Con puntualidad inglesa, cada semana estalla una granada de corrupción con terminal en alguna gestión K. Ya sea en el manejo discrecional de planes sociales por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social, o por algún desfalco, malversación o estafa en alguno de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. No falla jamás.
Esta vez la bomba explotó en San Martín, el populoso distrito (viven 800 mil personas) gobernado desde 2015 por el kirchnerismo (primero por Gabriel Katopodis, hoy mano derecha del gobernador Kicillof, y luego por su delfín Fernando Moreira). Ayer (viernes 17), una decena de miembros de la Policía Federal Argentina allanaron las oficinas de la dirección de Recursos Humanos y también las de la Tesorería del municipio, ambos en el segundo piso del edificio de la calle Mitre.
Durante seis horas – desde el mediodía hasta las 18 cuando se retiraron- los PFA cumplieron con la instrucción recibida de parte de la jueza federal, Alicia Vence, en el marco de una investigación que se inició en diciembre de 2023, cuando – según fuentes judiciales- un hombre denunció que había dejado de cobrar el plan social que recibía por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social (a cargo entonces de Victoria Tolosa Paz), porque en el entrecruzamiento de registros se verificó que en forma paralela cobraba un sueldo de 300 mil pesos a nombre de la Municipalidad de San Martín.
El denunciante le dijo a la justicia que él nunca había sido contratado por la municipalidad y que esa doble imputación “trucha” le había hecho caer el plan social que recibía.
Con el recuerdo fresco del escándalo de Julio “Chocolate” Rigau (el puntero del kirchnerismo que fue atrapado en septiembre del 2023 en un cajero próximo a la Legislatura bonaerense en La Plata con 49 tarjetas de débito y 1.200.000 pesos en efectivo de una red de empleados “ñoquis” de la Legislatura), la jueza federal Vence comenzó la investigación en San Martín.
Así fue como pudo determinar que un empleado del Concejo Deliberante de San Martín cobraba sistemáticamente todos los meses sueldos de presuntos trabajadores municipales que “no existían”. El método era sencillo. El empleado tenía en su poder 18 (dieciocho) tarjetas de débito con las que realizaba las extracciones en los cajeros del Banco Hipotecario de la calle Rivadavia que está en diagonal al Concejo.
La investigación de la jueza probó lo que parece obvio: la existencia de una red de nombramientos “truchos” que conectan a empleados del Concejo Deliberante con funcionarios de la línea administrativa del municipio, que hicieron posible los nombramientos de supuestos empleados municipales a nombre de los cuales se imputaban salarios por trabajos inexistentes.
Por cada uno de esos nombres la Tesorería del municipio emitía un pago, el cual era cobrado por el empleado del Concejo que tenía en su poder las 18 tarjetas de débito.
La jueza Vence elevó la temperatura política del caso y dispuso la prohibición de salir del país al intendente Moreira y a 4 empleados de la municipalidad (José María Fernández, Héctor Rey, Lorena Altamira y María Beatriz Pastor) de las áreas de RR.HH. y Tesorería.
El tiro por elevación golpea a Katopodis (Moreira es su ahijado político) e indirectamente al gobernador Kicillof, que tiene en el ex ministro de Obras Públicas de la administración Fernández-Fernández a un jugador clave.
El sábado por la mañana fue un hervidero de especulaciones en los principales cafés donde la política local suele abrevar. Y la gran duda es hasta donde la jueza va a “hundir el cuchillo”. Si buscará desarmar la red investigando dentro de la municipalidad sobre cómo se armó administrativamente – y con la venia política- , o como algunos ya creen, desviando las culpas y responsabilidades hacia el Concejo Deliberante, cuyo presidente murió hace apenas cuatro meses.
