No se salvan ni los libros. Una nueva víctima del proteccionismo argentino

¿Se acuerdan de eso de “Alpargatas, sí, libros no!” del primer peronismo? Ahora nos encaminamos hacia una versión que a modo de un proteccionismo “reloaded”, nos llevará a “Ni alpargatas, ni libros”.

La Argentina acaba de relanzar una de las más pintorescas medidas del inefable ex secretario de Comercio del gobierno kirchnerista, Guillermo Moreno, y con la excusa de “salvaguardar la salud de la población” ha establecido un control previo al ingreso de más de 500 unidades de libros, criterio que incluso extiende a “álbumes de estampas o figuritas y libritos para dibujar o colorear, incluso en hojas sueltas”, a fin de verificar que “no contienen tintas nocivas”. Nos recuerda la trama de “El nombre de la rosa”, ambientada en el siglo XIV, en que ciertas obras de Aristóteles, intencionalmente envenenadas con arsénico, llevaban a la muerte a los monjes benedictinos que osaban hojearlas. 

Desde ya, nuestros legisladores soslayan alegremente que la industria gráfica no utiliza tintas tóxicas desde hace décadas.

Santiago Bella, vicepresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, afirmó: “Esto no existe en ninguna parte del mundo. No conozco ninguna restricción ni publicación seria que hable de que las tintas sean cancerígenas. (…) Me parece un absurdo (…) que alguien tenga cáncer por haber leído libros no lo vi nunca (…) nadie se plantea semejante cosas, a nadie se le ocurre”.

¿A nadie se le ocurre? A las autoridades argentinas sí se le ocurre. Y además argumentan: “No es un cepo. Es un control sanitario que existía y el gobierno anterior derogó”. Por cierto, no aclaran que durante el tiempo en que la nefasta norma estuvo antes vigente, durante el gobierno kirchnerista, los funcionarios no pudieron detectar ni una sola partida de material gráfico con tintas tóxicas.  

En realidad, como al respecto apunta  Antonio María Ávila, secretario de la Federación de Gremios de Editores de España declaró: “Es claramente una medida interior para ahorrar divisas y proteger a su industria gráfica”.

En definitiva, es evidente que la resolución, absolutamente anacrónica para con el estado del arte en la industria gráfica responde claramente a un interés gubernamental por trabar importaciones dada la carencia de divisas, y su ya proverbial inhabilidad para generar incentivos que las produzcan. Una nueva señal de la supina ignorancia del gobierno de Alberto Fernández en materia de teoría económica. 

Mientras los países desarrollados implementan medidas a favor del libre comercio, nosotros lo restringimos. Le ponemos trabas ridículas y le complicamos la existencia a vendedores, importadores, distribuidores, compradores. Y además pasamos vergüenza: autoridades españolas indican que las medidas argentinas “violan toda normativa internacional” y no descartan solicitar gestiones diplomáticas para destrabar el conflicto.

Ciertamente, a la luz de esta norma, la “bibliodiversidad” está en peligro en Argentina.