer elecciones internas, para financiar las campañas. Todo está regulado por leyes que atentan contra la libertad política.
  • Artículo 75. Las facultades del Congreso deben ser interpretadas taxativa y restrictivamente, en consonancia con los artículos 19, 28 y 31. Por ello, buena parte de la legislación que se sanciona resulta inconstitucional. Entre las facultades del Congreso, al decir de Alberdi, la ley más importante que sanciona anualmente el Congreso es la de Presupuesto.

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