El disparate de la paridad obligada: esta vez se le ocurrió a la IGJ

Respetar o reconocer a alguien por la fuerza, porque es obligado a hacerlo, no es respeto ni reconocimiento. Es de Perogrullo, pero como sucede con tantas afirmaciones obvias, en la Argentina no se entiende.

La IGJ (omnipotente, burocrático y arcaico organismo que regula las sociedades jurídicas en la Argentina) decidió que las nuevas sociedades deben incluir en su directorio “una composición que respete la diversidad de género”. O sea, en criollo, que tiene que haber igual cantidad de mujeres que de hombres.

Nada dice de la idoneidad, preparación, interés o motivación para ocupar un cargo: eso no parece ser una cualidad relevante para ocupar un cargo. Lo que sí importa es que exista la misma cantidad de hombres que de mujeres: eso hará que la sociedad funcione, sea justa, no discrimine y se adapte a los nuevos cánones sociales (?).

La Resolución 34/2020, que se publicó en el Boletín Oficial ayer, indica que “las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario”, las sociedades anónimas (con algunas excepciones), las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado deberán tener un directorio con estas características.

La norma deja afuera a las sociedades que tengan capital social mayor a $50 millones (unos US$666.000 dólares al tipo de cambio oficial), un monto que no se actualiza desde 2018.

Definitivamente somos el pais más boludo del mundo Todos los días mueren empresas, esto es una carnicería de pymes, y la preocupación de estos payasos es cuantos varones, mujeres y no se qué hay en el sarcófago País inviable. Merecidamente“, definió el empresario Gustavo “Lacha” Lázzari en Twitter para dejar bien clara su posición frente a esta medida.

De esto es moralmente superior a esto debe ser legalmente forzoso hay un salto que requiere fundamentarse. Pero sabemos que ya nadie piensa así. Todo lo moral es legal y todo lo legal es político en estos tiempos absurdos”, agregó el liberal Alejandro Bongiovanni, también en Twitter.

Enojados, malhumorados e irónicos, los comentarios se multiplicaron. Algunos prefirieron tomarlo con “soda” y argumentaron con desopilantes opiniones la resolución oficial.

Pero en todos los casos prevaleció que la medida, lejos de respetar y valorar a la mujer, la subestima.

Con criterios similares, la comunidad liberal marcó sus diferencias con la resolución. que también aclara que, cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, “el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos”. Incluso Silvina Martínez, abogada y ex directora de la propia IGJ ironizó: “La IGJ a cargo de Nissen dispone que las mujeres merecemos que nos designen a dedo en empresas para cumplir el cupo”. Y marcó un “pequeño” detalle: en la IGJ todos los cargos son ocupados por hombres, misma observación que hicieron otros, como el economista Roberto Cachanosky.

Entre las justificaciones de la resolución, la IGJ menciona que el “derecho a la igualdad y el ejercicio de sus derechos en forma igualitaria y sin discriminación por género, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género; ni por otras condiciones subjetivas, constituyen principios jurídicos universales”.

La pregunta que surge de la norma es si, por obligar a cumplir esa resolución, no se vulnera un derecho constitucional. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. (…)”.

Según la Madre de todas las Leyes, no hay nada especial en ser mujer que habilite a que éstas tengan prerrogativa. Por eso, muchas mujeres dejaron claro su repudio y malestar a esta norma de la IGJ, que las “subestima” al reconocer su género -y no sus méritos- como condición para integrar un cargo.

Además, en la memoria que realicen estas organizaciones deberá haber una “descripción de la política de género aplicada en la relación al órgano de administración, incluyendo sus objetivos, las medidas adoptadas, la forma en la que se han aplicado, en particular, los procedimientos para procurar en el órgano de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres”, según solicita la IGJ.

En el caso de las asociaciones civiles, la IGJ analizará que no haya discriminaciones arbitrarias o limitaciones de los derechos a los beneficios que contemplan estas instituciones por “razones de sexo, nacionalidad, creencias religiosas y políticas, edad, raza, condición social y cualquier otra situación análoga”.

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