La visita de León XIV dejó a la vista una demanda que la política no puede ignorar: concordia y acuerdos básicos. Otros países ya recorrieron ese camino. La Argentina puede hacerlo, y desde las ideas de la libertad.
El miércoles por la mañana, frente a la Basílica de Luján, más de dos millones de personas despidieron al Papa al grito de “León no se va”. Fue la última imagen de cuatro días en los que la Argentina se mostró como pocas veces la vimos: millones de personas en la calle, en paz, contentas, sin consignas contra nadie. Entre Palermo, Córdoba y Luján, cerca de cinco millones de fieles participaron de las tres misas, según estimaciones difundidas.
El dato llama más la atención si se mira el contexto. La Argentina es cada vez menos católica. Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas del CONICET (2019), quienes se declaraban católicos pasaron del 76,5% en 2008 al 62,9% en 2019, y el Barómetro de las Religiones y las Creencias de la UBA (2026) los ubica hoy en el 57,7%. Aun así, la respuesta fue masiva. Algo de lo que pasó en esas misas excede a la fe.
Lo que se vio fue una demanda. En un país acostumbrado a la crispación, millones de argentinos salieron a buscar lo mismo: un mensaje de unidad. Y el Papa se lo dio. En su discurso ante las autoridades en el Palacio Libertad, el 8 de noviembre, pidió reconocer en quien piensa distinto a un compatriota. En la homilía de Luján, el 11, llamó a la reconciliación, también con nuestra historia y con nuestro presente.
Esa señal no puede durar lo que dura una noticia. La semana que viene, cuando la política vuelva a su ruido habitual, vamos a tener que recordar lo que vimos y lo que escuchamos. Volver al mensaje, releerlo y discutirlo, cada uno desde su lugar.
Desde las ideas de la libertad, la respuesta es concreta. La paz que pidió la ciudadanía necesita algo más que buenas intenciones: necesita acuerdos básicos. No sobre todo, sino sobre lo que el resto del mundo ya dejó de discutir.
Consenso no es pensar igual
En el mundo liberal, la palabra “consenso” suele generar desconfianza. Se la asocia con acuerdos de cúpula, con el toma y daca o con la tibieza de no decir nada para no ofender a nadie. Pero hay otra forma de entenderla, y es profundamente liberal: el acuerdo sobre las reglas del juego.
Friedrich Hayek distinguía, en Derecho, legislación y libertad (1973), entre un orden basado en reglas generales, que valen para todos por igual, y otro basado en mandatos que buscan resultados concretos. James Buchanan, premio Nobel de Economía en 1986, fue un paso más allá en El cálculo del consenso (1962): las reglas constitucionales son el lugar donde tiene sentido buscar la unanimidad, porque fijan el marco dentro del cual después cada uno compite con sus ideas.
Dicho de otra forma, consenso no es pensar igual. Es ponerse de acuerdo en las reglas para poder pensar distinto. Un país donde la moneda vale lo mismo gane quien gane, donde los contratos se respetan y donde el Estado no gasta lo que no tiene es un país donde la política puede discutir todo lo demás sin poner en juego la vida de la gente.
El problema argentino estuvo en el contenido de las reglas más que en la falta de acuerdos. Durante buena parte del último siglo, muchos gobiernos aplicaron ideas que fracasaron en todo el mundo: emitir para financiar el gasto, controlar precios, cerrar la economía, relativizar la propiedad y los contratos. Y cada cambio de signo político trajo un cambio de reglas. Esa inestabilidad tiene un costo, y lo pagan siempre los que menos tienen. Lo que falta son políticas de Estado construidas sobre ideas de sentido común, las mismas que funcionan en el resto del mundo, y que se sostengan gane quien gane.
La libertad y la doctrina social, más cerca de lo que parece
Suele presentarse a la doctrina social de la Iglesia como enemiga del mercado. Quien la lee entera encuentra otra cosa. La Rerum novarum, la encíclica con la que León XIII fundó esa doctrina en 1891 y de la que el actual Papa tomó su nombre, defendió la propiedad privada como un derecho natural frente al socialismo de su época. Lo dejó escrito sin rodeos: para mejorar la condición de los más humildes, “la propiedad privada ha de conservarse inviolable” (León XIII, Rerum novarum, 1891, n.º 11).
Cien años después, Juan Pablo II fue todavía más lejos en la Centesimus annus. Se preguntó si, tras la caída del comunismo, el modelo a seguir era el capitalismo. Su respuesta fue afirmativa si por capitalismo se entiende un sistema que reconoce “el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada” y de la libre creatividad humana (Juan Pablo II, Centesimus annus, 1991, n.º 42). Prefirió llamarlo economía de mercado o, simplemente, economía libre.
En esa misma encíclica (n.º 48) enumeró lo primero que debe garantizar el Estado para que la economía funcione: seguridad para la libertad individual y la propiedad, una moneda estable y servicios públicos eficientes. Señaló a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo. Y criticó al llamado “Estado asistencial”, que al quitarle responsabilidad a la sociedad infla los aparatos públicos, los somete a lógicas burocráticas y multiplica el gasto.
El principio que ordena todo es la subsidiariedad. El Estado no debe hacer lo que las personas, las familias y las comunidades pueden hacer por sí mismas, pero sí debe sostenerlas cuando no pueden. Es una idea que un liberal puede suscribir sin reparos. León XIV se inscribe en esa tradición. En la UCA reconoció el riesgo que asumen quienes invierten y crean empleo; en el Palacio Libertad pidió que la economía esté al servicio de la persona. Ninguna de las dos ideas contradice a una economía libre. La completan.
Las diferencias existen, y no tiene sentido negarlas. La más importante es el rol del Estado frente a los más vulnerables. En su visita al Cottolengo de Claypole, el 9 de noviembre, el Papa dijo que el progreso de una nación también se mide por la acogida que da a las personas con discapacidad, y que sus vidas son una bendición para la sociedad. Esas vidas valen y no pueden quedar excluidas.
El liberalismo no tiene por qué discutir eso. Lo que discute es el cómo. Proteger a una persona con discapacidad no exige romper el equilibrio fiscal, subir impuestos ni caer en el populismo. Exige que el Estado haga bien las pocas cosas que le tocan, y esta es una de ellas: un gasto bien dirigido, controlado y que no se pierda en intermediarios. Es, finalmente, una inversión en vida y en humanidad.
Países que lo lograron
La historia económica está llena de países que salieron de crisis profundas gracias a un acuerdo básico entre fuerzas que no se soportaban. Cuatro casos lo muestran.
España, 1977. Con la transición recién iniciada, la inflación rondaba el 26% y no había divisas. El 25 de octubre de 1977, los partidos con representación parlamentaria firmaron los Pactos de la Moncloa, con el apoyo de sindicatos y empresarios. Acordaron contener el gasto, controlar la cantidad de dinero y fijar los salarios según la inflación esperada y no la pasada. Al año siguiente, la inflación bajó al 16% y las reservas se duplicaron.
Israel, 1985. En 1984 la inflación llegó al 445% anual. Laboristas y Likud, rivales históricos, formaron un gobierno de unidad nacional y en julio de 1985 lanzaron un plan de estabilización acordado con la central sindical Histadrut y los empresarios: recorte del gasto, salarios pactados y una prohibición clave, la de que el Banco Central financiara al Tesoro. El déficit fiscal pasó del 16% del PBI en 1984 al 1,3% en 1986-88, y la inflación cayó al 20% en 1986.
Chile, desde 1990. La democracia volvió con una decisión que los gobiernos de la Concertación sostuvieron: respetar la autonomía del Banco Central, consagrada en 1989. En 2001, el gobierno socialista de Ricardo Lagos creó la regla de balance estructural, que obliga a ahorrar en las épocas de bonanza, y los gobiernos de distinto signo que siguieron la mantuvieron. La inflación pasó del 27% en 1990 a menos del 3% a fines de la década, en lo que Rosanna Costa, del Banco Central de Chile, llama la década dorada del crecimiento chileno.
Irlanda, 1987. Con una deuda pública de alrededor del 115% del PBI y un desempleo del 18%, el país parecía condenado. El líder de la oposición, Alan Dukes, anunció que no bloquearía las reformas del gobierno si iban en la dirección correcta: la llamada estrategia de Tallaght. Sobre esa base, gobierno, sindicatos, empresarios y productores rurales firmaron el Programa de Recuperación Nacional: moderación salarial, baja del gasto y rebaja de impuestos. Fue el primero de una serie de acuerdos que se renovaron durante dos décadas. El desempleo bajó a poco más del 4%.
Los cuatro casos tienen algo en común. Ninguno resolvió todo con un acuerdo, y en ninguno los adversarios dejaron de competir. Pero en todos se pusieron de acuerdo en lo básico: ordenar las cuentas, cuidar la moneda y respetar las reglas. Y en todos, esas reglas sobrevivieron a los cambios de gobierno. Esa continuidad explica buena parte del resultado.
Lo que la Argentina ya no debería discutir
La Argentina tuvo su intento. El 9 de julio de 2024, en la Casa Histórica de Tucumán, el presidente Javier Milei firmó con diecisiete gobernadores y el jefe de Gobierno porteño el Pacto de Mayo, un acta de diez cláusulas. Buena parte de lo que el mundo desarrollado ya no discute está escrito ahí: la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, una educación con alfabetización plena, una reforma tributaria que baje la presión impositiva y la apertura al comercio internacional. También incluye dos de los puntos más difíciles de cualquier agenda argentina: una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y la rediscusión de la coparticipación federal.
Una parte ya avanzó. La reforma laboral, otra de las cláusulas, es ley desde febrero de este año, y el Sector Público Nacional acumula en 2026 un superávit primario del 1,2% del PBI. Los dos puntos más difíciles son, por naturaleza, más lentos. La reforma previsional toca un sistema del que dependen millones de personas. Y un nuevo régimen de coparticipación necesita, por mandato de la Constitución (art. 75, inc. 2), una ley convenio que aprueben el Congreso y cada una de las provincias. No es un detalle menor: hoy más del 90% de los recursos de Formosa llegan desde la Nación, y un sistema así premia la dependencia y castiga a las provincias que producen.
A ese piso le faltan dos piezas. La primera es un Banco Central independiente, con el mandato de cuidar el valor de la moneda y a salvo de las urgencias del gobierno de turno. Equilibrio fiscal y cero emisión para financiar al Tesoro son las dos caras de una inflación baja.
La segunda es una política exterior previsible. Un país que cambia de socios, de prioridades y de discurso con cada elección pierde credibilidad ante inversores y gobiernos, y los acuerdos que firma valen lo que dure el gobierno que los firmó. La Argentina ya demostró que puede sostener una política de Estado en este terreno: el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, que la Constitución define como un objetivo permanente e irrenunciable (disposición transitoria primera), se mantuvo por la vía diplomática con gobiernos de todos los signos. Esa misma continuidad debería alcanzar al resto de la agenda: el respeto de los tratados firmados, la apertura comercial y una relación estable con las democracias con las que compartimos valores.
Ninguno de estos puntos es de derecha ni de izquierda. Son condiciones para que el país funcione. El camino es el que trazó el Pacto de Mayo. Lo que falta es ensancharlo, para que deje de ser el acuerdo de un gobierno con sus aliados y se convierta en un piso común que nadie, gane quien gane, se anime a romper.
Una propuesta
Acordar lo básico no termina con la discusión. La democracia necesita debate, y del bueno: con argumentos, con altura y con respeto por la investidura de quienes ocupan los cargos más altos del país. No el espectáculo de gritos y agravios que demasiadas veces vemos en la Cámara de Diputados.
La propuesta tiene tres pasos:
- Un Pacto de Mayo ampliado. Que el Gobierno convoque a una nueva ronda, esta vez con los gobernadores que no firmaron y con los bloques de la oposición en el Congreso.
- Reglas que sobrevivan a los gobiernos. Que los puntos de consenso se conviertan en leyes que exijan mayorías especiales para modificarse. Chile protegió así la autonomía de su Banco Central, con una ley orgánica constitucional que ningún gobierno pudo tocar con una mayoría circunstancial.
- Una mesa federal permanente. Los temas más complejos, como el sistema previsional y el reparto de recursos entre la Nación y las provincias, necesitan tiempo y el acuerdo de todas las jurisdicciones. Una mesa estable, que sobreviva a cada gestión, es el lugar para construirlos lejos de la urgencia electoral.
Durante cuatro días, millones de argentinos mostraron que pueden encontrarse en paz. León XIV se fue pidiendo reconciliación. La ciudadanía ya dijo lo que quiere. Ahora le toca a la política demostrar que escuchó.
