Solo uno de cada diez alumnos argentinos alcanza los aprendizajes esperados al finalizar la escuela, según el Índice de Resultados Escolares. Detrás de la cifra hay una falla estructural: un sistema que confunde inclusión con presencia y éxito con aprobación automática. Reconstruir la educación exige pasar del diagnóstico a la acción, con políticas sostenidas que devuelvan sentido, calidad y equidad al aula.
La cifra surge del Índice de Resultados Escolares (IRE) que elabora Argentinos por la Educación. Detrás de ella hay una realidad silenciosa: cientos de miles de chicos que el sistema escolar acompañó durante más de una década, pero sin lograr enseñarles lo que necesitaban aprender. No hay fracaso más grave que ese, porque es el que se comete en nombre del éxito aparente.
Durante años, las estadísticas educativas se celebraron sin detenernos a analizar lo que realmente significaban. Se aplaudieron tasas de promoción más altas, mientras se desmoronaban los aprendizajes básicos. Se confundió inclusión con presencia, como si el mero hecho de asistir a clases equivaliera a aprender. Hoy las consecuencias están a la vista: una generación entera que cursó la escuela sin alcanzar los saberes esenciales para continuar estudiando, trabajar o participar plenamente en la vida cívica. La crisis educativa argentina no es súbita; es el resultado de una acumulación de parches, maquillajes y silencios.
Frente a semejante realidad, resulta oportuno recordar la Declaración “La Educación es una Prioridad”, emitida por la Academia Nacional de Educación el 5 de junio de 2023, que propone once políticas públicas para reconstruir el sistema educativo argentino. Algunas de ellas se relacionan directamente con el drama del 10% y constituyen un adecuado punto de partida para comenzar a revertirlo.
En primer lugar, fortalecer la educación inicial y el primer ciclo de la primaria es esencial: allí se define el futuro educativo de cada niño. Sin dominio de la lectura, la escritura y el cálculo en los primeros años, todo lo demás se vuelve ilusorio.
A ello debe sumarse la extensión de la jornada escolar, como ordena la Ley 26.206, porque sin más tiempo pedagógico los aprendizajes profundos resultan imposibles y la desigualdad se perpetúa.
La transparencia es otra condición indispensable: el artículo 97 de la Ley 26.206, que prohíbe publicar los resultados de las evaluaciones por escuela o jurisdicción, debe derogarse. Los padres tienen derecho a saber. ¿Cómo es posible negárselos? Sin información pública, no hay rendición de cuentas ni posibilidad de mejora.
También lo es declarar la educación como servicio esencial, pues implica reconocer que el derecho de los alumnos a aprender debe estar protegido de los vaivenes políticos y sindicales. Cuando las aulas se cierran, los más perjudicados son siempre los que menos tienen, y es en ellos donde la desigualdad se vuelve irreversible.
Junto a ello, revisar los estatutos docentes se vuelve impostergable: el nuevo rol del maestro exige formación continua, incentivos adecuados y evaluación del desempeño.
A su vez, fortalecer la formación docente es clave para recuperar la calidad: enseñar en valores, en educación emocional y en el uso de herramientas digitales es parte de la tarea de educar para el siglo XXI.
Estas seis medidas, tomadas de la Declaración de la Academia Nacional de Educación, son las que directamente contribuirían a revertir el drama del 10%. Pero no son suficientes. Para lograr una mejora sostenida se requiere avanzar en políticas complementarias que consoliden la estructura del sistema.
Es indispensable vincular la educación secundaria con el mundo del trabajo mediante un sistema dual que combine teoría y práctica, ofreciendo a los jóvenes una vía concreta de realización personal y profesional.
La escuela debe recuperar sentido y horizonte, y el trabajo puede ser un camino legítimo para lograrlo.
De igual forma, lo es restituir la autonomía universitaria, permitiendo a cada institución establecer sus condiciones de ingreso y diseñar acciones remediales que faciliten la integración académica.
También es indispensable actualizar la normativa sobre educación presencial y virtual, de modo que la tecnología complemente -y no reemplace- el vínculo pedagógico, y garantizar la libertad de enseñanza y el respeto a la dignidad de las personas, asegurando diversidad y educación sin adoctrinamientos. Una educación plural, abierta a la elección y centrada en el respeto fortalece la democracia y mejora la calidad.
Por último, asegurar un financiamiento eficiente, cumpliendo con lo dispuesto por la ley, implica administrar con responsabilidad. No se trata de gastar más, sino de invertir mejor, con objetivos claros y medición de resultados.
Estas once medidas conforman un programa integral. Las primeras apuntan a frenar el derrumbe que explica el 10%; las restantes, a reconstruir el sistema sobre bases sólidas.
Para quien esto escribe, educar no es declamar, sino hacer, porque la Argentina no necesita descubrir qué hacer: necesita hacerlo. Aún estamos a tiempo. El camino más largo comienza por el primer paso, no nos demoremos más en darlo.
