Elevan el tono antes de una elección que nadie tiene ganada, pero coinciden en lo que importa: designar jueces. El Senado aprobó por unanimidad 67 pliegos y el oficialismo avanza hacia el control de tribunales clave y, eventualmente, de la Corte.

Por Carlos Sagristani. Libertarios y kirchneristas recrean la polarización. Elevan el tono discursivo en la antesala de una elección presidencial que –a estar por las últimas fotos de la opinión pública– nadie tiene ganada de antemano. Confrontan, pero también se entienden en temas de interés común. En asuntos que conciernen al poder. En este caso, a sus respectivas urgencias políticas y judiciales.

Ayer el Senado aprobó por unanimidad 67 pliegos de jueces. El kirchnerismo sólo objetó el de Pablo Bertuzzi para la Cámara Nacional de Apelaciones. Como integrante interino de ese cuerpo, trasladado por decreto de Mauricio Macri, votó contra un planteo de Cristina Kirchner en una instancia preliminar de la causa de los “cuadernos de las coimas”. Pero el oficialismo consiguió los votos necesarios. Entre sus aliados del Pro, del radicalismo, los catamarqueños y tucumanos escindidos del kirchnerismo, y otras expresiones peronistas. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, por caso, acompañó la propuesta completa del Ejecutivo.

Bertuzi y Pablo Yadarola –que también obtuvo ayer el acuerdo del Senado– le darán al gobierno la mayoría que buscaba en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones. Se completará con Mariano Llorens. Ese tribunal deberá resolver, entre otros temas sensibles para el poder, recursos sobre los casos $Libra, ANDIS y Adorni. El expediente más encaminado para sus aspiraciones es el de la criptoestafa. El juez de instrucción Marcelo Martínez de Giorgi excluyó a inversores damnificados como querellantes. El fiscal Eduardo Taiano jamás llamó a declarar a imputados ni testigos. Si la Cámara rechazara la apelación de los damnificados, la causa quedaría más cerca del archivo.

El pronunciamiento de Martínez de Giorgi llegó dos semanas después de que el Senado aprobara el ascenso de su esposa, Ana María Juan. Dejará su cargo de secretaria letrada de la Cámara de Apelaciones para asumir como jueza federal de Hurlingham. Es un distrito de la Provincia de Buenos Aires atravesado por el narcotráfico y conflictos económicos y ambientales de alta sensibilidad, según expuso la propia magistrada en la Comisión de Acuerdos.

Este es sólo un ejemplo del sesgo con que se encaró la cobertura de una cantidad inédita de vacantes en el Poder Judicial. El proceso se aceleró desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Un hombre de la “familia judicial”, un eufemismo que describe al poder permanente con base principal en “Comodoro Py”, los tribunales federales porteños con competencia penal. Los que entienden en la causa de corrupción en el Estado nacional.

Mahiques ya obtuvo la aprobación senatorial de 177 designaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales. Y se prepara para ir por el objetivo mayor la Corte Suprema y la Procuraduría General de la Nación, la jefatura de los fiscales. Este último cargo y dos de las cinco sillas del máximo tribunal están vacantes.

Cubrir esos lugares requerirá negociaciones transversales con aliados permanentes y circunstanciales. Y con el kirchnerismo. No es imposible. Ya sucedió en las instancias inferiores para viabilizar la aprobación de los pliegos que más le interesaban al Ejecutivo. La votación unánime de ayer lo confirmó. Y será ineludible en el caso de la Corte, cuyos miembros requieren los dos tercios.

El intento anterior de saltearse esa vía y designar a dos ministros del tribunal supremo por decreto –Ariel Lijo y Manuel García Mansilla– naufragó. En el menú de opciones reapareció la posibilidad de ampliar el número de miembros de la Corte. Expandir las cuotas de poder para redistribuir con las contrapartes. Se verá si con esas concesiones alcanza. Por ahora, lo que se sabe es que Milei le dio luz verde a Mahiques para avanzar.

El propio presidente ha hecho pública su aspiración de alinear la jurisprudencia con las reformas económicas que propone. Carlos Menem es, también en este plano, su fuente de inspiración. Algunas leyes claves de la gestión libertaria ya encallaron, al menos parcialmente, en instancias judiciales inferiores. La finalidad más obvia de la construcción de una justicia a medida, sobre todo en Comodoro Py, es el blindaje penal del poder. Al menos en las causas más sensibles.