Corrientes en llamas y el Estado mediocre.
Mientras el fuego no daba tregua en la Provincia de Corrientes, nuestro Ministerio de Medio Ambiente nacional, que nos cuesta más de veinte mil trescientos dieciocho millones quinientos noventa y siete mil novecientos dieciséis (20.318 .597.916) de pesos, brilló por su ausencia cuando de hacer su trabajo se trataba.
Como si fuera poco, el presidente se mostró por Instagram tocando el piano y atajando penales en la playa; y el ministro de Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandié, expresó su “esperanza por un frente de lluvias que ayudaran a controlar los incendios”, mientras se encontraba viajando por el mundo. A todo esto, se debe destacar el último informe presentado por la dependencia de quien depende aquel flamante ministro con respecto a la provincia correntina, que enunciaba que solo se quemaron dos hectáreas. Mas, al día de la fecha, las llamas arrasaron el 10% del territorio provincial, siendo casi según el INTA 800 mil hectáreas.
Sin dejar pasar que históricamente las estadísticas nacionales K están falseadas (basta recordar el bochorno del Indec en tiempos de Guillermo Moreno), los argentinos nuevamente dependemos del sector privado y entidades autárquicas para conocer datos.
Pero por fortuna, la ciudadanía no perdió el tiempo, y demostró que estaba a la altura de las circunstancias. Santiago Maratea junto a otros influencers comenzaron a tejer una red de donaciones junto a Mercado Pago y en cuestión de horas, lograron juntar más de 104 millones de pesos, el equivalente al reciente viaje del presidente Alberto Fernández y su equipo a Barbados.
Esto demuestra que, si la ciudadanía se organiza y tiene iniciativa, los resultados son superlativos. Una vez más queda en evidencia la ineficiencia y la mediocridad estatal. Y la importancia de una ciudadanía comprometida y genuinamente solidaria.
Pero no todo es culpa del gobierno nacional; Corrientes, desde hace años está en una situación crítica. El empleo estatal fue, el último tiempo, el motor de la economía en dicha provincia, donde según un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el 2017 105 de cada 100 empleados privados eran estatales. Eso implica que casi toda la masa presupuestaria vaya a pagar salarios; ocasionando que solo haya 40 destacamentos de bomberos, poca organización y elementos de trabajo rudimentarios para una provincia con casi el tamaño de Portugal.
Dada la mala gestión, la provincia tiene una infraestructura débil para hacer frente a problemas medioambientales dependiendo por completo de Nación. ¿Qué pasa cuando Nación no actúa? Miles de personas pierden sus casa, su trabajo, y quedan desamparados.
Ese desamparo solo es atendido por la solidaridad e iniciativa de los ciudadanos que nuevamente tienen un Estado que en vez de ayudar sólo les quita más.
